BERNARDO ERLICH
Domingo

El baldío de la república

A tres semanas de las elecciones, una historia de la erosión democrática en Tucumán. ¿Puede esta vez ganar JxC?

Quienes vivimos en regímenes políticos donde existen serias dudas sobre la calidad de la competencia, sentimos poca simpatía por quienes cantan loas a la moderación y el consenso. En Tucumán el peronismo ocupa el gobierno desde 1999 sin interrupción: en este cuarto de siglo cambió la Constitución y el sistema electoral sin consultar con la oposición, debilitó todas las instituciones republicanas de contrapeso y control, incluidas la Legislatura y el Poder Judicial, y en razón de la imposibilidad de hacer fuerza institucional desde la oposición, no necesita consensuar nada con nadie. Todo este legado institucional estará vigente en las elecciones provinciales dentro de tres semanas, en las que Juntos por el Cambio ha elegido competir usando las mismas armas y los mismos trucos que viene usando el peronismo desde hace años. ¿Será suficiente?

Tucumán es una provincia estancada pero con gran potencial productivo, cultural y económico, que bajo los últimos años de gobierno peronista ha empeorado en todos sus indicadores importantes, desde el PBI hasta la seguridad, pasando por la salud y la educación; y, en muchos de ellos, bastante más que la media nacional. Pero lo que queremos pensar ahora tiene que ver con lo esencial de la democracia: queremos preguntarnos si todavía un opositor puede ganar en esta provincia. ¿Esto es aún una contienda justa o ya es demasiado tarde? ¿El sistema ya fue volcado definitivamente en un sentido o todavía nos queda una oportunidad?

Lo que ocurre en Tucumán es espejo de un fenómeno que la literatura politológica viene estudiando mucho en los últimos años: los procesos en los cuales líderes con pretensiones hegemónicas acceden al poder legítimamente y, desde arriba, con pequeños pasos, van cambiando las reglas del juego sin violar (al menos no frontalmente) ninguna prescripción constitucional hasta que han condicionado tanto el terreno competitivo que, aunque haya elecciones, no son contiendas reales. Esta es la forma en que se derrumba la democracia en nuestra época. Ya no son tanques en las calles ni militares suspendiendo la Constitución.

Dejando de lado las limitaciones que tiene (o debería tener) un régimen provincial con respecto a los derechos de sus ciudadanos, hay algo que es central y es el punto de llegada de cualquier proceso de erosión. Los líderes con pretensiones hegemónicas cambian el sistema electoral porque ése es el final del juego: que las elecciones no sean un riesgo para su continuidad.

La provincia del peronismo

Con el peronismo de Tucumán hace años que sin dudas estamos enfrentando un proceso de erosión democrática. Aunque antes de 2003 el sistema institucional tucumano tampoco era admirado por sus virtudes republicanas, es preciso decir que las elecciones provinciales hasta entonces eran bastante competitivas. El peronismo ganaba, pero le costaba. De hecho, en 1995 perdió, por única vez desde el regreso a la democracia, frente al represor Antonio Domingo Bussi, y en 1999 recuperó la gobernación, en una elección muy reñida (con sospechas de fraude) en la que el peronista Julio Miranda le ganó a Ricardo, el hijo de Bussi. A partir de 2003, sin embargo, hubo un cambio en la forma de ejercer el mando desde el peronismo que comenzó con la llegada de José Alperovich a la casa de gobierno provincial.

Alperovich fue desde un comienzo un líder con aspiraciones hegemónicas. Lo fue, como nos recordó el periodista Álvaro Aurane en una charla para este artículo, incluso desde antes del inicio de su gobierno. La primera iniciativa política del gobernador Alperovich ocurrió cuando ya había ganado las elecciones, pero aún no había jurado el cargo. Con la Legislatura que estaba de salida hizo aprobar una ley que modificaba la naturaleza de los Decretos de Necesidad y Urgencia provinciales. Antes, igual que en la Nación, si no eran refrendados por el Poder Legislativo se declaraban nulos; en Tucumán, luego de la ley alperovichista, si no son tratados al cabo de 20 días por la legislatura, los DNUs pasan a ser ley automáticamente. El saliente gobernador Miranda no promulgó la ley, aprobada a sus espaldas, y se convirtió en la primera que firmó Alperovich pocas horas después de asumir. Gracias a ella se aseguró que el Poder Ejecutivo pudiera hacer casi lo que quisiera si el vicegobernador, su principal socio político y presidente de la Legislatura, no convocaba a sesión por los 20 días siguientes a la firma del DNU.

Después de romper el contrapeso del Poder Legislativo, Alperovich emprendió el sueño de cualquier político con pretensiones hegemónicas: reformar la Constitución.

Impulsado por la recuperación económica pos-crisis, Alperovich produjo un entusiasmo generalizado en la sociedad tucumana y, sorpresivamente, también en la clase media profesional, los sectores más acomodados y el empresariado, que no solían ilusionarse con el peronismo. Subido a esa popularidad, tres años después de romper el contrapeso del Poder Legislativo Alperovich emprendió el sueño de cualquier político con pretensiones hegemónicas: reformar la Constitución.

Hasta entonces, la Constitución de Tucumán habilitaba solo un mandato para el gobernador. Por supuesto, permitir la reelección fue la tarea central de la convención constituyente de 2006. Su trabajo, de todos modos, no presentaba muchos obstáculos: Alperovich había logrado que el electorado tucumano le diera 36 de 40 convencionales propios, entre peronistas y aliados. La reelección se logró. También se logró que el gobernador tuviera más poder sobre distintos aspectos centrales de la estructura del Poder Judicial, tales como la designación de los jueces y la posibilidad de su remoción. En la administración de la justicia electoral, además, consiguió una mayoría permanente para el oficialismo en la conformación de la Junta Electoral.

La nueva constitución, por lo tanto, consolidó el poder del Ejecutivo. Entre otras cosas, constitucionalizó la ley de DNU, otorgó al vicegobernador enorme influencia sobre las cuentas y el funcionamiento de la Legislatura y debilitó las herramientas de control independiente y opositor sobre los órganos ejecutivos. También introdujo una modificación que, en su momento, causó poco interés pero sería determinante en el destino democrático de Tucumán. En la sección dedicada al sistema electoral, en una frasecita de un artículo, se menciona, de manera muy vaga, la posibilidad de que distintos partidos políticos apoyen a un mismo candidato a gobernador. No figura en el texto ninguna explicación técnica acerca de qué significa “apoyar”. La interpretación la hizo, por supuesto, el oficialismo. Y esa sola frase creó un sistema electoral complicado y extraño que llamamos “sistema de acoples” y que, desde entonces, se convirtió en el principal sustento político del peronismo en el poder.

La Constitución de 2006 consolidó aún más el poder en el Ejecutivo. Le otorgó al vicegobernador enorme influencia sobre la legislatura y debilitó las herramientas de control.

En esencia, el sistema de acoples es algo parecido a los viejos lemas. Lo que se permite es que distintos partidos políticos, que presenten listas a legisladores separadas, puedan tener al mismo candidato a gobernador en su boleta: es decir, acoplarse a –o constituirse en colectoras de– ese candidato. Como cualquier sistema de este tipo, la estructura favorece al candidato que reúne más colectoras. Quien tiene más colectoras suele ser, naturalmente, el que tiene más dinero para subsidiar las pequeñas campañas de cada una de ellas. Quien tiene más dinero, por lo menos en el norte de nuestro país, es, por lo general, el que tiene la caja del Estado.

Alperovich fue reelegido en 2007 con 78% de los votos. En 2011, gracias a una cláusula transitoria de su Constitución que decía que el mandato de 2003 no debía contarse, pudo postularse a un tercero y se impuso con el 73%. ¿Era el sistema de acoples lo que hizo ganar a Alperovich? Seguramente que no. El peronismo tucumano era popular entonces y el electorado apoyaba al gobernador.

En esas tempranas elecciones del sistema de acoples fue sólo el oficialismo el que supo utilizarlo estratégicamente. En 2007 ningún opositor usó listas acopladas y ningún candidato pasó del 6% de los votos. Cuatro años después, el candidato principal de la oposición, el radical José Cano, con el Acuerdo Cívico y Social (la UCR, el ARI y socios), armó cuatro acoples contra 21 del oficialismo. Llegó a juntar el 15% de los votos y logró seis bancas en una legislatura provincial de 49 miembros.

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En 2015 las cosas fueron sustancialmente distintas. En la boleta del peronismo ya no podía estar Alperovich y lo reemplazó Juan Manzur, quien a pesar de haber sido vicegobernador y ministro de Salud de Cristina Kirchner era una figura poco conocida en la política tucumana. En la oposición fue un año de grandes acuerdos. Esta vez Cano logró una alianza importante con Domingo Amaya, el intendente peronista de la Capital, que terminó de abandonar al oficialismo y lo acompañó como candidato a vicegobernador. Y ese temprano cambiemismo tucumano apostó fuerte por el sistema de acoples: llevó 29 colectoras legislativas en toda la provincia, apenas cuatro menos que el oficialismo.

A los comicios de agosto de 2015 el peronismo llegó con gran inquietud y, en la víspera, se pensaba que la contienda sería pareja. Aunque el escrutinio final le dio al gobierno el 53% de los votos contra un 41% opositor, significó para la fuerza de Cano un desempeño sorprendente. Esa elección, de todos modos, será recordada por otras cosas: los cuartos oscuros plagados de boletas, el despilfarro de fondos para militar cientos de listas acopladas en todos los niveles electorales, el bolsoneo generalizado, la quema de urnas y batallas campales en escuelas y, finalmente, las serias sospechas de delitos electorales y fraude para favorecer al oficialismo, que incluso llevaron a un pleito judicial en el que una cámara contencioso administrativa declaró nulos los comicios y, luego, la Corte provincial revirtió el fallo y los consideró válidos.

De todos modos, hasta el día de hoy, las de 2015 siguen siendo las mejores elecciones de la oposición en comicios provinciales recientes. En 2019, con un gobierno nacional golpeado, la alianza cambiemita tucumana retrocedió a un 20% y Manzur se mantuvo levemente por encima de 50%. Con un escenario nacional aparentemente favorable a los opositores y un peronismo nacional desbandado, el 14 de mayo, dentro de tres semanas, la próxima cita electoral en la provincia parece más abierta.

Incentivos, acoples, legisladores

Pero antes de hablar del presente, tomemos algunas ideas de lo que viene pasando. Las últimas dos elecciones ejecutivas (2015 y 2019), en las cuales la oposición, a pesar de sus resultados, fue una fuerza más o menos compacta e identificada con un proyecto nacional, revelaron algunas cosas más sobre el sistema electoral de Tucumán. Primero que nada, se confirmó que, como buen sistema armado en torno a las colectoras legislativas y con un Poder Ejecutivo fuerte, sirve en gran medida para que el gobierno mantenga el poder. Sin embargo, esto por sí solo no es tan grave. Todos los politólogos saben que cualquier oficialismo, a priori, es favorito en cualquier sistema electoral.

Ahora bien, ¿qué es lo que haría de Tucumán un caso de erosión democrática y no simplemente de utilización más o menos normal de las ventajas de ser gobierno? El dato que nosotros vemos para inclinarnos por lo primero es la situación extremadamente dificultosa en la que el sistema de acoples, sumado a otras características de la estructura institucional de Tucumán, pone a un opositor que quiere competir.

Creemos que en Tucumán hay erosión democrática por la situación extremadamente dificultosa en la que el sistema de acoples pone a un opositor que quiere competir.

Asumamos que sos un opositor cambiemita con aspiraciones racionales a competir por la gobernación contra un gobierno que sacó más de la mitad de los votos. Para ello necesitás aglutinar a la máxima cantidad de espacios políticos no comprometidos con el oficialismo y necesitás que haya la menor cantidad de candidatos a gobernador de la oposición. Como en Tucumán no hay PASO, para pedirles a otros posibles candidatos opositores que te acompañen, o que se bajen y te apoyen, lo más atractivo que tenés para ofrecerles es acoples para legislador provincial. Eso les conviene a vos y a ellos. Para ganarle al oficialismo vos necesitás tener muchos acoples, es decir, mucha gente candidateándose a legislador en muchas listas distintas y que todas lleven tu boleta pegada a la suya. A ellos les conviene, porque no es tan difícil lograr una banca legislativa. Juntando más o menos 10.000 votos se logra sentar al que encabeza la lista. En una provincia con alrededor de 1.200.000 electores, es un número alcanzable.

Para que te sirva de verdad, de todos modos, tenés que tener muchos acoples. En el competitivo 2015 los opositores llevaron 29 y el oficialismo 33; en 2019, una mala elección cambiemita, llevaron 25 contra 38 del peronismo. Sabés que el oficialismo llevará más que vos, pero vos no podés quedarte muy atrás.

Por lo tanto, dadas las necesidades, las elecciones serán caóticas. Habrá un cuarto oscuro lleno de boletas y, en el nivel legislativo, será muy difícil distinguir a un candidato de otro. Si tenemos la experiencia de que una PASO nacional con diez boletas es ya difícil de digerir, imaginemos lo que serán unos comicios donde puede haber mesas con más de 35 boletas en las secciones electorales más pobladas.

A eso hay que sumarle algo más. Para gobernador vas a competir con el oficialismo en un duelo bastante bien delineado y entendible: dos fórmulas, a lo sumo tres. Tus acoples, en el nivel legislativo, en cambio, vivirán una elección completamente distinta a la tuya, porque también competirán entre ellos, entre los acoples del mismo espacio. Los primeros votos que un acople cambiemita debe buscar son los de la pecera cambiemita. Así, la elección legislativa en Tucumán es una batalla entre aliados. O, dicho de otro modo, para ser legislador no hay ningún aliado, son todos adversarios. Vos y tu oponente a gobernador se benefician de esta guerra total y, aún más, la alentarán. Son las reglas del juego si querés aspirar al máximo lugar.

El problema de este escenario es que, en la práctica, se convierte en un juego a todo o nada. Si perdés la elección a gobernador, que es lo más probable en Tucumán, podés quedarte con muy poco, porque muchos acoples no garantizan una bancada de legisladores grande, más bien al contrario, pueden ayudar a que sea bastante pequeña. Si, como en la elección de 2015, tenés muchos acoples que todos juntos te aportan buenos votos a vos, pero que por sí solos no llegan a conquistar muchas bancas, no sólo obtenés guerra fratricida, sino que también te quedás con una fuerza política opositora sin potencia para hacer contrapeso.

Los pocos legisladores que terminan llegando, además, tampoco se sienten aliados entre sí: hicieron campaña por separado, pertenecieron a listas distintas y lo que compartían, que era tu boleta, ya no existe. Desembarcan, además, en la Legislatura tucumana, la cámara provincial con el presupuesto más holgado de todo el país, y cuyos fondos son manejados por el vicegobernador con discrecionalidad casi total. Ese presupuesto se materializa, sobre todo, en forma de contratos. Un legislador oficialista puede llegar a disponer de 50 posiciones laborales para su tropa; el peor opositor tiene, como mínimo, 10. En el medio están todas las posibilidades de negociación.

Una alternativa sería hacer un juego de largo plazo. Armar una sola lista legislativa sin acoples para intentar conseguir un bloque fuerte. Es lo que hizo Ricardo Bussi en 2019.

Entonces competiste contra un oficialismo que gobierna hace más de dos décadas la provincia, que cambió la Constitución y que armó su propio sistema electoral. No ganaste, quizás por poco. Ahora tenés un grupo de legisladores perdidosos, enemistados entre sí y aislados del poder y que, encima, están sentados frente a una fuente inagotable de contratos oficialistas. ¿Cuál sería su incentivo para construir una fuerza que le haga competencia al Gobierno y se prepare para la próxima elección? ¿Para qué? ¿Para hacer esto mismo una vez más?

Una alternativa sería hacer un juego de largo plazo, no pretender ganar la gobernación inmediatamente sino armar una sola lista sin acoples para intentar conseguir un bloque legislativa fuerte. Es lo que hizo Ricardo Bussi con Fuerza Republicana en 2019. Logró sentar a nueve legisladores sacando el 13% de los votos, siete puntos porcentuales menos que el cambiemismo, que llevaba más de 20 colectoras y conquistó  cuatro bancas menos. El sistema permite esa rareza porque, al final del día, cada acople es un partido separado y una lista completa.

Los legisladores bussistas sí pertenecían a un mismo espacio, habían llegado juntos y podían ser una fuerza opositora compacta. Esta estrategia, sin embargo, tampoco termina siendo tan convincente. Por un lado, para un espacio como Juntos por el Cambio, que intenta juntar a muchas vertientes políticas, sería muy difícil resistir a la presión de los acoples. Imaginemos el dilema de un dirigente con pocas convicciones ideológicas (como hay en todos los espacios y son necesarios en todas las fuerzas) que tiene que elegir entre sumarse a la oposición y esperar un turno en la única lista larga de los radicales tucumanos, o acercarse al oficialismo y que le habiliten un acople y le aporten fondos para que compita por sus 10.000 voluntades. No hay dilema.

Además, tampoco la unidad partidaria parece resistir en la legislatura tucumana. En estos tres años y medio, Bussi fue perdiendo a varios de sus dirigentes y su bloque se debilitó dramáticamente. Las razones de las defecciones son varias y muchas no del todo claras, pero lo cierto es que para 2023 Bussi no es un postulante más fuerte gracias a su gestión opositora. Su principal potencia es que, tras un cuarto de siglo trabajando de político, decidió ser candidato de la antipolítica de Javier Milei.

¿Quién le teme a 2023?

Igual que en las últimas ocasiones, este año el principal contendiente del peronismo será el cambiemismo, que por primera vez se llamará a nivel local Juntos por el Cambio, porque la marca parece que paga bien ahora. La confección de la elección es muy parecida a la de 2015. Encabeza la fórmula el diputado nacional Roberto Sánchez, un radical con buena imagen por su gestión municipal en la ciudad de Concepción. El candidato a vice es otra vez el intendente peronista de la populosa capital provincial (Germán Alfaro). Ambos compartieron la boleta legislativa nacional en 2021 (Alfaro, senador; Sánchez, diputado) y le dieron un buen susto electoral al peronismo, más serio incluso que el de 2015: 42% para el Frente de Todos y 40% para JxC.

Pero lo cierto es que en esa elección no se disputaba la gobernación, el verdadero premio de la provincia. Además, se jugaba con otras reglas: el sistema electoral nacional que, aunque criticable en algunas cosas, visto desde Tucumán parece un reloj suizo.

En mayo volvemos a la arena principal y, como Manzur en 2015, el candidato del oficialismo es el saliente vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el dirigente que manejó la mina de oro de la Legislatura estos últimos ocho años y con quien casi todos los dirigentes tienen una pequeña deuda. Está la rareza de que Manzur, al estilo de Cristina Kirchner en 2019, va de candidato a vicegobernador. Pero a diferencia de Cristina, electoralmente esta apuesta no parece significativa: la fuerza del peronismo tucumano, desde 2015 para acá, está mucho más en su pericia para manejar el aparato electoral que en el atractivo de sus candidatos.

Tanto JxC como el oficialismo llevan un buen número de colectoras para aglutinar a la mayor cantidad de espacios y dirigentes sueltos. La oposición, de nuevo, si pierde la gobernación puede quedar con muy poco en la Legislatura. Llegarían solos y separados a la misma legislatura en donde todos los oficialistas se alinean por la fuerza de la billetera. Quizás la principal diferencia con 2015 sea que ahora muchos de los candidatos opositores vienen de intendencias gobernadas por JxC y pueden mostrar gestiones municipales valoradas, como las de Yerba Buena, Concepción, Bella Vista y la Capital.

Si JxC pierde este año será disputando con las armas del oficialismo una vez más: metiendo a muchos jugadores juntos sin una estrategia electoral clara.

De nuevo, ¿es suficiente para ganar? Quizás, pero, por supuesto, no lo sabemos. Y como dice el politólogo Adam Przeworski, si esto todavía es una democracia no lo deberíamos saber. Lo que sí sabemos es que si JxC pierde este año, será disputando con las armas del oficialismo una vez más: metiendo a muchos jugadores juntos, de cualquier manera, y saliendo a la cancha a cosechar votos sin una estrategia electoral y comunicacional más clara que la sola imagen del principal candidato, los aparatitos de cada dirigente y, acaso, el sello nacional. El oficialismo hace eso y le viene funcionando. Nosotros estamos por intentar un tiro más con la misma jugada que no nos sirvió antes.

Hay una jugada más que JxC sigue sin intentar: la de la profesionalización de la campaña electoral. Esa en la que se estudia cada mensaje para saber a qué público queremos apuntar y cuándo; en la que se crean perfiles especiales para los electores de la provincia de Tucumán; en la que se analiza la arena política en detalle y se determina, por ejemplo, cuántos acoples convienen en cada sección para tener una chance de ganar, sin perder de vista la necesidad de conservar algo en caso de derrota; en la que se arma un espacio grande, pero decentemente compacto y con objetivos concisos. En esencia, se lee, se estudia y se aplica a fondo el manual para competir en elecciones argentinas, algo que viene haciendo el cambiemismo triunfante hace varios años. Esa bala aún no la disparamos: sería deshonesto decir que Tucumán es inaccesible antes de hacerlo.

Pero, de nuevo, ¿es posible siquiera empezar a armar esa estrategia en una provincia con los incentivos políticos tucumanos? ¿No estaremos tarde ya? Supongamos que no llegamos a ganar este año. ¿Cuántos dirigentes querrán someterse a los dictados de la comunicación profesional y al manual que, básicamente, popularizó el PRO nacional para intentar una vez más en la provincia donde el peronismo tiene siempre cerca de la mitad de los votos y ofrece infinitos premios para contener a los propios? ¿Por qué lo harían?

Porque quieren cambiar la provincia, deberíamos responder acá. Para nosotros, es triste llegar al final de una nota sin haber hablado de qué es lo queremos para Tucumán. En su lugar, nos dedicamos a especular instrumentalmente sobre el sistema electoral y a sacar conclusiones más bien pesimistas. Parece que sólo nos importa obtener el poder y nada más. Eso no es así, pero sí decidimos escribir esta nota y no la otra, la de las propuestas sesudas y optimistas. Esta, pensamos, refleja más fielmente cómo se vive la política en una provincia peleando en el borde la erosión y el colapso democráticos. Y vale la pena que lo vean.

 

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Manuel M. Novillo

Licenciado en Filosofía (UNT). Máster en Ciencia Política (NYU). Docente universitario e investigador doctoral del CONICET. Vive en Tucumán.

Inés Palacios

Politóloga (UTDT). Fue Obama Scholar en Universidad de Columbia. Coordina programas de becas en programación en Tucumán.

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