En La fábrica de pobres, de la revista digital Seúl del 25 de febrero pasado, su editor general Hernán Iglesias Illa advierte: “Hay que dejar de darles tanta importancia a los informes sobre pobreza de la UCA. Son oportunistas, poco consistentes y, desde la recuperación del INDEC, innecesarios”. El texto tiene la singularidad de estar escrito por alguien en quien se conjugan múltiples condiciones: periodista, escritor y, también, ex funcionario de Cambiemos, es decir, todo un veterano periodista y al mismo tiempo un político novato, tal como el autor se describe a sí mismo en su perfil de X.
Sin duda, los hechos que generaron la contribución, incluso el contenido mismo del ensayo, van mucho más allá de la engañosa y, a mi juicio, falsa implicación que el título sensacionalista utilizado le impone a la noticia. Al parecer, el veterano periodista perdió una partida frente al político novato. En cuanto al Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), sirvan estas reflexiones no para discutir sobre la verdad o falsedad de los dichos, sino para invitar a políticos y periodistas a hacer un esfuerzo por diferenciar la forma del contenido, lo aleatorio de lo importante, el juicio ideológico del juicio de conocimiento.
No conozco ni tengo ninguna relación particular con Iglesias, más allá de haberlo leído en alguno de sus ensayos. Sin embargo, los títulos, contenidos y efectos de información que tiene su nota me parecen incorrectos, desacertados, no fundados en evidencias y poco serios para la labor esperable de un periodista veterano. Cabe agradecer a Seúl y a su editor general por permitirme este derecho a réplica, con libertad y apertura, lo cual habla bien de ellos.
Veinte años de labor
A lo largo de los últimos 20 años, las investigaciones del ODSA sobre las privaciones injustas al desarrollo humano (“deudas sociales”) –incluyendo diferentes medidas de pobreza, no sólo por ingreso–, dado el efecto de sentido sociopolítico de su difusión, nunca han estado exentas tanto de apoyos como de críticas en el campo de la opinión pública y el debate de políticas. Por el contrario, han sido escasas o nulas las críticas científico-técnicas, y por demás valorables los reconocimientos del campo de las ciencias sociales a nivel nacional e internacional.
Un hecho sorprendente vinculado a nuestro informe fue protagonizado por el propio Milei el 1 de marzo, día de la apertura de sesiones del Congreso, cuando a poco de iniciar la descripción de la herencia recibida usó hábilmente a su favor datos y argumentos de nuestro informe, denunciando casi un 60% de pobreza, 30% de trabajadores formales pobres e innumerables deudas sociales postergadas por años de populismo. Sin embargo, también es cierto que el 11 de diciembre de 2015, día en que Macri asumió la presidencia dijo textual, no está de más recordarlo: “No podemos tolerar que, en un país como el nuestro, con tanta riqueza, todavía mueran chicos de hambre. Según el último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el 29% de los argentinos está en la pobreza y el 6% vive en la indigencia. Además, alrededor del 42% de la población carece de cloacas; el 13% no tiene agua corriente y más del 40% no tiene conexión a la red de gas”. ¡De nada, Cambiemos!
De hecho, haber investigado difundido y debatido en el espacio público estadísticas sociales ocultas o invisibilizadas –no sólo en cuanto a la pobreza por ingreso– durante la “década ganada” nos valieron presiones, descalificaciones y desfinanciamientos. Para evaluar la importancia de aquellas “interpelaciones” sólo basta con recordar las reacciones de los jefes de gabinete Aníbal Fernández o Jorge Capitanich e, incluso, del ministro de Economía Axel Kicillof. Así como, al final del gobierno de Cambiemos, cuando la pobreza lejos de llegar a cero crecía, fuimos objeto de ataques infundados a través de las redes sociales.
Y así nos fue, es decir, ser citados o descalificados por los oficialismos o las oposiciones de turno no es lo más importante, ni es lo que está en juego, al menos para nosotros. Lo más importante –ni mucho menos la “fábrica de pobres”– está en los esfuerzos de programas de investigación social por develar lo que a las agendas de gobierno no les conviene o no quieren reconocer, sino en quiénes tienen la responsabilidad política de definir la agenda correcta y mejorar el bienestar real de la sociedad.
En este sentido, el ODSA ha sido una innovación a nivel científico-técnico al penetrar y perdurar como pocos centros de investigación académica lo han logrado –desde un enfoque social interdisciplinario fundado en una perspectiva de derechos– en el escenario del debate político, económico y social de la Argentina. Quizás eso deja incómodos no sólo a algunos, sino a muchos, sobre todo a nivel de políticos, economistas y/o periodistas, en particular liberales, anticlericales o populistas radicalizados, proclives a construir discursos únicos de legitimación comunicacional entre los propios.
En el campo de la opinión pública, sin duda cada informe del ODSA genera un efecto tan intenso como fugaz, es cierto. Por ejemplo, a pesar de los esfuerzos desplegados, nunca logramos que el gobierno de Cambiemos dotara de contenido concreto, plausible y viable al objetivo de Pobreza Cero. Sin embargo, cabe poner en el “haber” la puesta bajo sospecha de los discursos y las agendas “facilistas” de los gobiernos –cualquiera fuese su orientación política–, así como en la agenda de los problemas de las investigaciones científicas e, incluso, ampliar la dotación de información para el debate democrático y, con ello, la construcción de opinión pública más consciente de los problemas sociales en juego. Si algo logramos en este sentido, no ha sido poca nuestra contribución.
Y como en todo proceso de investigación, más allá de los errores aleatorios, también hemos cometido errores sistemáticos –como en toda investigación–, los cuales hemos reconocido y corregido. No es que los premios públicos sean una exacta medida de haber hecho bien “la tarea”, pero la vigilancia externa, tanto social como académica, no deja de ser un indicador de ello. Los premios de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Senado de la Nación, una decena de reconocimientos de universidades públicas y privadas, nacionales e internaciones, ciudades o gobiernos provinciales, el premio Konex de Platino, cuatro proyectos de la Agencia-FONCYT, cuatro investigadores formados, así como seis becarios CONICET doctorados y otros seis en proceso de hacerlo, más de una veintena de jóvenes magister y asistentes formados en esta filosofía de la ciencia, casi un centenar de estudios y evaluaciones de políticas nacionales, provinciales, municipales o de organizaciones de la sociedad civil, más de 70 publicaciones científicas nacionales e internacionales de alto impacto, entre otras expresiones, levantan el ánimo a la hora de hacer balance de nuestra genealogía. ¡Algo bien habremos hecho!
Nuestra respuesta ha sido siempre la misma: continuar con nuestro empeño de interpelar a las dirigencias con evidencias del resultado de sus acciones vis-à-vis sus promesas. A manera de una mirada quizás autocomplaciente, en lo personal tiendo a creer que la sociedad argentina –en especial sus dirigencias– tendrían menos autocontrol en el ejercicio de su poder si no existieran periodistas comprometidos y centros académicos independientes de investigación aplicada como el ODSA, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), el Instituto Gino Germani, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA (IIE-UBA), el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), entre muchos otros, empeñados en difundir resultados con impacto en las políticas públicas.
Dependerá de los estudiosos que hacen historia de las ciencias evaluar las efectivas contribuciones del ODSA en la construcción de la agenda pública y de la agenda científica. Por lo pronto, no son pocos los agentes políticos ni periodistas que muestran contar con los dispositivos epistemológicos necesarios para hacer tal evaluación
Los hechos detrás de una crónica
El mes pasado el ODSA, que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA), republicó parte de un informe presentado el 5 de diciembre de 2023, ofreciendo una reconstrucción de las tasas históricas de pobreza e indigencia (2004-2023), según las mediciones tanto del INDEC como del ODSA, así como una decena de otros indicadores sociales, mostrando la evolución de privaciones y desigualdades en la Argentina urbana durante los últimos 20 años. A su vez, ese informe fue en realidad el resumen de otros cinco estudios temáticos vinculados a cuestiones como hábitat y subsistencia pobreza multidimensional, trabajo y empleo, salud y bienestar subjetivo y deudas sociales hacia la infancia. Hasta donde sabemos, no existen fuentes en la Argentina que cuenten con esta cantidad y calidad de datos en clave histórica.
Pero detrás de estos informes lo importante no era sólo la serie novedosa de datos, sino la reiteración de inferencias lapidarias a partir de los mismos: el fracaso económico y social sistémico de un bipolar régimen de posconvertibilidad que implicó una nueva historia de acumulación de privaciones y desigualdades para una parte importante y creciente de la sociedad argentina. Nada más, nada menos… Pero eso no fue “noticia” ni objeto de “crónica” para el editor en jefe de Seúl.
Sí lo fue la reedición de una limitada selección de indicadores sociales que se difundiera el 15 de febrero bajo el título “Argentina (2004-2023): un régimen inflacionario crónico de empobrecimiento y asistencia social”, en el cual se repasa a través de 32 páginas, a partir de la encuesta anual del ODSA, el progresivo aumento de la tasa de pobreza en el país y fenómenos relacionados, como la menor capacidad de ahorro y la creciente cobertura de los programas sociales. Sin embargo, el estudio –como bien dice el autor de la nota– llamó la atención no por sus análisis de las últimas dos décadas sino por una proyección estadística incluida al final del informe, donde el ODSA calcula por microsimulación (en un gráfico), las tasas de indigencia y de pobreza para los meses de diciembre y enero de 2024. Esto con el fin de recoger el impacto devaluatorio e inflacionario de las medidas correctivas tomadas por el nuevo gobierno.
Es correcto que buena parte de toda esta información, sus contenidos y sus diferentes interpretaciones no fueron destacadas ni debatidas por la mayoría de los medios de comunicación que recogieron el informe, pero también es cierto que estos temas fueron dejados completamente de lado por esta revista. De hecho, mientras que la expresidenta CFK hacía su propia lectura de la serie histórica de pobreza, destacando los últimos ocho años de decadencia, el presidente Milei hacía lo propio, en referencia a los 20 años de populismo, Hernán Iglesias Illa, “irritado” por la noticia, expone argumentos para hacer una crítica a la misión, intenciones y calidad de los trabajos de investigación del ODSA.
En este marco, nos imputa de “oportunistas” por publicar resultados de investigación sensibles a partir de los cuales se buscaba la crítica al recientemente asumido gobierno de Milei, desconociendo que en función de contribuir a una más realista definición de la agenda púbica el ODSA hace estas difusiones desde 2004, sin miramiento político alguno, sufriendo la crítica y el maltrato público de funcionarios, periodistas y militantes de todos los colores y sabores, bajo todos los gobiernos (incluido en el que el autor fue subsecretario de Comunicación Estratégica, gobierno de Cambiemos).
Sin mucho más, sugiere dejar de prestar atención a los estudios del ODSA, porque la pobreza ya la mide el INDEC, sin informarse ni percatarse de que el ODSA no estudia, mide y analiza la pobreza por ingreso, sino un conjunto mucho más amplio de déficits en materia de desarrollo humano e integración social, y que no es sólo el INDEC –ni tampoco el ODSA– la única fuente de estudio e información estadística para estos y otros temas de relevancia social o política. Y por fin, convertido ahora en experto en metodología de las políticas púbicas, nos invita a dejar de estudiar y monitorear la pobreza porque se trata de una medida cargada de supuestos (como si algún concepto no los tuviera) y, en ese marco, sugiere centrarse en los datos del crecimiento, tirando por la borda dos siglos de teorías económicas y sociales.
En fin, imputarle al ODSA ser el responsable de la construcción de sentido que tuvo la noticia nos parece un poco mucho. No somos un medio de comunicación ni tenemos control sobre ellos, ni mucho menos somos capaces de imponer titulares ni de una condicionar las motivaciones de los comunicadores. Sirva la nota que motiva esta réplica como un ejemplo de ello. Pero también cabe destacar un hecho no tan evidente, pero contrastable. El artículo en cuestión reproduce en su corpus los procesos comunicacionales que dice criticar: construye el significado de una noticia recortando e incluso distorsionando los significantes centrales del informe, invistiendo a los estudios del ODSA de una importancia o poder que no tiene. Obviamente, más allá de lo figurativo, es errarle feo al bochín al investir al ODSA como “fábrica de pobres”, omitiendo toda referencia a los factores que operan de hecho el fenómeno real, a no ser que se crea que no existe la pobreza en la Argentina, o que medirla o hablar de ella e “estigmatizante”.
Ni los contenidos del informe ni sus contrapuntos fueron para Seúl un tema de interés. Nada que deba extrañar. Al respecto, es sabido en este campo cómo los procesos de comunicación recortan el significante y construyen el significado de la información en clave a producir un efecto de sentido fácilmente consumible por la opinión pública, anulando el contexto interpretativo e, incluso, los hechos a los que hace referencia la noticia.
Las mediciones de pobreza
Erradicar en el mundo real las privaciones económicas inaceptables en una sociedad no es tarea fácil, pero hasta donde sabemos, no es imposible. Pero si eso en efecto es un objetivo político deseable o buscado, es un error conceptual contrastable con la experiencia, confundir crecimiento con superación de la pobreza, al menos sin definir qué se entiende por pobreza, valorar su magnitud, entender sus causas y evaluar sus consecuencias; y, más aún, sin ponderar en la ecuación el papel de la desigualdad en la distribución de ingresos o de recursos valiosos para una sociedad. No hay país del mundo en donde el mero crecimiento, sin reducción más tarde o más temprano de la desigualdad, haya bajado la pobreza de manera sustentable en sus diferentes funcionamientos objetivos que hacen posible vivir una más larga y mejor vida (entre las cuales, el ingreso monetario puede o no haber sido un recurso necesario para tal fin).
El valor social de los estudios sobre la pobreza reside tanto en dar cuenta del nivel como de su evolución, pero mucho más importante es comprender que su valor no está en el significante (porcentaje de pobres), sino en el significado del concepto (privaciones inaceptables), el cual toma efectivo sentido cuando la medición desde ese significado hace referencia a los hechos o contextos que se estudian (en tal contexto hay más o menos pobreza, se es más o menos pobre, por tales o cuales causas, con tales o cuales efectos).
Por motivos diversos operados en las estadísticas oficiales (INDEC), tales como cambios de metodología, alteraciones en las fuentes o criterios (marco muestral, parámetros de consumo, etc.) o, incluso, por falta de información o malversación de las estadísticas públicas, no ha sido ni es fácil reconstruir la evolución de la pobreza y la pobreza extrema, sea por ingresos o por cualquier otro indicador, en la Argentina medida en lo que va del siglo XXI, últimos 20 años de postconvertibilidad.
En este sentido, aunque pocos, son varios los centros de investigación –entre ellos el ODSA– que han avanzado en este valorable esfuerzo en cuanto a la serie de pobreza e indigencia por ingresos. Las series históricas 2004-2023 presentadas en los informes de la UCA del 5 de diciembre arriba citados –más de 50 indicadores sociales, incluyendo varias medidas de pobreza– son el resultado de este laborioso desarrollo. Hasta donde sabemos, no existe en la Argentina una reconstrucción con este alcance de variables consideradas.
Sin un conjunto de indicadores fundamentales para monitorear el desarrollo económico, social y ambiental de una sociedad, medidos en tiempo y forma, poco o nada podemos decir, más que poner los sesgos de ideología en función de construir supuestos relatos de verdad. Algo posible en la historia pasada y quizás futura de la humanidad, pero poco aconsejable en clave a construir una mejor “sociedad”, más consciente, activa y crítica en la definición y construcción de un proyecto común.
En cualquier caso, antes que reducir el desarrollo de estudios sobre nuestros problemas sociales, cabe por lo contrario estimular a que se multipliquen los programas de investigación, métodos, instrumentos y fuentes de datos. A partir de ello se habrá de ampliar la capacidad diagnóstica de los problemas de nuestra sociedad, así como la capacidad de monitorear sus políticas, y de mejorar el diseño de las mismas. Invitar a lo contrario es inclinar la cancha hacia poderes dominantes, políticas públicas menos transparentes –con menor vigilancia social– y una democracia más débil. Seúl, ¡quiero pensar que estamos de acuerdo!
Crónica de una pobreza anunciada
Es cierto que hacer estimaciones mensuales sobre estos datos incrementa el error de los cálculos, pero nada lo impide a los fines de tratar de reconstruir una imagen plausible más realista no sólo de la herencia recibida por el nuevo gobierno, sino también del fracaso histórico de un régimen político-económico. A manera de ejercicio estadístico a través de microsimulaciones now-casting (no por medición directa), usando los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre del año pasado, el ODSA estimó en febrero pasado que a finales de diciembre las tasas de pobreza e indigencia habrían rondado el 47% y el 16% respectivamente. A la vez que usando los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina –la cual emplea una encuesta más acotada que la del INDEC, pero con mayor representación social urbana, a partir de la cual las tasas del tercer trimestre habrían sido de 44,7% y de 6,6%, respectivamente–, obviamente, con mayor error de estimación, la pobreza habría alcanzado entre 49-50% y la indigencia entre 14-15%; y con tendencia al aumento durante los meses de enero y febrero.
Sin duda, los déficits mencionados constituyen la expresión “térmica” del derrumbe de un modelo político-económico tan bipolar como decadente. Pero la crisis continúa, sumándose a la inflación –aunque en baja–, contra el optimismo del sector financiero y el efecto recesivo que generan las duras políticas de ajuste emprendidas por el Gobierno. Mientras tanto, ¿quién puede dudar de que más allá de los valores representados en las estimaciones estadísticas, la pobreza y la indigencia medidas por ingresos han continuado aumentando? ¿No es este un tema más relevante del que ocuparse, Seúl?
En ese contexto, dos hechos económicos se han constituido en un pivote de la contención social. Por un lado, que la mayor parte de la población mantuvo su empleo, aunque de carácter precario y de subsistencia informal, y, por otro, que los programas sociales continuaron brindando un piso de protección social. Al respecto, según el último informe del ODSA, durante enero-febrero, en el marco de esas mismas simulaciones, a diferencia de la tasa de pobreza, la tasa de indigencia en los hogares con programas sociales habría experimentado incluso una caída debido al aumento de las transferencias sociales.
¿Pero hasta cuando? Si bien es cierto que durante los meses de diciembre y febrero el bienestar social estuvo dominado por una caída de los ingresos de la familia debido a la inflación, sin aumento de los ingresos pero tampoco del desempleo, a partir de marzo el nuevo escenario social comienza a estar determinado por un mayor retroceso del nivel de actividad, una nueva retracción de la demanda de empleo formal y la imposibilidad de los sectores pobres –sin fondos de reserva– de generar ingresos a través de una economía informal, no alimentada ya por la circulación monetaria.
Es un tiempo de crisis y, por lo tanto, de oportunidades de cambio. Por sobre la fragmentación de las coaliciones políticas, se hace imperioso construir una agenda de políticas de Estado que estabilicen la macroeconomía, reformen instituciones perimidas, reactiven la inversión y hagan posible la creación de más y mejores empleos, así como la conformación de un nuevo pacto redistributivo que garantice un piso de seguridad social y desarrollo humano para todos, con equidad creciente. La crisis es tan profunda y el disciplinamiento es tan extendido, que estos temas no forman parte todavía de una demanda en la sociedad argentina, pero tiendo a proyectar que pronto lo serán.
Lejos de preferir o proponer una menor, más acotada o silenciada producción de conocimiento y difusión pública de información de interés público, debate académico, político y social de estudios y saberes emergentes –todo ello alrededor de la pobreza, sus causas y sus consecuencias–, cabe proponer y promocionar todo lo contrario: que florezcan todas las flores que puedan florecer. Es decir, más que reprimir cabe ampliar el campo de teorías y de observables en debate, aunque eso implique poner incómodas a las agendas políticas, confrontar con prejuicios de la opinión pública, afectar posiciones de poder, contradecir la ideología comunicacional dominante.
Los juicios de valor “fáciles” de los periodistas o sus editores –mucho más cuando están condicionados por su visiones políticas– pueden generar efectos profundamente regresivos en clave al desarrollo potencial de una sociedad, aunque ello no sea su intención. Se entiende que hoy las redes sociales están ganando una partida comunicacional frente al periodismo tradicional, sin embargo no por ello sus profesionales deben perder el valor de brindar información y reflexión crítica a partir de evidencias y no de prejuicios o información parcial, y en clave a dar cuenta de los diferentes discursos que analizan y debaten la situación social, y en ningún caso, sugerir su silenciamiento.
Y esto no sólo por lo que toda ampliación –y no reducción– de conocimientos implica y genera en materia de saber diagnóstico, debate público, revisión de estrategias y definición de políticas, sino también por su efecto político en un sentido más amplio. La falta de información y debate sobre la misma monta sombras sobre algunos, y en el mismo acto dota de poder a otros. El saber es un poder de construcción y de resistencia, mientras que la ignorancia ha sido y es a través de silenciamiento una herramienta política corrosiva que mantiene el sometimiento.
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