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Domingo

Bocas tapadas

El último gobierno kirchnerista fue el que más derechos humanos violó en democracia. Es hora de arrebatarles esa bandera.

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Los derechos humanos son universales. Esta es una realidad en muchos lugares, pero no en la Argentina. En los últimos 20 años, el kirchnerismo se apropió de los derechos humanos para hacer militancia partidaria y defender los de algunos e ignorar –cuando no, incluso, atropellar– los de otros. Esta parcialidad estuvo acompañada por otra decisión política: acotar la agenda de los derechos humanos al pasado, fijarla de forma excluyente en los años ’70.

En la Cámara de Diputados existe la Comisión de Derechos Humanos, un ámbito que durante el gobierno de Alberto Fernández no funcionó: prácticamente no tuvo reuniones ni proyectos que lograran dictamen. El kirchnerismo, que presidía la comisión, se negó sistemáticamente a que se hablara ahí sobre las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en ese mismo momento. Ahora la historia cambia y va a quedar claro que el gobierno de Fernández fue el que más derechos humanos violó en democracia. El kirchnerismo, que tuvo que entregar la bandera de la educación después de cerrar las escuelas dos años, ahora se va a tener que preparar para entregar la de los derechos humanos.

Los ’70, parte de nuestro pasado

La dictadura militar, la violencia de los partidos armados y los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la década del ’70 serán siempre un capítulo central en la historia de las violaciones de los derechos humanos de la Argentina. Nunca antes experimentamos un horror semejante y deseamos que nunca jamás algo parecido vuelva a ocurrir. Durante la campaña electoral de 1983, es decir, en momentos en los que los militares aún eran gobierno, Raúl Alfonsín se animó a decir que había que juzgar y condenar las violaciones de derechos humanos del gobierno militar y también los crímenes cometidos por los partidos armados, principalmente por Montoneros y ERP. Así lo hizo.

Este acto de justicia se dio vuelta con el peronismo. Cuando Carlos Menem fue presidente otorgó los indultos. En 2003, un kirchnerismo recién asumido, en plena construcción de poder y con la estrategia de la transversalidad y de la apropiación de reclamos de la sociedad civil, reabrió el capítulo. Lo hizo mintiendo desde el primer día. En la puerta de la ESMA, al anunciar que ese sitio se transformaría en un museo, Nestor Kirchner dijo: “En nombre del Estado, vengo a pedir perdón”. ¿Por qué pedía perdón? Por un relato que inventó, en el que el Estado argentino no había hecho nada frente a las violaciones de derechos humanos de los ’70. Con ese pedido de disculpas borró de la historia decisiones políticas de las que debemos estar orgullosos, como fueron la CONADEP, el Juicio a las Juntas y la valiente determinación de Alfonsín en materia de derechos humanos que se coronó en una pedagogía que adoptamos todos, la que marca que el único camino posible es la democracia.

El kirchnerismo fue negacionista: negó lo que otros partidos políticos habían hecho antes que ellos y fingió demencia frente a la decisión del Partido Justicialista de no participar en la CONADEP. Mientras Alfonsín decidió juzgar, el peronismo intentó librar de culpa y cargo a los que cometieron crímenes de lesa humanidad. El kirchnerismo nunca dijo una palabra sobre esto y, en cambio, lo que sí hizo fue reescribir la historia cambiándole el prólogo al Nunca Más, es decir, alterando el inicio de un libro que escribieron otros y que trata sobre un proceso político del cual su partido no participó.

Por otro lado, en lugar de condenar toda la violencia y también criticar el accionar de los partidos armados, hicieron lo contrario. Los convirtieron en héroes. A quienes asesinaron, secuestraron y pusieron bombas que en democracia atemorizaron a toda la sociedad, los convirtieron en “la juventud maravillosa”.

Organizaciones de la sociedad civil que surgieron con reclamos justos y necesarios fueron cooptadas por la política partidaria para defender la agenda de su gobierno.

Los daños se pueden seguir enumerando y lo voy a hacer de forma rápida porque, justamente, la intención es pasar de página y no seguir instalados exclusivamente en las violaciones de derechos humanos del pasado. Pero no podemos dejar de mencionar cómo el kirchnerismo hirió de muerte a organizaciones defensoras de derechos humanos, que hasta ese momento habían hecho un trabajo importantísimo. Abuelas de Plaza de Mayo es un ejemplo, pero no el único. Organizaciones de la sociedad civil que surgieron con reclamos justos y necesarios fueron cooptadas por la política partidaria para defender la agenda de su gobierno. Incluso las involucraron en las peores cosas, como el caso de Sueños Compartidos, ese programa de viviendas gestionado por Madres de Plaza de Mayo que se terminó convirtiendo en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del kirchnerismo. Sentaron a Madres y Abuelas en primera fila de actos de Néstor y de Cristina, buscando que el prestigio que solían tener se les contagiara por ósmosis. Sin embargo, lo que lograron fue lo contrario: el Gobierno no se contagió el prestigio de las Abuelas sino las Abuelas, el desprestigio del Gobierno; quedaron todos pegoteados en la misma bolsa de corrupción y uso político de la memoria.

La consecuencia de este desprestigio general es que hoy, en una parte del gobierno de La Libertad Avanza hay sectores que actúan en forma de espejo en relación a lo que hizo el kirchnerismo. Siguen instalados en el mismo lugar, en el de las violaciones de derechos humanos de los años ’70, pero invierten las inteligencias: los que el kirchnerismo vendió como los buenos ahora son los malos y los malos de siempre se venden como buenos. Desde esta mirada, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, no se habla de la juventud maravillosa sino de terroristas. Y se levanta un reclamo que es justo: la necesidad de indemnizar a las víctimas de los partidos armados, así como se indemnizó a las víctimas de la dictadura militar. Sin embargo, este reclamo que, repito, me parece justo, no viene acompañado por algo que es necesario: repudiar a la dictadura, decir claramente que estuvo mal, que las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquellos años no fueron excesos aislados sino una decisión política de los más altos mandos militares, ejecutadas luego por cada una de las fuerzas.

De este modo, pese a las enormes diferencias que separan la visión del kirchnerismo y la de LLA en materia de derechos humanos, en lo que coinciden es en que ambas siguen paralizadas en los años ’70.

¿Y de la actualidad quién se ocupa?

Nosotros. Tenemos que ser nosotros. Por eso me genera tanta ilusión que el bloque PRO me haya nombrado presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados.

Busqué ocupar este lugar con dos objetivos. El primero es lograr que los que estamos de este lado nos amiguemos con la lucha por los derechos humanos. No sólo que nos parezca bien sino que, además, entendamos su importancia. Lo que nosotros despreciamos es el uso político y partidario que hizo el kirchnerismo del tema, pero los valores englobados en la defensa de los derechos humanos son nuestros valores.

¿Acaso no creemos que todos los seres humanos deben nacer libres e iguales en dignidad y derechos sin que importe la raza, el color, el sexo, el idioma o la religión? Estamos a favor de la vida, la libertad y la seguridad; en contra de la esclavitud, de las torturas, de las detenciones arbitrarias, de los destierros y de las intromisiones injustificadas en nuestras vidas privadas. Creemos en el derecho de todas las personas a ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en el derecho a tener una nacionalidad, a ser iguales ante la ley, a circular libremente, a entrar y salir del país, a trabajar y a estudiar. Sabemos que se tiene que respetar el derecho a la propiedad privada, la libertad de pensamiento y opinión y que todos los adultos debemos tener la posibilidad tanto de elegir como de ser elegidos representantes políticos. Es decir, creemos en la democracia, la libertad, la propiedad privada y el pluralismo.

Mientras que Alberto sostuvo su soberbia y su dedo levantado, su gobierno fue el responsable de haber cometido la mayor cantidad de violaciones de DDHH en democracia.

Estos valores, tan nuestros, son calcados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos a favor de todo esto, lo que nos agotó fue el relato de los derechos humanos y el curro de los derechos humanos, las consignas y acciones kirchneristas. Y, hartos como estamos, es hora de que nos encarguemos de que el kirchnerismo pierda esa bandera, no sólo por haberla maltratado y pisoteado sino porque en su última versión, en el gobierno de Alberto Fernández, se convirtió en la experiencia política que más violó los derechos humanos desde 1983 hasta acá. No lo digo yo, conocida antikirchnerista. Lo dicen organizaciones de derechos humanos que responden a corrientes de ideas que no comparto, como CORREPI y Amnistía Internacional.

Los años 2020 y 2021 fueron los años en los que el Estado asesinó a más personas desde el final de la dictadura militar. Mientras que Alberto Fernández sostuvo su soberbia y su dedo levantado, su gobierno fue el responsable de haber cometido la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos en democracia y, por eso, mi segundo objetivo con la Comisión es que nos quede claro esto. Que nunca más el kirchnerismo se pueda llenar la boca hablando de derechos humanos. Para eso decidimos llevar adelante la tarea de registro de violaciones de derechos humanos durante la pandemia (pueden seguirnos en @RVPArgentina). Valentino Blas Parera, Facundo Astudillo Castro, Franco Isorni y tantos otros fueron asesinados porque no tenían un papelito, el permiso de circulación que Alberto Fernández decretó que todos los argentinos necesitábamos para salir de nuestras casas. Esta decisión, plasmada en el Decreto 222, les otorgó a las policías provinciales y a las fuerzas federales una discrecionalidad y arbitrariedad que terminó en casos de abusos de autoridad. Era responsabilidad del presidente Fernández cuidarnos, como él mismo nos decía con el dedito levantado. Sin embargo, hizo todo lo contrario.

Otro caso que todos recordamos es el de Magalí Morales, que salió de su casa a hacer las compras y apareció muerta dentro de una comisaría en San Luis. Todo esto pasó en democracia, en el último gobierno, bajo el silencio de los organismos de derechos humanos y también de los colectivos feministas a quienes el asesinato de una mujer, en este caso, no conmovió. También fue responsabilidad de Alberto Fernández que Solange Musse, con un cáncer terminal, no pudiera despedirse de su familia. Fueron las decisiones del Gobierno nacional las que hicieron que Pablo Musse no pudiera ir a darle un último abrazo a su hija. Recordamos también a Abigail Jiménez y a su padre, cruzándola en brazos por la frontera provincial para recibir un tratamiento para combatir su cáncer. Y las incontables violaciones de derechos humanos en Formosa, responsabilidad de Gildo Insfrán, felicitado y puesto como ejemplo por Alberto Fernández.

Nuestra agenda de derechos humanos tiene que reclamar verdad y justicia. Verdad y justicia para todos, no para algunos sí y otros no.

Todas estas muertes fueron consecuencia de las decisiones del presidente y por eso también son su responsabilidad.

Además de todos los afectados individuales –la lista lamentablemente sigue–, también están las medidas que violaron los derechos humanos de millones de ciudadanos a la vez. El cierre de escuelas durante dos años es el ejemplo más claro de esto. El derecho a la educación fue negado. En todo el mundo hubo pandemia pero son muchos los países que privilegiaron a los chicos y no cerraron las escuelas más que por un par de semanas. El derecho a la libre circulación o el de volver al país también fueron vulnerados. Y, de nuevo, para los que insisten con el contexto, con la existencia de la pandemia, les repetimos: no en todos los países la pandemia se gestionó igual, no en todos los países la pandemia sirvió de escenario para la violación de derechos humanos.

En la Comisión del Congreso vamos a recibir a víctimas y familiares de víctimas, vamos a registrar sus testimonios, vamos a sistematizarlos y vamos a ocuparnos de que quede prueba de lo que ya sabemos: desde la recuperación democrática hasta hoy, el Gobierno que más violó los derechos humanos fue kirchnerista, fue el gobierno de Alberto Fernández.

Nuestra agenda de derechos humanos tiene que reclamar verdad y justicia. Verdad y justicia para todos, no para algunos sí y otros no. No puede quedarse en el pasado, porque hoy en muchas provincias argentinas ocurren violaciones a los derechos humanos a las que hay que prestarles atención. Por eso, nuestra agenda debe tener actualidad y diversidad temática. Tiene que incorporar cuestiones que parecían que no eran un problema en nuestro país pero que hoy se nos imponen con una potencia ensordecedora, como es el antisemitismo. Tenemos que preocuparnos por lo que pasó con los derechos humanos en los 40 años de democracia y lo que pasa hoy, sin construir un relato. Porque los relatos caen, es sólo una cuestión de tiempo. Bien lo sabe el kirchnerismo, que llegó a organismos internacionales mintiendo de forma compulsiva sobre el caso Santiago Maldonado. Inventó y difamó la última vez que fueron oposición, ¿acaso no lo va a hacer ahora? Estoy segura de que sí.

La diferencia es que nos van a tener ahí trabajando, defendiendo a los derechos humanos y luchando contra su utilización política, comprometidos con la verdad.

 

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Sabrina Ajmechet

Licenciada en Ciencia Política y doctora en Historia. Profesora de Pensamiento Político Argentino en la Universidad de Buenos Aires. Diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (JxC).

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