En 2010 Aníbal Fernández, ministro de Cristina Kirchner, tildó de impresentable a Julio Strassera. Fue su respuesta a una crítica que el ex fiscal había hecho contra la pareja presidencial y la dificultad de justificar sus bienes. Fernández no se quedó allí. Afirmó que su tarea en el Juicio no había sido destacable: “Puso el traste porque lo pusieron en ese lugar, no porque tuviera vocación”.
Aníbal Fernández, verborrágico como de costumbre, no había hecho más que cumplir con lo que él consideraba que era su trabajo: replicar lo que la presidenta había dicho, no dejarla sola en su cruzada. El día anterior la presidenta había publicado en Twitter: “Una historia de fiscales, memorias y homenajes, en un documento que escribí ayer”. A partir de ese momento pasó a relatar la detención de Jorge Cepernic en 1976 y señaló que se había presentado un habeas corpus que había sido rechazado. Cristina Fernández escribió que “el fiscal dictaminó que no se hiciera lugar al pedido”. La inteligente redacción no dice pero da a entender que fue ese fiscal el que rechazó el recurso, cuando en realidad fue el juez de la causa. Sigue CFK: “Ese fiscal, duro en sus apreciaciones y firme en sus convicciones a la hora de hacer cumplir el estatuto del Proceso, era Julio César Strassera”.
Al día siguiente, Strassera respondió. Como era habitual, lejos de bajar el tono, redobló la apuesta: dijo que era posible que él hubiera sugerido rechazar el recurso, que era lo que se hacía cuando llegaban los informes requeridos con resultados negativos. Y agregó que a los Kirchner nunca les interesaron los derechos humanos en esos años y que él, que había tenido enfrente de él todos los habeas corpus presentados en el país durante el juicio, nunca vio uno firmado por el matrimonio.
Fueron cinco años, hasta la muerte del ex fiscal, en los que no hubo tregua. Strassera, se sabía, no iba a sacar el pie del acelerador.
A partir de ese momento, el enfrentamiento fue desembozado. Los simpatizantes kirchneristas (y hasta algunos ministros) lo acusaron de presionar a Lidia Papaleo por Papel Prensa, mientras Strassera afirmaba que Cristina carecía de título de abogada. Fueron cinco años, hasta la muerte del ex fiscal, en los que no hubo tregua. Strassera, se sabía, no iba a sacar el pie del acelerador. Sus adversarios tampoco. Este enfrentamiento con la líder política y el esmerilamiento por parte de Aníbal Fernández y compañía trajo como consecuencia que la figura del ex fiscal, hasta ese momento algo olvidada pero impoluta, para mucha gente se degradara. Pasó de héroe a ser considerado autor de delitos de lesa humanidad con una facilidad pasmosa. La adscripción partidaria hizo que muchos olvidaran lo hecho y que cambiaran su opinión.
En ¿Usted también, doctor?, un libro de autores varios cuya bajada es “Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura”, Andrea Pochak analiza el caso Kimel, sobre el periodista que investigó la Masacre de San Patricio y fue demandado (y luego condenado) por el juez a cargo de esa causa, el doctor Rivarola. El libro de Kimel buscaba a los responsables de los asesinatos y en unas pocas líneas decía que el juez había cerrado la causa después de un año porque no se habían encontrado los culpables. Sostenía que el juez había realizado todos los trámites inherentes, todos los pasos formales, pero que se había inhibido de seguir hasta el fondo. Según Kimel, al vislumbrar que el poder militar tenía algo que ver lo había paralizado. Ese párrafo abrió una odisea judicial que duró años. Pochak utiliza ese caso para amonestar a Strassera, que fue el fiscal de la causa, y que pidió todas las medidas de investigación pertinentes, sólo que los organismos oficiales controlados por los militares no dieron respuestas y obturaron la dilucidación. Pochak afirma que los autores de la Masacre de San Patricio estaban siendo juzgados en la Causa ESMA, pero agrega a modo de amenaza que a Rivarola y a Strassera “ya les llegará la hora”. Equipara a los autores de los asesinatos con el fiscal que no resolvió el caso y pretende que eso sea considerado delito de lesa humanidad.
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Otra abogada impulsa desde hace años que se reabra una causa por la muerte de varios presos en la cárcel de Villa Devoto en 1978. La justicia hasta ahora se ha negado a calificar como delito de lesa humanidad a esas muertes por considerar que eran presos comunes que murieron en una revuelta carcelaria. La doctora Cesaroni sostiene que la revuelta se inició porque un preso se negó a apagar el televisor cuando se lo ordenó un guardiacárcel. Eso dio origen a una pelea que terminó con la revuelta y la represión salvaje de los guardias. La doctora dice que el no apagar la televisión “fue un claro hecho político, de resistencia”, y que a partir de ese origen queda configurado el delito de lesa humanidad. También en Twitter, la doctora afirmó que “si Strassera no estuviese muerto ya hubiésemos pedido su procesamiento por delito de lesa humanidad”.
Lo que no dice es que todavía ningún juez le dio esa entidad a los sucesos ocurridos dentro de la cárcel: siguen considerando que se trató de delitos comunes que tienen su tiempo de prescripción. Y mucho menos que la actuación de Strassera en los hechos como fiscal fue declarar su incompetencia y derivarla a la justicia federal. Después de varios trámites y planteos, la Corte Suprema la devolvió, pasado bastante tiempo, a la justicia ordinaria, y ya quedó fuera de la vista de Strassera, pero cayó en el juzgado de Jorge Valerga Aráoz, otro participante del Juicio (miembro del Tribunal). Es decir, otro buen candidato para acusar de un delito imprescriptible porque no sólo es conocida su oposición al kirchnerismo sino porque fue defensor de Carlos Pedro Blaquier durante mucho tiempo.
El juez Ramos Padilla también atacó a Strassera por Twitter, en su caso por haber defendido a Pedro Hooft. “La muerte no te purifica”, escribió. En este caso la acusación fue más laxa. Se conoce que la pereza lo ganó y no encontró una causal para endilgarle un delito de lesa humanidad. Estas denuncias aparecieron en el momento en que Strassera quedó enfrentado abiertamente con el kirchnerismo. Los obituarios en los medios oficialistas no pudieron dejar de mencionar que en los últimos años había cambiado, y la mirada de esos biógrafos prematuros se transformaba porque él no adhería al partido gobernante, porque criticaba en Cristina Fernández lo que había criticado en todos los que gobernaron durante los últimos 30 años: la corrupción, los abusos de poder, la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. Él no era el que había cambiado.
La mano en el estatuto
Uno de los argumentos que se usaron para impugnarlo, empezando por Aníbal Fernández, fue que juró por los estatutos del Proceso. Eso lo hicieron todos los que integraron la justicia esos años. Strassera, Zaffaroni, varios de los jueces de la Cámara que juzgó a los comandantes. Era la ley que regía. Los nombrados eran hombres que trabajaban en el Poder Judicial desde hacía más de 15 años y que habían pasado por distintos gobiernos de diferente color político y de diferente legitimidad de origen: gobiernos democráticos y de facto. Porque antes de ser miembros de la justicia del Proceso, Strassera y otros habían sido miembros de la justicia peronista, lanussista, de Onganía o de Illia. El error está en considerar que eran funcionarios de esos gobiernos y no del Poder Judicial. Tenían una vocación y una carrera en la Justicia. Alguna vez Strassera habló de eso: “Los argentinos vivimos en procesos autoritarios desde el año ’30: nos quitaban el gobierno, nos lo volvían a arrebatar, y esto era, lo que yo diría, una anormalidad normal”.
La principal imputación que se le puede hacer a su labor como fiscal en esos años es el rechazo de los habeas corpus. Tanto los fiscales como los jueces cumplían con los requisitos legales, pedían los informes a los organismos oficiales y todas las respuestas eran negativas. Por eso se rechazaban. Consultado años después, Strassera afirmaba que no tenía nada que reprocharse y recordaba que lo habían sacado de la fiscalía porque incomodó al poder militar con la aprobación de uno de estos recursos.
La revista decía que el fiscal era representante del marxismo leninismo y por eso llevaba adelante la acusación.
Tuve una intuición y compré por Mercado Libre revistas Cabildo de los primeros años de la democracia. Era una publicación mensual de ultraderecha y nacionalista dirigida por Ricardo Curuchet. La revista decía que el fiscal era representante del marxismo leninismo y por eso llevaba adelante la acusación. Sin embargo, los otros argumentos (entre ellos el de la jura del estatuto del Proceso: en uno de los números hay una caricatura muy mal dibujada que lo grafica) y hasta los casos esgrimidos (Cepernic, principalmente) son exactamente concordantes con los que 25 años después formularon los ministros y voceros kirchneristas para tratar de demoler su imagen. Extrañas coincidencias.
Cuando este libro está por cerrarse, se escribe un capítulo más: en el sitio El Cohete a la Luna de Horacio Verbitsky y en virtud del éxito de Argentina, 1985, Juan Manuel Soria Acuña publica una nota que intenta derribar, una vez más, el mito de Strassera como héroe de los derechos humanos, recordando lo que todos ya sabemos: que fue juez de sentencia y fiscal durante el Proceso (como lo había sido los años anteriores). Pero lo sorprendente es el documento que cita para fundamentarlo. Es una carta que un abogado envió en la época del Juicio al diario La Nación y no fue publicada. La carta transcripta (el autor de la nota no nos cuenta cómo la consiguió) recuerda los cargos que ocupó Strassera en esos años y se queja de que esté acusando a los comandantes. El abogado es Ricardo Curuchet, que había sido juez durante la dictadura. Lo que no dice Soria Acuña es quién es Curuchet: el director de la revista Cabildo, la publicación más de derecha posible. Aunque, no seamos injustos, Soria Acuña no aclara en esa nota a qué Ricardo Curuchet se refiere. Podría ser el hijo, que llevaba el mismo nombre del padre y también era abogado. Sabemos que los hijos no son culpables de los pecados de los padres.
Ricardo Curuchet hijo no dirigía Cabildo, sólo era colaborador esporádico. En esos años, su tarea principal era ser abogado penalista. Su defendido más célebre y el que más trabajo le daba era Alfredo Astiz.
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