LEO ACHILLI
Domingo

Sobre la libertad liberal

El término 'liberalismo' ya no es mala palabra y funciona como un imán ideológico para los jóvenes. ¿Cuál es la filosofía moral que subyace a esta ideología?

Aun en el pasado, cuando se ejercía en cenáculos, el liberalismo no estaba exento de tensiones internas. Hay un viejo chiste que dice que una reunión liberal era un encuentro donde las personas se acusaban mutuamente de ser socialistas.

Hoy que el liberalismo rompió el corsé cuantitativo a caballo de exitosas expresiones mediáticas y políticas es lógico que bullan viejas y nuevas rencillas, máxime a partir de que el término liberalismo, ayer visto como un ropaje apestoso, hoy luce como un traje que muchos quieren calzarse.

Al margen de las inevitables disputas actuales, estrategias, líneas internas, rivalidades personales y diferenciaciones ideológicas no exentas de utilidad, subrayo que me parece fascinante que no pocos afectos a creer que el centro estaba en despotricar contra el kirchnerismo como contra el mercado, hoy busquen darse algún esmaltado de liberalismo. Del mismo modo, es interesante ver que muchos feligreses del nacionalismo conservador criollo prefieran autodenominarse liberales antes que conservadores. El liberalismo, término cancelado durante décadas, hoy es una categoría relativamente deseable, un imán ideológico para muchos jóvenes y un nicho de contenidos cada vez más grande en los medios. Se festeja.

El liberalismo, término cancelado durante décadas, hoy es una categoría relativamente deseable y un imán ideológico para muchos jóvenes.

Mi antiguo yo, estudiante de la Universidad Nacional de Rosario tachado por su profesor de Sociología por denominarse liberal y por su profesora de Economía Política por objetar el hecho de estudiar la memez Las venas abiertas de América Latina (la biblia del idiota, según Álvaro Vargas Llosa) hoy celebra esta explosión de liberalismo vernáculo. Sin ir tan lejos en el tiempo, agradezco que haya errado el diagnóstico un importante politólogo que a principios de este año recomendaba en un zoom usar otro término en lugar de “liberalismo” porque “nadie en este país quiere llamarse a sí mismo liberal”.

En ocasión de esta alegría necesariamente modesta (ya que este país sigue siendo un gris y empobrecido sitio), quiero aprovechar el reverdecer del liberalismo en el plano electoral para compartir un par de nociones liberales en tanto filosofía moral, sabiendo que el liberalismo puede entenderse tanto como filosofía moral, como filosofía política o como marco teórico para analizar la democracia.

Hay varias aproximaciones posibles a la hora de justificar las creencias liberales. Sólo por mencionar algunas alternativas, hay autores que se basan en perspectivas utilitaristas donde la libertad crea mayor bienestar social (Mill o Mises); que centran su atención en la autonomía, sosteniendo que sólo el Estado limitado y el respeto de la igualdad de derechos asegura la autonomía de los agentes morales (Nozick); que apelan a la existencia de leyes naturales que exigen el respeto de la libertad y la propiedad privada (Locke); que se enfocan en la empatía y en el terreno de los sentimientos morales (Adam Smith o McCloskey); en el mejor uso del conocimiento disperso que el sistema de libertad permite (Hayek); o en aristas racionales y de egoísmo ético (Rand). Sabiendo que el liberalismo es siempre una aproximación, una corriente en movimiento y no una teoría orgánica o un dogma rígido como recuerda Mises en Liberalismo, la tradición clásica, lo siguiente es apenas arrimar el bochín a algunas nociones que me parecen interesantes, cuya selección es, obviamente, subjetiva e imperfecta.

La libertad negativa es más positiva que la más positiva

Va de suyo que la libertad está en el centro de la corriente liberal. Ahora bien, la que defiende el liberalismo es una libertad esencialmente negativa, que se presenta cuando las personas obran sin coerción, sin estar sujetas a la voluntad arbitraria de otros. La libertad liberal sería aquella según la cual los hombres y mujeres pueden planear y llevar adelante sus personales proyectos de vida –necesariamente falibles– obrando bajo su propia voluntad, sin ser interferidos arbitrariamente por otros individuos o instituciones, como el gobierno.

La libertad liberal sería aquella según la cual los hombres y mujeres pueden llevar adelante sus proyectos de vida obrando bajo su propia voluntad, sin ser interferidos por otros individuos o instituciones, como el gobierno.

Como apunta el Nobel Friedrich Hayek en Los fundamentos de la libertad, esta concepción de libertad se lleva mal con la libertad como poder o libertad positiva. Según esta concepción, uno no sería libre si no poseyera cierto set de recursos para cumplir necesidades y deseos, cuyo establecimiento decide y sopesa la comunidad política. Y es que, si bien tener recursos es algo esencial, no tiene nada que ver con la libertad en el sentido liberal. El escalador que queda atrapado en una grieta de la montaña ve sus opciones y recursos prácticamente anulados, pero de ningún modo diríamos que dejó de ser libre. Por el contrario, si una mujer es raptada y encerrada por un jeque en un lujoso y bien pertrechado palacio, jamás diríamos que goza de libertad. El liberalismo clásico centra su atención en minimizar la coerción de parte de personas o instituciones y desconfía de la idea de libertad positiva, dado que lo mejor para empoderar ciudadanos es, justamente, liberarlos de restricciones y diseños de ingeniería social y, por otro lado, sospecha que a caballo de las llamadas libertades positivas se termina necesariamente aplicando grados crecientes de presión coactiva a unos para beneficiar a otros, anulando la libertad.

Por lo tanto, el liberalismo otorga el monopolio del uso de la fuerza legítima al gobierno y las autoridades judiciales, pero intentando limitarlo al mínimo necesario, habida cuenta de la facilidad con la que se puede abusar del poder.
Por cierto, el Estado ayuda a la libertad liberal cuando utiliza el monopolio de la fuerza para hacer lo que se hace poco en Argentina: prevenir, juzgar y sancionar vulneraciones de la propiedad, la vida o la libertad de los ciudadanos. En cambio, amenaza la libertad cuando “se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos contra toda agresión interna y externa”, como señalaba Alberdi en “La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual”.

Lo propio en el centro

Salvo para un riguroso asceta, los proyectos vitales de cualquier ser humano necesitan de ciertos medios materiales. Las personas utilizamos nuestro entorno para poder perseguir nuestros fines a través de él. Dado que la mayoría de los recursos existentes son escasos respecto a sus ilimitados usos potenciales, necesitamos algún tipo de regla que delimite el derecho a emplear determinado recurso e informe si alguien está interfiriendo ilegalmente dentro del ámbito de realización personal de otro.

Acaso la propiedad privada no era una regla muy necesaria cuando hace cientos de miles de años vagábamos por el mundo formando bandas de cazadores y recolectores. Quien descubría una nueva fuente de alimentación o un refugio seguro estaba obligado a comunicar el hallazgo a sus compañeros. La fortaleza del grupo era lo que aseguraba la supervivencia. Pero a medida que las sociedades se fueron haciendo extensas y pasamos de pequeñas tribus a multitudinarios grupos de personas que interactúan de manera compleja e impersonal, la propiedad privada se convirtió en la institución más importante para asegurar cooperación social allí donde no hay lazos estrechos.

La propiedad privada es el derecho completo de uso, disfrute y disposición sobre un determinado bien, que incluye de manera permanente una serie de obligaciones para terceros de respetar estos derechos. El propietario tiene derecho a utilizar el bien, a impedir que otros lo utilicen, a ser indemnizado si otro lo daña, a destruirlo o transformarlo, a obtener la renta que genere, a entregarlo subsidiariamente para hacer frente a sus deudas, y a ceder en todo o en parte estos derechos a otra persona. El propietario es lo más parecido a un soberano respecto de su bien, sea éste una manzana, una bicicleta, un bar o una mansión.

Un sistema político basado en que todos estemos dispuestos a trabajar en la medida de nuestras capacidades para que luego los beneficios se repartan según las necesidades de la colectividad está destinado al total fracaso.

La propiedad es el espacio moral de las personas, ya que lo propio es lo central para cualquiera de nosotros. Como recuerda Álvaro Fischer en De naturaleza liberal, para ciertas especies, como algunas hormigas que comparten casi todo su ADN, el colectivo lo es todo. No sucede así con la mayoría de los primates y menos aún con el homo sapiens. Para cualquier ser humano, sus hijos son más importantes que los hijos de un desconocido. Su casa es más importante que la casa de otro. Esto no significa catalogar al hombre como un ser egoísta, pero sí advertir que un sistema político basado en que todos estemos dispuestos a trabajar en la medida de nuestras capacidades para que luego los beneficios se repartan según las necesidades de la colectividad está destinado al total fracaso. Se choca con la naturaleza humana. De ahí que la condición para utopías socialistas dependa de crear un “hombre nuevo”. Más fácil sería probar con hormigas.

Pero, además de la cuestión moral, los liberales sostenemos que el mejor sistema de cooperación humana posible es la sociedad basada en la división del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. Sabemos, gracias a que la historia verificó la predicción de Ludwig von Mises en Socialismo, que el socialismo como sistema global aplicado a todos los medios de producción es inviable, ya que la eliminación del sistema de precios hace imposible el cálculo económico. Pero –y aquí el liberalismo se diferencia de la socialdemocracia– se sostiene que una aplicación aun limitada de socialismo conduce a la reducción de la productividad del trabajo, y por tanto no sólo no crea mayor riqueza, sino que, al contrario, la hace disminuir inevitablemente.

Los impuestos confiscatorios, las regulaciones excesivas, los permisos sin sentido y hasta las medidas de paternalismo estatal son agresiones al núcleo de lo propio: los bienes propios que alguien obtiene, el sueldo propio que gana, la familia propia que forma, los propios proyectos de vida que tiene y, por supuesto, su propio cuerpo, inescindible de la persona. Cuando el Estado interviene el campo de lo propio, la libertad cede terreno. El liberalismo pretende empujar hacia atrás la presión interventora sobre la propiedad.

Individuo > sociedad civil > Estado

Los liberales consideran al individuo más importante que cualquier colectivo. Salvo excepciones que siempre requieren buenas justificaciones, la libertad de un individuo no es sacrificable a favor de la colectividad. El sujeto moral del liberalismo es el ser humano, entendido éste como la unidad única de conciencia, el agente autónomo que elabora y persigue sus propios proyectos vitales de manera deliberada.

Esta concepción no significa en modo alguno rechazar la influencia de la comunidad o la sociedad en el individuo (como señalan quienes tachan al liberalismo de atomista). El individualismo político sólo sostiene que, aun existiendo grupos, el orden político debe evaluarse según sus repercusiones sobre el individuo y no sobre los grupos, como apunta Juan Ramón Rallo en Liberalismo.

No obstante, si bien los derechos de propiedad y los contratos forman un marco jurídico suficiente para que los individuos cooperen y coexistan, en este marco las personas compatibilizan sus planes de vida con otros individuos. Así, entrelazan sus destinos con otros de las más variadas formas: familias, asociaciones civiles, clubes, iglesias, sociedades, etc.

Según dice John Stuart Mill en Sobre la libertad, de la libertad de cada individuo a organizar su propia vida resulta –dentro de los mismos límites– la libertad de asociación entre los individuos; la libertad de unirse para la consecución de un fin cualquiera, siempre que no implique daño para los demás y con tal de que las personas asociadas sean mayores de edad y no se encuentren coaccionadas ni engañadas.

Para el liberalismo, del respeto a los derechos y libertades individuales se deriva el respeto a la sociedad civil, entendida por las asociaciones, entidades, agrupaciones, iglesias, comunidades y demás formatos que las personas eligen para llevar adelante sus planes de vida, por más variados que sean, siempre que no dañen a terceros.

Es de lamentar que el Estado ha ido comiendo gran parte de la sociedad civil y ya casi no hay –al menos en Argentina– organización que no esté cooptada, intervenida o subsidiada por el Estado, tristemente el centro de la vida social.

Es de lamentar que el Estado ha ido comiendo gran parte de la sociedad civil y ya casi no hay –al menos en Argentina– organización que no esté cooptada, intervenida, subsidiada o copiada por el Estado, tristemente el centro de la vida social. Por eso cabe subrayar que para el liberalismo el Estado debería tener un rol subsidiario y las personas, organizadas a través del sector privado y las asociaciones voluntarias, deberían estar en el centro de la vida civil. De este modo tendríamos una sociedad mucho más próspera, pero también más interesante y dinámica. Una sociedad de puro Estado, incluso hecha de intervenciones paternalistas o benevolentes, es una total distopía.

El Estado son personas

El Nobel James Buchanan, en Política sin romanticismo, llama a ver a los actores políticos y funcionarios como “seres humanos y no como ángeles”, pues de este modo será más preciso describir, evaluar y, sobre todo, predecir el funcionamiento de las instituciones políticas.

El liberalismo tiende a dejar de lado el arraigado mito de la benevolencia que parte de que una persona cualquiera, portadora de defectos de todo tipo, cuando pasa a ser el subsecretario de equis cosa deja de lado sus miradas parciales e intereses particulares y pasa a orientar sus decisiones exclusivamente hacia el bien común.

La teoría del public choice, por caso, advierte que los funcionarios públicos tenderán a pensar en satisfacer su interés propio antes que en promover el bien público. En el caso de las instituciones gubernamentales, la teoría contempla la existencia de “fallas de gobierno” que, incluso en países tan corrompidos como el nuestro, casi no se tienen en cuenta. Todavía a la hora de discutir un proyecto de ley se obvia si, por ejemplo, éste aumenta la discrecionalidad de los funcionarios. Nunca se toma en cuenta el poder como un potencial peligro, sino que se descansa en la ingenua idea de que el Estado está compuesto de personas distintas del resto, con una moralidad superior y ningún incentivo a usar el poder para su propio beneficio.

La mirada liberal respecto del Estado es menos romántica, afirmando que, dado el esquema de incentivos, las burocracias y agencias de gobierno tenderán a incrementar las regulaciones y trámites, tanto para autojustificar su trabajo como para generar más recursos fiscales.

Ver la política sin romanticismo tiene fuertes implicancias normativas, ya que sugiere reformas a las instituciones políticas y evita minimizar las oportunidades a burócratas, legisladores y buscadores de rentas para maximizar su riqueza a expensas del resto de la sociedad. Exigir mayorías especiales para subir impuestos es un ejemplo de esta perspectiva.

Creemos que es correcto que sean los ciudadanos quienes, según sus posibilidades económicas y gustos particulares, decidan qué hacer en el verano. Después de todo, se trata de sus personales planes de vida.

Otra de las implicancias, acaso la más importante, es la necesidad de achicar lo que se decide por la regla de la mayoría. Es sabido que la unanimidad es casi una quimera y que debemos conformarnos con decidir cosas importantes por la mera regla de que el 51% le gana al 49%. Pero esta circunstancia debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de adelgazar la cantidad de cosas que se someten a la regla democrática. A nadie se le ocurriría (al menos no todavía) que la decisión sobre dónde van a veranear los argentinos sea tomada por una entidad colegiada y democrática. Creemos que es correcto que sean los ciudadanos quienes, según sus posibilidades económicas y gustos particulares, decidan qué hacer en el verano. Después de todo, se trata de sus personales planes de vida.

Sin embargo, nos parece normal que por una eventual mayoría se decidan temas tan variados como qué contenidos deben estudiar los hijos de todos los argentinos, qué tipos de alimentos debemos comer más y cuáles menos, qué tienen que decir los menúes de los restaurantes, cómo deben estar compuestos los directorios de las empresas, qué tipo de películas tienen que mostrar los cines, cómo tienen que producir las fábricas, cómo tienen que alquilar su departamento los propietarios, dónde tienen que estar los yogures en las góndolas y mil ejemplos más.

Ninguna de estas cuestiones debería ser materia de voto democrático, sino potestad descentralizada de los individuos, de nuevo, únicos agentes morales en sentido estricto. Urge achicar el ámbito de lo definible por consenso. El consenso está bien siempre que sea sobre una materia que admite consenso. Por más que salga 99% a 1% una votación que decida que Juan se case con María, sería un atropello a su libertad y una inmoralidad obligarlos a hacerlo. No es menos escandaloso que un Congreso decida que Juan no puede alquilar el departamento del que es dueño o ahorrar en determinada moneda.

Lo razonable sería achicar a su mínima expresión el ámbito de lo que puede hacer la política y que, de este modo, las personas puedan vivir con más certidumbre y paz, sabiendo que sus bienes y libertades no están en juego en cada perinola democrática. Para esto está la Constitución, lamentablemente una ausencia creciente en el debate político argentino.

 

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Alejandro Bongiovanni

Abogado. Director de Fundación Libertad.

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