El cambio político ocurre en las sociedades. Y, en las democracias, la principal forma de materializar ese cambio es a través del voto. De esta manera se respaldan plataformas e ideas nuevas. Los seres humanos no hemos descubierto un camino más popularmente aceptado y legítimo para procesar el cambio político. Vamos a las urnas, votamos y elegimos un rumbo. Más allá de todas las críticas que podemos ensayar contra las distintas fuerzas políticas en la Argentina, éstas siguen cumpliendo una función importante en ese proceso. Expresan una preferencia entre distintas opciones y legitiman a las personas que son elegidas para ejercer el poder. Los electores las diferencian y saben que votar por una no es lo mismo que votar por la otra.
¿Están autorizadas esas personas elegidas para introducir cambios importantes en nuestra vida social? Esta pregunta tiene una respuesta compleja. Pensamos que sí, pero con ciertos límites. La democracia es una tecnología social que ayuda a determinar un rumbo general de la vida pública, pero no se agota en los comicios. Hay muchas otras formas de participación en la vida democrática.
En el caso que nos ocupa, un gobierno con apoyo democrático está introduciendo cambios políticos de importancia en Jujuy. Nosotros, como personas que viven y militan en el NOA, estamos de acuerdo con ese cambio. Sin embargo, es importante tener presente que nos hallamos ante una reforma constitucional que transforma muchos aspectos de la vida social de la provincia. ¿Qué es lo que cambia en Jujuy?
La reforma también plantea un derecho a la convivencia pacífica, que en los hechos se traduce en la prohibición de manifestarse de forma violenta.
La nueva constitución tiene cosas buenas en materia institucional como la eliminación de las reelecciones indefinidas y del sistema de lemas y sub-lemas. No son cambios que blinden al oficialismo. Los sistemas sin sub-lemas favorecen la competencia democrática, la alternancia y equilibran la cancha. La reforma también plantea un derecho a la convivencia pacífica, que en los hechos se traduce en la prohibición de manifestarse de forma violenta. Según el texto, la violencia desnaturaliza el verdadero derecho a la protesta, reconocido en el articulado. Los parámetros que vuelven violenta a una protesta incluyen los cortes de ruta totales y la ocupación de edificios públicos.
El gobierno de Jujuy viene impulsando esta norma desde que convocó a la Asamblea Constituyente y logró incluirla en la nueva constitución. Sin embargo, la izquierda y el kirchnerismo desconocieron la legitimidad de la reforma y han montado un escenario de violencia radicalizada para rechazarla. La posición de estos sectores, bajo su mejor luz posible, sostiene que la prohibición de la violencia en la manifestación pública no puede ser llevada a cabo por nadie. Ni siquiera por un agente que cuente con una amplia mayoría de los votos. El derecho a la protesta se vuelve, así, absoluto. Pero no hay derechos absolutos en nuestro sistema.
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Podemos debatir el alcance de los derechos. Ese debate es legítimo. También es cierto que, en un sistema republicano, el que gana no está autorizado a hacer lo que quiere. Un gobierno democráticamente electo puede perder legitimidad de ejercicio cuando erosiona las instituciones y abusa del poder que obtuvo en los comicios. Una democracia puede deteriorarse hasta volverse algo distinto a la democracia. Pero es evidente que no es eso lo que ocurrió en Jujuy. La reforma cumple con el proceso de legitimación democrática. Los argumentos formales que se han esgrimido en contra no son serios, pecan de ritualismos que en este país no se observan en ningún ámbito y no ofrecen ninguna razón sustancial para pensar que nos hallamos ante un abuso del poder otorgado por las urnas.
Jujuy convocó a la Convención Constituyente el 27 de septiembre del año pasado. A partir de ese momento, el derecho a la convivencia pacífica fue parte de la discusión pública. Cuando los jujeños eligieron a JxC por una amplia mayoría, se definieron en relación con el tema. La constitución se aprobó por unanimidad luego de la renuncia de los convencionales de la izquierda. Una renuncia previsible, valga la aclaración: desde el comienzo, los representantes de la izquierda se dedicaron a desconocer la legitimidad de la elección que los había colocado en ese lugar de representación, lo que resulta paradójico pero está permitido. Lo que no está permitido es el sabotaje violento de los procesos democráticos. Y es eso lo que se vivió en Jujuy a lo largo de esta última semana.
Saber perder
El día martes, distintos grupos violentos quemaron despachos de la Legislatura, destruyeron calles y comercios, arrojaron toneladas de piedras e hirieron a decenas de agentes de la policía provincial. A lo largo de la semana fue surgiendo material que demuestra que la “pueblada” que produjo toda esa violencia fue, en mayor o menor medida, orquestada por estos grupos, que obraron como si se enfrentaran a una dictadura.
Vamos a detenernos en este punto. Es verdad que existieron y existen regímenes en el mundo que no pueden ser derrotados en las urnas. Autoritarismos de todos los colores en los cuales es imposible el cambio político por vías democráticas. Pero eso no es lo que pasó en Jujuy. Los convencionales constituyentes surgieron de todos los espacios, incluida la izquierda.
En una democracia la participación se produce de muchas formas. Por ejemplo, mediante prácticas como la negociación, el debate, la mediación de fuerzas y las instancias de expresión popular. Todo ello es parte del juego democrático. Ni el más mayoritarista de los demócratas sostiene que alcanza con ganar las elecciones para poder decidir unilateralmente sobre todos los asuntos. El problema es que el sistema implosiona si los distintos espacios no pueden aceptar las derrotas políticas. A lo largo de la semana, muchas personas se han referido a un caso en el que sucedió precisamente esto durante el gobierno de Macri. Veámoslo.
En diciembre de 2017, en el hecho menos seriamente analizado de la historia argentina reciente, grupos violentos arrojaron 14 toneladas de piedras contra las fuerzas de seguridad y el Congreso de la Nación por una reforma previsional que, al final de cuentas, era preferible para los jubilados. La norma que se discutía, la ley previsional, en verdad no importaba. Lo central es que estas fuerzas no estaban dispuestas a aceptar la derrota e intentaron torcer con violencia lo que no podían frenar con los votos. Desconocer la legitimidad de aquella reforma de 2017 no es sustancialmente distinto a desconocer la legitimidad del proceso constitucional jujeño.
Lo central es que estas fuerzas no estaban dispuestas a aceptar la derrota e intentaron torcer con violencia lo que no podían frenar con los votos.
Son antecedentes que dejan en claro lo que ocurrirá si el oficialismo pierde el gobierno nacional, vuelve a ser oposición y tiene que vérselas con líderes legítimamente elegidos y autorizados para llevar a cabo cambios políticos importantes dentro del republicanismo. No estamos planteando ninguna novedad. Muchísimas personas identificadas con la oposición llegaron a una conclusión similar. Lo sorprendente es que actores del oficialismo, como Eduardo Valdés, no la hayan puesto en duda. Por el contrario: compartieron esta misma perspectiva pero no como un grave problema de nuestra democracia, sino como una amenaza. Con total explicitud sostuvieron que son los únicos que pueden gobernar en paz.
De alguna forma, estamos todos de acuerdo: Jujuy es una postal del futuro. Tenemos a un gobierno no peronista con legitimidad democrática y con la decisión de llevar adelante cambios significativos. Y tenemos a fuerzas que no están dispuestas a aceptar su derrota, porque en el fondo no están dispuestas a aceptar que no representan a una mayoría social. En su momento, la violencia del kirchnerismo contra la reforma previsional de Macri tuvo consecuencias políticas palpables. El gobierno de Cambiemos, que acababa de ganar las elecciones de medio término por paliza, no pudo continuar con su agenda: la oposición de entonces le hizo saber, a pedradas, que no iba a apoyar nada. El propio Macri se refiere a este punto de inflexión en su libro Primer tiempo.
La pregunta es, entonces, si ocurrirá algo similar en el futuro. Nos preguntamos si nuestra democracia tiene una consistencia suficiente como para resistir a actores que no creen en ella y no la respetan. Es una pregunta sobre el proceso histórico que vive la sociedad argentina y, fundamentalmente, sobre el rol de la oposición.
Saber ganar
¿Es la reforma constitucional en Jujuy un giro demasiado grande en la vida de la provincia? ¿Cambia cosas que nadie debería cambiar? La principal forma de juzgar esta cuestión sigue siendo la misma. Tenemos que preguntarnos si las herramientas democráticas y las garantías republicanas se encuentran vigentes en la provincia. Si los jujeños pueden modificar el rumbo de su gobierno mediante el voto, y si ese nuevo rumbo respetará a las minorías que no optaron por él.
Para analizar esta cuestión, debemos tener en cuenta que el radicalismo ganó las elecciones, pero que cualquier otro partido puede ganarlas —a su vez— en el futuro. La reforma no es una carta blanca para el gobierno, ya que la nueva constitución puede ser revisada por los tribunales superiores de la provincia y la Nación, que tienen la facultad de intervenir para garantizar los derechos de las minorías y la vigencia de la supremacía constitucional.
Todas las fuerzas tienen derecho, desde ya, a oponerse y a criticar la reforma. ¿Ese derecho se extiende al uso de la violencia callejera para abatir al poder democrático? Cuando un espacio político decide abusar, sobre todo cuando se trata de un actor de peso como el kirchnerismo, el juego de la democracia pierde estabilidad. La pregunta es cómo se responde, porque es muy fácil entrar en una slippery slope, un camino en el que todos asumen una posición cada vez más desafiante y más abusiva. “Si los otros lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo?”.
Tomar decisiones de peso no es aplastar a los demás. Es aquello que pueden hacer los políticos cuando ganan las elecciones.
Tomar decisiones de peso no es lo mismo que radicalizarse. Sucede que el kirchnerismo, que se percibe como un martillo implacable de la política, quiere hacernos creer que toda acción política es equivalente a clavar un clavo. Una herida que se inflige al otro en un juego de suma cero. Tomar decisiones de peso no es aplastar a los demás. Es aquello que pueden hacer los políticos cuando ganan las elecciones. En la historia de nuestro país ha sucedido que fuerzas especializadas en el abuso de las reglas democráticas condicionen y eventualmente venzan, precisamente por no hallarse atadas a la ley, a otras que sí cumplen con las reglas. ¿Eso significa que la oposición debe abandonar el orden constitucional para volverse competitiva? Claro que no.
Sin embargo, sí es necesario que supere toda forma de ingenuidad. Que reconozca que se halla ante agentes que no están jugando el juego de la democracia y que no tienen intenciones de cumplir sus reglas. Que identifique sus narrativas, sus mecanismos de manipulación, y que impugne decididamente la posición de superioridad moral en la que se coloca el gobierno nacional sin ninguna clase de fundamento.
Los años nos han enseñado que la oposición argentina puede triunfar en el juego democrático y sostener políticamente a sus dirigentes. Que puede mantener sus posiciones. Incluso frente a quienes no están dispuestos a obedecer ninguna regla, sea ésta democrática o de cualquier otro tipo.
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