La larga marcha de Pullaro

El domingo que viene, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro enfrenta una elección de convencionales constituyentes en la que, como cabeza de su propia lista, busca una diferencia lo suficientemente grande para sellar la posibilidad de reelección (el corazón de la reforma constitucional) y, además, afirmar un proyecto de poder que ponga a Santa Fe en el tablero nacional.

Para lograr estos dos objetivos, Pullaro, que en 2023 ganó con un millón de votos en una provincia con 3,5 millones de habitantes  y devolvió al radicalismo al poder provincial después de 60 años, tiene una llave principal: la mejora de la seguridad en Rosario. La rápida baja de la tasa de homicidios en la ciudad-puerto es un dato central de su campaña, pero más importante es el efecto de promesa cumplida en los rosarinos, que pueden ahora vivir con algo menos de miedo. Como la inflación para el gobierno nacional, el desafío para Pullaro es cómo y con qué instrumentos sostener la reducción estadística.

La política santafesina siempre estuvo dividida por el conflicto entre la ciudad de Santa Fe, la capital burocrática, y una Rosario de actitud autonomista e influencias ideológicas más afines a las artes urbanas que a los oficios de la tierra. Para el gelatinoso progresismo provincial (mayormente rosarino), ponerse al campo en contra desde el conflicto de 2008 fue un polvorín que detonó cuando Rosario se volvió invivible por la violencia narco. El peronismo terminó confundido y vacío de representación y el socialismo, hegemónico durante más de una década, se desaguó hasta quedarse incluso sin Rosario (gobernada ahora por Pablo Javkin, un radical con partido propio) y diluido en un frente de gobierno del que no se siente parte. 

Perotti había asumido con el lema “la paz y el orden”, pero se disipó entre el silencio y la indecisión, víctima de un internismo que tuvo a su peor oposición adentro de la gestión.

En 2019, el peronismo recuperó la provincia tras 12 años con Omar Perotti, un gringo de Rafaela que les caía mal a los peronistas de los frentes que replicaban el armado nacional digitado por Cristina Kirchner. Pero al cuarto mes llegó la pandemia y, con la cuarentena, lo que se paralizó fue el gobierno. Perotti había asumido con el lema “la paz y el orden”, pero se disipó entre el silencio y la indecisión, víctima de un internismo que tuvo a su peor oposición adentro de la gestión. 

Dos años después, el coronavirus se llevó la vida del ex gobernador socialista Miguel Lisfchitz, por entonces presidente de la cámara de diputados provincial, líder de la oposición y candidato a volver a la gobernación en una provincia (por ahora) sin reelección. De esa convulsión emergió Pullaro, un radical del sureño departamento General López, tierra de las estancias en la provincia de las colonias, de los grandes semilleros y de una idiosincrasia de pampa húmeda. Con una campaña persistente de dos años superó las candidaturas importadas del prime time de la TV nacional y les ganó a todos. 

Rápido, furioso

Por su pasado como ministro de Seguridad, el gobernador con más votos de la historia de Santa Fe tenía un primer y gran objetivo: la cuestión Rosario. En una provincia agroindustrial donde todo parece que funciona solo –a lo sumo, el problema es cuando no lo dejan funcionar–, la narcocriminalidad rosarina se volvió la máxima urgencia. En algo más de una década, la seguridad se había instalado como el tema de Rosario. Y Rosario como el tema de la provincia. 

Pullaro solo tardó 10 días de mandato en conseguir que la Legislatura sancione las leyes de emergencia en seguridad, del Servicio Penitenciario y la des-federalización del narcomenudeo. Después, se aprobaron la modificación del Código Procesal Penal de la provincia, las leyes orgánicas del MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal y la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. 

Pero el riesgo se sintió por un error no forzado: tras la publicación de una foto bukelista con los presos formados en el suelo, semidesnudos y esposados, en marzo del año pasado fueron asesinados dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio en Rosario, episodios que fueron calificados como “terrorismo urbano”. Lo que había empezado como un “se matan entre ellos” y había pasado, con los años, a ser “balaceras que le pueden pegar a cualquiera”, ahora se transformaba en un ataque directo con la ciudadanía. 

En esos días la ciudad quedó paralizada. Las bandas desafiaron al gobierno provincial y anunciaron un principio de unidad entre ellas, que iba desde el uso de estrategias jurídicas con los derechos humanos como instrumento hasta una lógica de hermandad criminal reivindicativa que imitaba a las organizaciones nacidas en las cárceles brasileñas. Ante esa incertidumbre, el gobierno de Pullaro emprolijó el método y redobló la apuesta. 

En marzo del año pasado fueron asesinados dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio en Rosario, episodios que fueron calificados como ‘terrorismo urbano’.

A la oposición, que denunció pactos con el narco y el empoderamiento de la policía, la condena su currículum o su prontuario. Y la ingenuidad de la izquierda, que únicamente puede denunciar a la “narcopolicía”, se vuelve peligrosa al partir de la tesis de que el gobierno no controla sus fuerzas de seguridad y, por lo tanto, cuestiona el monopolio de la fuerza del Estado de derecho.

En esa disputa fundó Pullaro su batalla cultural contra el garantismo zaffaronista que colmó el debate público santafesino, sobre todo en la universidad y la prensa de Rosario. El punto de partida para el gobierno fue reconocer que el Estado necesariamente tiene más fuerza que cualquier organización criminal. Y debe actuar en consecuencia. 

Durante los últimos años, en Santa Fe se vio claro cómo el terror culposo que dejó la dictadura –el otro lado de lo que se llamó “pacto democrático”– se manifestó como una auto-limitación de los grandes partidos de cara a fenómenos que les estallaban sin animarse a responder asertivamente. Pero los episodios de terrorismo urbano de marzo de 2024 impusieron un límite: si lo que hacía falta era tomar decisiones, Pullaro las tomó rápido y en cantidad. 

De arranque, el gobierno desarrolló una gestión hiperactiva y, además del paquete de reformas legislativas, intensificó la persecución a las bandas y el control callejero –reforzado con las fuerzas federales del Plan Bandera– y avanzó en el plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías, que reemplaza las viejas comisarías por Estaciones Centrales distribuidas en los distritos, cambiando el despliegue del patrullaje y trasladando a otros organismos las funciones que cubrían las comisarías. 

En esa disputa fundó Pullaro su batalla cultural contra el garantismo zaffaronista que colmó el debate público santafesino, sobre todo en la universidad y la prensa de Rosario.

A su vez, Santa Fe se convirtió por ley en la primera provincia con un organismo de inteligencia propio. El nuevo Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito (que juega al filo de la Ley de Inteligencia Nacional) alcanza la producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la provincia, sus habitantes, empresas e instituciones, para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública.

Además, Pullaro incrementó la compra de equipamiento y tecnología, promoviendo el “sistema de monitoreo más grande de la República Argentina y uno de los mejores de América Latina”, según el gobierno provincial. Este año comenzó la construcción de El Infierno (así la llaman), la primera cárcel de alto perfil, con capacidad para 1152 presos y que alojará a los narcos y sicarios más peligrosos de la provincia. 

El objetivo de dotar de herramientas a las fuerzas de seguridad y a los fiscales del sistema penal provincial para avanzar en la lucha contra las bandas delictivas y el crimen organizado se persigue a través de una nueva configuración de alianzas entre el poder político y el sistema de justicia provincial, que implicó la designación de un ex fiscal aliado como juez en la Corte Suprema, el desplazamiento de la fiscal regional de Rosario, y el estrechamiento de la relación con la fiscal general María Cecilia Vranicich.  

Apoyado, por lo tanto, en las reformas legislativas, judiciales y administrativas, su millón de votos a cuestas, el control de ambas cámaras, la Corte Suprema renovada y la reforma de la Constitución en ciernes, Pullaro ganó no sólo la centralidad absoluta de la política, sino que apuesta a construir una hegemonía inédita en las próximas elecciones. Enfrente sólo tiene a las impotentes acrobacias argumentales del garantismo provincial.

Austeridad y autoridad

Hace poco, en un acto para anunciar la incorporación de las pistolas Taser, Pullaro dió su pauta fiscal: la seguridad es la única política pública que no tiene límite presupuestario. Por lo demás, con el equilibrio fiscal como concepto, el gobierno provincial ajustó fuerte y no dudó en enemistarse con los sindicatos docentes, los empleados estatales y las empresas públicas.  

En la provincia, este intervencionismo estatal lo enfrenta a un problema con su base electoral, compartida con Milei, como se evidenció en los chispazos por la suba de Ingresos Brutos. La austeridad pullarista es distinta al fervor por la motosierra nacional. Damnificado por el recorte de las transferencias a las provincias y el cierre de la obra pública, Pullaro se para junto a Martín Llaryora, de Córdoba, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, como portavoces del desarrollismo de la Región Centro. 

Con su pasado como universitario alfonsinista en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario –hoy, la catedral woke de Santa Fe–, que alguna vez admitió el cambio de pensamiento que le produjo ver la realidad con los ojos de la gestión, su experiencia como ministro de Seguridad de mano firme en un gobierno progresista, y la doctrina de la determinación y el pragmatismo para desandar el camino propio, Pullaro llevó a cabo una larga marcha que le dio forma a una versión de autoridad provincialista por fuera de libertarios y kirchneristas. 

Desde ese lugar encarnó el anhelo de terminar con la arbitrariedad política y la discrecionalidad económica del conurbano, aunque no con la matriz mercantilista surgida del duhaldismo en 2002. A nivel nacional, Pullaro forma parte de Evolución, la línea de Martín Lousteau dentro del radicalismo y es precisamente su pertenencia a la UCR, cuya estructura fue su mayor potencia electoral en 2023, su límite político y su principal riesgo frente a la aparición libertaria.  

Por ahora, el cálculo es fácil: mientras las calles rosarinas recuperen algo de calma, el estatismo provinciano se hace tolerable. En definitiva, los ímpetus libertarios crecen en el vínculo ciudadano con la Nación y se reducen hasta llegar a las demandas activas a los municipios. Desde esa posición intermedia, Pullaro busca su propia fórmula de poder que rompa el hechizo que mantiene a Santa Fe como un gigante remolón que nunca se despierta.