Hay que cerrar el Enacom

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La regulación es enemiga de las comunicaciones y, por lo tanto, de las libertades. Esto aplica a los antiguos decretos reales sobre la imprenta, el monopolio estatal de la telefonía, las leyes de radiodifusión y los intentos de restringir la conversación pública en las redes sociales. La gran mayoría de los argumentos esgrimidos a lo largo de la historia para justificar la intervención estatal fueron derogados o dejados obsoletos por avances tecnológicos que dejaron en evidencia su interés inicial: el control social, político y económico.

En contra del sentido de su época, el cientista político estadounidense Ithiel de Sola Pool advirtió en los años ’70 sobre los riesgos de la regulación estatal para la libertad de expresión. Cuando Internet apenas era una promesa y surgían los primeros conglomerados empresariales, De Sola Pool subrayó desde su cátedra en el MIT el principal peligro en puerta: que la convergencia de medios hiper-regulados (como la telefonía) con los que constitucionalmente no se pueden regular (como la prensa) llevaría a los gobiernos a extender las leyes de los primeros a los segundos. Es lo que ocurrió.

Mientras en el mundo esa preocupación está dirigido hoy a las plataformas digitales y la inteligencia artificial, en la Argentina –cuya agenda pública tiene décadas de atraso–, seguimos empantanados en la regulación de las comunicaciones del siglo XX a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un organismo que debería ser cerrado por ineficiente, por su falta de transparencia y, sobre todo, por innecesario. Si eso ocurriera, se revelaría su carácter completamente superfluo.

La convergencia de medios hiper-regulados (como la telefonía) con los que constitucionalmente no se pueden regular (como la prensa) llevaría a los gobiernos a extender las leyes de los primeros a los segundos.

Tal como existe hoy, el Enacom fue creado por la administración Macri en 2015 cuando se fusionaron Afsca y Aftic, autoridades de aplicación de las leyes de medios y de telecomunicaciones fundadas por el kirchnerismo, de las que tomó su formato. A su vez, estas entidades habían sucedido al Comfer (inventado en 1980 por la última dictadura) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), heredada del menemismo. El antecesor del último Comfer había sido un organismo homónimo creado en 1972 por el dictador Alejandro Lanusse en reemplazo del Conart del dictador Pedro Aramburu, de 1957. En el caso de la CNC, los antecedentes remotos remiten al Conatel, también obra de Lanusse. Nadie puede negar el linaje de estos entes regulatorios.

El presidente Javier Milei designó en enero de este año una intervención tripartita en el Enacom y le encargó una auditoría sobre su funcionamiento, que fue difundida parcialmente pero cuyas primeras conclusiones son lapidarias: se trata de un organismo arcaico, desproporcionado y que debe hacer cumplir normas obsoletas o inaplicables.

Además, este ente administra recursos millonarios a través de dos fondos. Uno, el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) que succiona el 1% de la facturación bruta de todas las empresas de telecomunicaciones, originada en lo que pagamos los usuarios de Internet y telefonía móvil. Desde 2016, este fondo asignó unos 1000 millones de dólares para distintos tipos de obras (la mayoría, inconclusa) y una reciente auditoría (también escasamente difundida) reveló uso político territorial, plazos vencidos y falta de planificación y controles. El otro es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), que se queda con el 10% de lo recaudado por el gravamen que pagan los canales de TV y las emisoras de radio (entre 0,5% y el 5% de la facturación bruta), y que los usuarios de esos medios pagamos en el costo de los productos que allí se publicitan. Del Fomeca se beneficiaron muchas de las organizaciones que desde 2009 apoyaron, presumiblemente de manera desinteresada, la sanción de la “ley de medios” kirchnerista.

Del Fomeca se beneficiaron muchas de las organizaciones que desde 2009 apoyaron, presumiblemente de manera desinteresada, la sanción de la “ley de medios” kirchnerista.

El Gobierno nacional prorrogó la intervención y la dejó a cargo de un único funcionario, el abogado Juan Martín Ozores, que reporta al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, y que prometió profesionalizar el organismo para volverlo estrictamente técnico. Respecto del FFSU, mientras uno de los sub-interventores de la primera etapa, Alejandro Pereyra, propuso eliminarlo, al igual que un sector de las pyme agrupado en la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI), las grandes empresas de telecomunicaciones tienen una propuesta para reformularlo.

El cierre de la autoridad específica para las comunicaciones no es una idea radical ni absurda. Chile, el país con mejores servicios de conectividad de la región, no tiene un ente de estas características y, hayan sido sus gobiernos de izquierda o derecha, las reglas siempre fueron establecidas por una subsecretaría de perfil técnico (la Subtel). México, con una administración de izquierda, tiene en proceso una reforma constitucional para cerrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones serían también asumidas por una subsecretaría.

Quienes argumentan que incluso Estados Unidos tiene un ente específico que ha sido modelo para el resto del mundo, la Federal Communications Commission (FCC), pueden buscar en la obra de De Sola Pool la extensa historia de reprimendas que esa entidad recibió –y sigue recibiendo– de los tribunales de control constitucional a lo largo de casi un siglo de existencia. Ese último límite al afán de control e intervención estatal fue la Primera Enmienda, que garantiza las libertades de expresión y de prensa, de religión, de reunión pacífica y de petición al gobierno.

Existen al menos tres razones básicas para cerrar el Enacom: su carácter completamente innecesario; su falta de transparencia y uso político partidario; y la oportunidad que ofrece el actual contexto político.

 

1. Un ente innecesario

El carácter burocrático e ineficiente del Enacom fue ampliamente desarrollado en los breves informes de auditoría difundidos por la intervención que lo gestiona, cuyas conclusiones dejan en evidencia algo que no se dice expresamente: se trata de un ente innecesario. Algo fácil de confirmar si se analizan las 61 funciones definidas por la legislación.

En el Enacom confluyeron 35 misiones de la ex Afsca establecidas en la Ley de Medios Audiovisuales de 2009, y otras 26 competencias de la ex Aftic, de la Ley de Telecomunicaciones de 2014, muchas de ellas superpuestas y sujetas a control coordinado de ambas autoridades. La gran mayoría de esos mandatos es perfectamente prescindible: elaborar y aplicar reglamentos, representar al Estado, redactar normas y pliegos, actualizar registros, promover y estimular actividades, sancionar y cobrar gravámenes, entre otras. Pura burocracia autogenerada.

Por el lado de la ex Afsca, sólo cinco funciones parecen imprescindibles: definir las normas técnicas de uso de espectro radioeléctrico; aprobar y dar habilitación técnica a emisoras de radio y TV; verificar los compromisos técnicos (por ejemplo, que no se emita a mayor potencia de la autorizada); modificar parámetros atribuidos previamente a licenciatarios; y realizar estudios sobre el impacto de las radiaciones en el cuerpo humano y el ambiente. Por el lado de la ex Aftic, sólo seis funciones resultarían irreemplazables: la regulación del espectro radioeléctrico y posiciones orbitales satelitales, los lineamientos técnicos de infraestructura de redes, los procedimientos de homologación y certificación, la atribución de frecuencias y los marcos de interoperabilidad.

Si se restan las funciones superpuestas y las superfluas, una subsecretaría de telecomunicaciones o una oficina nacional podría resolver y gestionar con mayor eficiencia el espectro radioeléctrico.

Si se restan las funciones superpuestas y las superfluas, una subsecretaría de telecomunicaciones o una oficina nacional podría resolver y gestionar con mayor eficiencia el espectro radioeléctrico, mientras que las homologaciones y certificaciones de equipamiento podrían manejarse desde otros organismos existentes o, como ya se ha hecho en en materia eléctrica, por ejemplo, validarse la supervisión de entes especializados de otros países o bloques. Eso reduciría las 61 funciones iniciales a no más de diez: las otras más de 50 podrían ser eliminadas.

Una vez separada la paja del trigo, el argumento para sostener la existencia de un ente como el Enacom se suele poner en la gestión del espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias para transmitir radio y TV y para la conectividad móvil 4G y 5G. Como si ahí el papel del Estado fuese absolutamente imprescindible.

A principios de los ’80, 15 años antes de la gran desregulación de las telecomunicaciones concretada en 1996 durante la presidencia de Bill Clinton en los Estados Unidos, De Sola Pool argumentó extensamente por qué el espectro radioeléctrico no debe ser considerado un recurso limitado, y propuso la creación de un mercado primario en el que la oferta y la demanda asignaran el recurso a los usos más requeridos de la manera más eficiente.

Hasta ahora, las únicas funciones que el Enacom no debería haber descuidado fueron las más olvidadas en casi toda su existencia y la de sus organismos antecesores, por eso es casi imposible escuchar radio sin interferencias y por eso prácticamente no existen estudios sobre el impacto de las radiaciones. Eso, sin considerar la afectación de la seguridad aérea, de la que tampoco hay información.

 

2. Falta de transparencia

En los hechos, Comfer, CNC, Afsca, Aftic y Enacom han constituido las mesas de diálogo o disputa entre el poder político y los actores centrales de las comunicaciones en el país en los últimos 40 años. Casi siempre, fuera del alcance de la luz pública.

Las auditorías encargadas por la actual intervención en el Enacom arrojan, aunque sin precisiones, numerosas irregularidades, tanto en la gestión administrativa como en la de los recursos del Fondo de Servicio Universal y del Fomeca. También hay fallos judiciales que confirman el desmanejo y el uso político partidario, en particular durante los turbulentos años kirchneristas en la Afsca, encabezada por su entonces presidente Martín Sabbatella, condenado a 6 meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos por abuso de autoridad. Sabbatella fue investigado por financiar su partido político Nuevo Encuentro con dinero que se descontaba a empleados militantes incorporados en aquel ente.

Actualmente, el Enacom es actor, demandado o tercero involucrado en 1938 procesos judiciales activos, según datos del propio organismo. Algunos de los abogados que intervienen en esos procesos fueron antes funcionarios del organismo. Letrados que fueron funcionarios también sobresalen en la lista de beneficiarios del FFSU.

La administración Macri había generado un portal de datos abiertos para el seguimiento de los fondos que gestiona el Enacom, pero esa iniciativa fue dada de baja por Claudio Ambrosini, presidente del ente durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.

 

3. Oportunidad política

La oportunidad del contexto es evidente: la agenda de reforma, apertura y desregulación del gobierno del presidente Milei, acompañada por buena parte de la opinión pública, puede incluir sin problemas el cierre del Enacom y la derogación de varias leyes que han restringido las bases de la libertad de expresión o se volvieron hojarasca, como las llama el ministro Federico Sturzenegger.

También hay una corriente internacional hacia la desregulación –o regulación inteligente– de los sectores convergentes de las comunicaciones, que reducen las funciones de los organismos (simplificación de procesos de entrega de licencias y registros; flexibilización de normas técnicas; desregulación de precios y reducción de obligaciones de servicio universal, entre otros). Aspectos relativos a la defensa de la competencia y protección del consumidor, que en el sector de las telecomunicaciones han sido regulados de manera específica, podrían seguir protegidos por la legislación general.

La administración Milei ya hizo cambios en organismos de este tipo, como el ente regulador de la energía (ENRE) y el del gas (Enargas), que están en proceso de fusión. Esta semana cerró el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), encargado de planificar y ejecutar obras de infraestructura y controlar la calidad del agua. También liquidó tres fondos fiduciarios.

La principal diferencia entre aquellos entes y el Enacom está en que los primeros regulan monopolios –sólo hay una red eléctrica, de gas y agua potable que pasar cada hogar–, mientras que la autoridad de comunicaciones es policía sobre mercados en competencia donde se superponen redes y empresas proveedoras.

Nunca estuvo más clara la inutilidad de una autoridad que cambió de nombre a lo largo de la historia pero casi siempre tuvo la misma impronta. Cerrar su actual encarnación como Enacom implicará derogar o modificar varias normas, derivar funciones a otros entes o crear una agencia de mercado primario de espectro. Entre las normas a derogar —total o parcialmente— o reemplazar, está la ley de medios audiovisuales y la de telecomunicaciones, esta última ambiciosamente llamada Argentina Digital.

Los contribuyentes se ahorrarían los 54.362 millones de pesos de presupuesto asignados para 2023 (más de 230.000 millones de pesos de hoy), los proveedores de conectividad y productores de contenidos dejarían de invertir tiempo y recursos en burocracia inútil y podrían concentrarse en su producción. Los ciudadanos, finalmente, accederían a servicios de mejor calidad a menor precio. Y, lo más importante, habría más libertad para la expresión y el emprendedorismo y un terreno más fértil para la innovación digital.