Fue un golpe

Hace 20 años me tocó vivir de cerca, como ministro de Turismo, Cultura y Deportes, uno de los episodios más tristes de nuestra historia democrática. Vi la caída de un gobierno debilitado pero honesto, vi los saqueos y la violencia que se desataron en las calles, vi la inestabilidad institucional de los días siguientes y la salida catastrófica de la convertibilidad, que pocos meses después llevaría la pobreza por encima del 60%. En estas décadas se ha escrito y se ha dicho mucho sobre por qué renunció Fernando de la Rúa, sobre el rol de la oposición peronista en ese proceso y sobre cómo se ordenó la situación, y a qué costo, en los meses siguientes. La narrativa triunfadora dice que De la Rúa cayó por sus propios defectos, empujado por una movilización popular, y que Eduardo Duhalde rescató al país del caos y lo puso en el sendero de la recuperación.

Esa narrativa es falsa.

Lo que ocurrió en diciembre de 2001 fue que Fernando de la Rúa cayó tras un golpe institucional liderado por sectores del justicialismo bonaerense. Así lo viví en aquel momento y desde entonces mis convicciones no hicieron más que reafirmarse. Me baso para decir esto no sólo en los hechos de los que fui testigo y los indicios que percibí en aquellos días de furia, sino también en declaraciones posteriores que hicieron, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Duhalde. En los próximos párrafos voy a intentar contar mejor lo que ocurrió antes y durante aquel momento y justificar por qué estoy cada vez más convencido de que fue un golpe institucional.

Presión sobre la convertibilidad

Mucho se ha escrito sobre la negativa de De la Rúa y los equipos económicos de la Alianza a terminar con la convertibilidad del peso con el dólar, que había empezado en 1991. La historia tiene sus sutilezas. Por un lado, es cierto que las tensiones sobre la convertibilidad habían comenzado ya en febrero de 1999, mucho antes de las elecciones que consagraron a la Alianza y a De la Rúa, con la fuerte devaluación de la moneda de Brasil, principal socio comercial y receptor de nuestras exportaciones. Esto, obviamente, afectaba gravemente la competitividad argentina. Otra cuestión importante era que el proyecto de re-reelección del presidente Menem, finalmente abandonado, había desajustado las variables fiscales y dejado una situación muy frágil de las cuentas públicas.

No era una situación fácil de resolver, pero la mayoría de los argentinos –y buena parte de los economistas y los actores políticos– todavía creían que era posible hacerlo sin romper la convertibilidad. Por eso la gente votó el programa de la Alianza, que prometía mantener la paridad del peso con el dólar. Fue tan claro el mensaje de la campaña de la Alianza que mantener la convertibilidad se convirtió en su principal mandato como gobierno. Diría más: no sólo en 1999, también en las elecciones de medio término de 2001, aquellas marcadas por la abstención y el llamado “voto bronca”, prácticamente ningún candidato relevante hizo campaña prometiendo salir de la convertibilidad. El mandato popular, expresado con claridad en las urnas en 1999 y ratificado, con matices, en 2001, era el mismo: el Gobierno debe resolver la recesión, iniciada en 1998, pero siempre dentro del marco de la convertibilidad.

Es importante decir esto, porque muestra el estado de ánimo de la sociedad argentina en aquel momento.

Es importante decir esto, porque muestra el estado de ánimo de la sociedad argentina en aquel momento. A veces, cuando leo a mentes brillantes decir que era obvio que había que salir de la convertibilidad mucho antes, pienso en este dato y me dan ganas de responderles que, por más obvio que parezca ahora, la salida de la convertibilidad no había estado en la agenda de campaña en octubre de 2001 y que, por lo tanto, era algo que había que hacer, en cualquier caso, en contra de los deseos de los argentinos.

Tampoco, por supuesto, era fácil hacerlo dentro de la convertibilidad, que mostraba cada vez con más claridad las tensiones enormes que generaba sobre la economía argentina, especialmente en temas de crecimiento. Todos en el Gobierno teníamos conciencia de que había que actuar al respecto. Pero la situación era compleja. Además de la debilidad económica, empezó a tener su peso la debilidad política en que había dejado al gobierno de la Alianza, que era una coalición, la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia, con argumentos muy contradictorios. De todas maneras, siempre es bueno recordar que una parte muy sustantiva del Frepaso se quedó en el gobierno, sin acompañar la renuncia de Álvarez, y quiero destacar la figura democrática, reflexiva e institucional de Graciela Fernández Meijide, que siguió varios meses colaborando como ministra en el Gobierno.

Empezó a tener su peso la debilidad política en que había dejado al gobierno de la Alianza, que era una coalición, la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia, con argumentos muy contradictorios.

En ese ambiente llegó Domingo Cavallo al ministerio de Economía, después de la salida de Machinea y la corta gestión de Ricardo López Murphy. Cavallo llegó con el apoyo de la opinión pública, o al menos de la política, pero su designación fue resistida por una parte del radicalismo, vinculada entre otros a Leopoldo Moreau, que ya había resistido la designación de López Murphy. Desde un principio Cavallo intentó algo que está insuficientemente analizado y que aún hoy requiere una mirada más profunda por parte de los analistas y de la sociedad en general. Una de las primeras cosas que hizo Cavallo fue sancionar la Ley de Convertibilidad Ampliada, que en los hechos ya anunciaba la necesidad de salir del régimen monetario. Pero Cavallo quería hacerlo, en todo caso, de una forma ordenada. Entendía, como De la Rúa, que había un problema de atraso con el tipo de cambio, pero el camino buscado era una salida sujeta a reglas e instituciones, no como fue después la catástrofe de la pesificación asimétrica, que condenó a más del 60% de los argentinos a ser pobres en menos de cuatro meses. 

Otra cuestión ineludible para entender aquel momento es el cambio de ánimo global después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Por su historia de crisis cíclicas de balanza de pagos, la Argentina siempre fue muy sensible a los movimientos bruscos en el escenario internacional. El shock posterior a los atentados a las Torres Gemelas no fue la excepción: el mundo quedó en vilo, atento a otros problemas, y Argentina bajó en su nivel de prioridades. Quizás por ese motivo, el FMI no depositó la última cuota del programa acordado, de alrededor de 900 millones de dólares, que sin duda le habría dado algo de oxígeno al Gobierno. Este detalle, no es ocioso hacer notar, lo mencionó la propia Cristina Kirchner en su discurso de la semana pasada en Plaza de Mayo. No es la primera vez que la vicepresidenta reenfoca la historia oficial sobre lo que pasó en diciembre de 2001. En estos años viene diciendo dos cosas: por un lado, que el FMI no apoyó lo suficiente a un gobierno constitucional; por el otro, que existió una responsabilidad importante del peronismo bonaerense en el derrocamiento de De la Rúa. Cristina no ha sido la única: el propio Eduardo Duhalde ha reconocido que el peronismo pudo haber tenido algo que ver en el fin del gobierno de la Alianza.

Convicciones reafirmadas

Por eso digo que en estos 20 años mis convicciones se reafirmaron y que aquel secreto, del que casi nadie hablaba hace unos años, se fue develando y hoy queda cada vez más expuesta la existencia de una conspiración o un complot para remover a un gobierno debilitado después de la renuncia de Chacho Álvarez y la situación económica de difícil solución. 

Fue un golpe institucional. No un golpe de Estado, que incluye el uso de la violencia y el quiebre del orden constitucional. Pero sí un proceso organizado para aislar y reemplazar a un gobierno elegido democráticamente. Quiero ser lo más objetivo posible y mencionar sólo hechos que están comprobados. Los saqueos, por ejemplo. Los saqueos se iniciaron repentinamente en supermercados y autoservicios de la provincia de Buenos Aires. Sólo después se extendieron a otras provincias, sobre todo Córdoba y Santa Fe. Pero el 21 de diciembre, después de la caída de De la Rúa, ya no había más saqueos en la Argentina, a pesar de que evidentemente el problema del hambre no se había resuelto. Segundo punto sobre los saqueos, además de que estallaron un día y se calmaron menos de dos días después: está probado que fueron organizados por punteros políticos muy vinculados al peronismo bonaerense. Al frente de los saqueadores se notaba con toda claridad la presencia de líderes políticos. El intendente de Moreno, Mariano West, encabezaba columnas de saqueadores e indicaba los supermercados que había que saquear. Junto a él hubo otros que hicieron lo mismo. West quedó individualizado porque está filmado avanzando sobre la ciudad de Buenos Aires para pedir explícitamente la renuncia del Presidente. Pero no era el único. En cualquier caso, más allá de la participación activa de los intendentes, a nadie le quedan dudas hoy de que los saqueos en el conurbano fueron anunciados, coordinados y organizados políticamente. 

A nadie le quedan dudas hoy de que los saqueos en el conurbano fueron anunciados, coordinados y organizados políticamente.

Otro ejemplo: el retiro de la custodia de la Policía Bonaerense a la Quinta de Olivos en la noche del 19 de diciembre. La Quinta de Olivos, con la familia presidencial adentro, quedó desprotegida mientras miles de personas se trepaban a las paredes perimetrales. Se generó una situación de extrema tensión, que habría sido imposible si la Bonaerense se hubiera mantenido en su lugar. ¿Quién dio la orden para retirar la custodia policial de la residencia presidencial? Años después me presenté como testigo ante el juez Norberto Oyarbide, que investigaba la causa sobre el complot contra De la Rúa (y que no llegó a nada) y le dije, con la mayor claridad posible, que si quería probar la existencia de un complot sólo debía hacer una cosa: citar al oficial o suboficial de la Bonaerense a cargo esa noche de la Quinta de Olivos y preguntarle quién le había dado la orden de retirar la custodia. Es evidente –y me baso en mi experiencia en cómo se manejan estas organizaciones – que quien dio la orden no pudo haber sido su superior inmediato, sino alguien en el máximo nivel político de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Oyarbide no lo hizo. Es una pregunta que hoy los argentinos todavía no nos podemos responder: quién dio la orden oficial de retirar la custodia al Presidente de la Nación en un momento de extrema tensión.

Oyarbide tampoco pidió las cámaras de seguridad de Olivos para ver qué había ocurrido esa noche. Yo mismo había podido ver, mientras ocurrían los hechos, cómo los policías de la Bonaerense se iban trasladando unos a otros la orden de retirar la custodia de la Quinta. Esas cámaras en algún lado tienen que estar, y quizás nos ayuden a entender mejor lo que pasó y que, insisto, provocó una situación de vulnerabilidad para el Presidente, su familia y todos los que estábamos en Olivos con ellos.

¿Quién dio la orden para retirar la custodia de la Policía Bonaerense de la residencia presidencial de Olivos?

Las imágenes de caos de esa noche, en Olivos y en Plaza de Mayo, son las que potenciaron la anarquía que se vivió la mañana siguiente frente a la Casa Rosada. Incluidos los muertos. Y esa anarquía, a esta altura ya me parece evidente, había sido provocada –muy provocada– por dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Los sucesos de la semana siguiente, durante la corta presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, no hacen más que confirmar esta hipótesis. A Rodríguez Saá se lo destituyó de la misma manera y con los mismos métodos que a De la Rúa. Nueve días después, a Rodríguez Saá lo dejaron solo en Chapadmalal después de haber rechazado su invitación; lo dejaron sin custodia, la cual, como en Olivos, también depende de la Policía Bonaerense; y le mandaron una patota a protestar en la puerta. Rodríguez Saá huyó con su gabinete a San Luis y renunció al cargo desde ahí. ¿Por qué el Presidente de la Nación elige abandonar la provincia de Buenos Aires e irse a su propia provincia? Porque sentía que la provincia de Buenos Aires, manejada por los mismos que habían dado el golpe institucional anterior, no era un lugar seguro para él ni para su familia. Esto también es un factor insuficientemente analizado en estos años: recién una semana después aparecen los verdaderos responsables políticos de la crisis institucional que se vivía. ¿Por qué?

Hoy no podría pasar

Reflexiono sobre estos acontecimientos luctuosos, tanto tiempo después, por dos motivos. El primero, por supuesto, es contribuir a la verdad histórica, que ya de por sí es algo importantísimo. Pero además creo que estos episodios tienen consecuencias inmediatas sobre el presente. Me pregunto, honestamente, qué pasaría si, en la situación de pobreza e indigencia que tiene hoy la Argentina, Juntos por el Cambio se comportara con la irresponsabilidad que tuvo el peronismo bonaerense en 2001. Y sólo se me ocurre una respuesta: este gobierno estaría finalizado.

Nosotros, de todas maneras, siempre vamos a actuar con responsabilidad institucional. Nunca encontrarán en nosotros –hablo de JxC pero también, más generalmente, del sector republicano– la idea de empujar hacia afuera un gobierno constitucional de los argentinos. Eso es una diferencia sustantiva entre lo que pasa hoy y lo que pasó en 2001, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. Somos críticos durísimos de este gobierno, pero asumimos nuestras responsabilidades institucionales: nuestra convicción íntima –en mi caso, desde que empecé a militar en política– es que mejores instituciones democráticas se corresponden con una mejor calidad de vida de la gente. Y que quizás la deuda más grande que tenemos desde 1983 es no haber podido mostrar esto con más claridad: mejores instituciones y más calidad democrática mejoran la calidad de vida de la gente. No es una abstracción republicana, un recurso teórico: tiene implicancias concretas. Y lo tenemos que seguir diciendo hasta que se haga realidad.

 

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