BERNARDO ERLICH
Domingo

Basta de “cívico-militar”

El kirchnerismo le atribuye al plan criminal de la dictadura el objetivo superior de instaurar un modelo económico. Luis Moreno Ocampo quiso desmontar ese relato en La TV Pública y armó revuelo.

La semana pasada, Luis Moreno Ocampo visitó el programa Desiguales de La TV Pública. Como suele suceder en estos tiempos, casi todos nos enteramos de la entrevista por los recortes que circularon y no por la totalidad de la nota. En este caso lo que se mostró fue un puñado de frases en las que Moreno Ocampo sostenía su certeza acerca de la complicidad del Partido Comunista Argentino con la dictadura. El recorte podría dar la idea de que el ex fiscal del Juicio a las Juntas fue al programa para saldar alguna cuenta pendiente con el PC o para ofrecer una mirada revisionista sobre la dictadura que vaya más allá del relato oficial ya cristalizado. No es que las críticas a la conducción del PC durante esos años sean una novedad, pero es cierto que en el contexto de un programa de televisión afín al kirchnerismo, recordar las acciones sinuosas del PC por aquellos tiempos podía sonar como una provocación o un llamado al debate.

De hecho, eso fue lo que sucedió. Fueron varios los que salieron a festejar la acusación de Moreno Ocampo, en la mayoría de los casos sin ningún rigor histórico o conceptual que apoye ese festejo, sino solo con el fin de que “les duela a los zurdos”. Pero hubo también aportes más certeros y documentados. Aldo Duzdevich, en esta muy buena nota en Infobae, cita una declaración del PC del 24 de marzo de 1976, en la que se evidencia un apoyo más que tácito al golpe. La justificación de ese apoyo se basaba en el rechazo explícito del PC a las acciones de la guerrilla, una posición que había sostenido desde años previos, lo que lo diferenciaba de otros partidos de izquierda. No parece casual, como bien dice Duzdevich, que el Comunicado 45 de la Junta Militar del 24 de marzo prohibiera las actividades del Partido Comunista Revolucionario, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero, el Partido Obrero Trotskista, el Partido Comunista Marxista Leninista, pero no dijera nada del Partido Comunista Argentino. En mayo del ’76, la Federación Juvenil Comunista (la Fede), la rama juvenil del PC, lanzó una revista quincenal llamada Vamos! Al tiempo joven, con salida legal e incluso con publicidad de la Secretaría de Turismo de la Nación. El contenido de las notas, más allá de toda una parte importante dedicada al rock y a personalidades de la cultura y el deporte, no difería mucho de otras publicaciones masivas de la época, en las que se ensalzaba la figura de Videla en un rol paternal y protector, en paralelo a una estigmatización de las “ideologías extremistas ajenas al sentir nacional”. En el número 9, de septiembre de 1976, se llegaba a destacar “los logros de la adminsitración” de Bussi como gobernador de Tucumán.

Es una prueba más de que la Argentina vivió una época no sólo violenta y llena de horror, sino también confusa, contradictoria y traumática.

En ese mismo sentido es interesante lo que dijo Jorge Sigal, que fue miembro de la Fede en esos años. Hace mucho que Sigal reniega de su militancia en la izquierda en los ’70, como lo cuenta en su muy recomendable libro El día que maté a mi padre. Pero precisamente por su mirada distanciada, lejos de todo romanticismo nostálgico, es un testigo privilegiado de esa época y de este tema en particular. Sigal explica que el PC apostaba a una convergencia con las Fuerzas Armadas porque consideraba auspicioso que la Junta Militar hubiera desechado una “solución pinochetista”. Sigal confiesa que apoyó en ese momento esa posición frente a la dictadura, convencido de que había un sector militar moderado representado en la figura de Videla. Hoy eso nos parece increíble o sospechoso, pero era no sólo la percepción de una parte grande de la sociedad argentina, sino también de periodistas y políticos muy informados y que no podemos de ninguna manera acusar de cómplices de la dictadura.

Es un hecho comprobado y documentado que el PC tuvo una posición de apoyo hacia al menos un sector importante de la Junta Militar. Es una prueba más de que la Argentina vivió una época no sólo violenta y llena de horror, sino también confusa, contradictoria y traumática. Han estado sobrando los discursos que quieren simplificar retrospectivamente la historia, para ubicar sin matices a todos los buenos de un lado y a todos los malos del otro, y acomodar los hechos a la conveniencia de identidades políticas del presente. Como dice Claudia Hilb en el subtítulo de ¿Por qué no pasan los ’70?: “No hay verdades sencillas para pasados complejos”.

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Es importante y sano repasar y no esconder las acciones y posiciones ante la dictadura de una institución tan relevante como el PC, pero las afirmaciones de Moreno Ocampo, y su énfasis en señalar su complicidad con el horror más grande de nuestra historia, suenan demasiado fuertes e injustas. El PC cuenta con más de 100 desaparecidos entre sus filas. Es cierto que la conducción nunca cambió su línea de “apoyo crítico” a la dictadura militar, a pesar de que seguramente tenía conocimiento de esas desapariciones. Pero plantear la idea de una complicidad total enloda a demasiadas personas, incluso a víctimas de la dictadura. Pero como veremos más adelante, la lectura de esas declaraciones no es tanto culpa de Moreno Ocampo sino del recorte que se difundió, porque el énfasis de sus palabras, aun cuando insisto en que fueron exageradas, se favoreció de la falta de contexto. La entrevista cursó otros caminos, más interesantes que los que se debatieron estos días.

Gustavo Noriega, en este hilo de Twitter, fue uno de los que razonablemente señaló que Moreno Ocampo había exagerado: “Es parte de la satanización de toda la sociedad y de la idea de «dictadura cívico-militar», muy cómoda al relato kirchnerista”. Supongo que Noriega no vio la entrevista completa (no es un reproche, porque casi nadie la vio), porque ahí queda claro que la intención del ex fiscal fue traer a la mesa esa vieja posición del PC respecto a la dictadura precisamente para desmontar ese relato kirchnerista.

No fue la economía

Por momentos los entrevistadores quisieron llevar a Moreno Ocampo a hablar del actual juicio político a la Corte para buscar una analogía con el funcionamiento de la justicia durante la dictadura. Pero él no tenía ganas de hablar de eso y llevó la charla hacia la necesidad de que los candidatos a las elecciones propongan planes integrales y consistentes de seguridad en un marco democrático y de respeto a los derechos humanos. Dijo que la dictadura tenía un plan de seguridad, uno criminal y totalmente repudiable, pero tenía un plan; en cambio, ni los actuales gobiernos ni los candidatos que pretenden sucederlos plantean nada concreto para combatir la complejidad del crimen organizado. Los entrevistadores lo chicanearon, acusándolo veladamente de estar elogiando a la dictadura, algo que claramente no estaba sucediendo. Pablo Caruso, uno de los conductores, empezó entonces a insistir con la vieja y ya cristalizada idea del progresismo y la izquierda de que el principal objetivo de la dictadura fue instalar un plan económico y que la desaparición de personas fue necesaria para convalidar un modelo de país afín al poder económico dominante.

Existe todavía un debate histórico no resuelto acerca de las motivaciones más profundas que determinaron los objetivos políticos de la dictadura. La línea que sostiene Caruso se justifica en el hecho de que para marzo del ’76 las organizaciones armadas estaban prácticamente diezmadas y habían perdido poder de fuego. Eso es relativamente cierto, pero también es verdad que luego del golpe la represión ilegal se intensificó y aceleró, además de conformarse dentro de un plan de exterminio criminal que incluía campos de concentración, la sistematización de la tortura como método de acción y la desaparición de personas por fuera de todo marco legal. Parece bastante evidente que el principal objetivo de la Junta Militar era eliminar la guerrilla, un mandato que sentían que venía de una gran parte de la población.

El énfasis en sostener que el terrorismo de estado fue el brazo armado de un plan económico liberal es una mirada con cálculo partidario que le baja el precio al horror.

Respecto a la relación de la dictadura con el poder económico y empresarial, da la impresión de que las élites económicas y las Fuerzas Armadas hicieron una alianza en las que las dos partes sintieron que ganaban. A unos les servía que alguien “ponga orden” para poder desarrollar sus planes económicos y empresariales; a los otros les servía el apoyo político de las élites para poder ejercer la represión ilegal con más respaldo. Pero el énfasis en sostener que el terrorismo de Estado fue el brazo armado de un plan económico liberal es no sólo una simplificación histórica sino una mirada con cálculo partidario que no hace otra cosa que bajarle el precio al horror de la dictadura. ¿De qué sirve insistir con el plan económico de la dictadura si de lo que estamos hablando es de reforzar un consenso respecto a que torturar y desaparecer personas está mal, que nunca más tiene que pasar eso en nuestro país, que las formas que adquirió la represión ilegal en la dictadura alcanzó niveles de monstruosidad imperdonables?

Está implícita –y a veces explícita– la idea de que no sólo el plan de exterminio ideado por la Junta Militar fue genocida, sino que también lo fue la ideología económica de matriz liberal. O “neoliberal”, como gustan decir sin que se sepa a qué se refieren. Planteadas así las cosas, se llega al extremo de sostener que cualquier otro modelo económico que se plantee como liberal –o neoliberal– también sería genocida. Esta falacia ha atravesado gran parte del discurso kirchnerista y de la izquierda sobre la dictadura. El “Macri, basura, vos sos la dictadura” es sólo la punta de un convencimiento casi infantil. Los documentos que acompañan cada acto del 24 de marzo lo dicen sin disimulo.

Por otro lado, está en discusión si efectivamente el plan económico de la dictadura puede definirse como estrictamente liberal, ya que sostuvo altos niveles de proteccionismo, estatismo y una lógica corporativista. Pero aun aceptando la simplificación de homologar el proyecto de Martínez de Hoz al de Menem o al de Macri, este planteo es peligroso. Está implícita la idea de que la única manera de sostener un plan económico liberal es con represión ilegal. Están sugiriendo, aunque no se den cuenta, que el horror y los crímenes habrían sido más graves porque respondían a cierto modelo económico y no a otro. Este pensamiento cristalizado tal vez sea el que los ha llevado a no querer ver que Cuba es una dictadura que lleva ya más de 60 años, que allí se violaron y se violan derechos humanos esenciales, que se fusiló y se encarceló por motivos políticos y se ejerció el terror desde el Estado.

Basta de “cívico-militar”

Cuando durante mucho tiempo se nombró al Proceso de Reorganización Nacional como “dictadura militar” no se estaba negando la participación de civiles en el gobierno o su complicidad con las políticas represivas ilegales. Lo que se quería resaltar era el hecho de que las Fuerzas Armadas habían tomado el poder por la fuerza, violando la Constitución y suspendiendo los derechos civiles fundamentales. Luego se empezó a decir “dictadura cívico-militar”, y más cerca en el tiempo “cívico-eclesiástico-militar”, para recordar el rol innegable de la cúpula de la Iglesia Católica como sostén moral del régimen y cómplice directo de sus crímenes. Creo que deberíamos volver al simple y directo “dictadura militar”. La acumulación de complicidades en la denominación, más que ser efectivo en ampliar el espectro de las responsabilidades, lo que terminó haciendo fue diluir las culpas de los perpetradores principales.

El esfuerzo por querer demostrar que los crímenes de la dictadura fueron el resultado directo y automático de la necesidad de instaurar un plan económico de matriz liberal viene unido a la idea de que esos crímenes serían más graves porque se cometieron contra ciudadanos que promovían un modelo alternativo al que se instauró. Hace falta volver a decir que no importa en nombre de qué verdad se instaló el terror estatal –y eso era lo que intentaba explicar Moreno Ocampo y nadie en el estudio de La TV Pública parecía entender–; lo que importa es que ese terror haya existido, la degradación cívica que implicó para toda la sociedad y las vidas que se perdieron o arruinaron. El espíritu del Nunca Más no debe circunscribirse a un modelo económico, sino a la metodología del terror.

 

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Juan Villegas

Director de cine y crítico. Forma parte del consejo de dirección de Revista de Cine. Publicó tres libros: Humor y melancolía, sobre Peter Bogdanovich (junto a Hernán Schell), Una estética del pudor, sobre Raúl Berón, y Diario de la grieta.

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