VICTORIA MORETE
Domingo

Crónica de una gestión sanitaria sin rumbo (parte I)

La falsa dicotomía entre economía o salud terminó con 120.000 muertos, colapso económico y una tragedia educativa. Balance de una suma de errores, contradicciones e incoherencias.

A dos años del inicio de la pandemia, en medio de una pesadilla que parece no tener fin por la tercera ola de contagios con la variante Omicron, resulta muy necesario tomarnos un momento para reflexionar sobre la situación actual a partir de un análisis acerca de cómo transcurrió en nuestro país este período tan trágico de la historia de la humanidad. Esta situación nos muestra todavía hoy un descomunal número de casos diarios, el aumento de la ocupación de camas hospitalarias y de terapia intensiva y también una considerable cantidad de muertes en las últimas semanas.

La falsa dicotomía entre salud o economía que el gobierno nacional enarboló como bandera para prolongar una cuarentena sin ninguna calibración durante ocho meses en 2020 terminó de la peor manera. Hoy padecemos un saldo sanitario terrible de casi 8 millones de casos y casi 120.000 muertes sin que tampoco se haya evitado el colapso económico y social, con caída récord de la actividad económica, aumento de la pobreza, una tragedia educativa y una crisis emocional en millones de argentinos. El abordaje sanitario de la pandemia por parte del gobierno nacional fue una suma de errores, contradicciones e incoherencias que derivaron en diferentes escenarios atravesados por la imprevisión y la improvisación.

En diciembre del año pasado, la Fundación Alem, institución que reúne a los equipos técnicos de la Unión Cívica Radical, publicó el informe “Pandemia en Argentina: memoria de un desgobierno” en el que se intentó reflejar una suerte de crónica sobre la mala praxis del gobierno en los aspectos sanitarios, económicos, sociales y educativos, como así también acerca de los aspectos contractuales y legales de la campaña de vacunación y la compra de insumos.

En este artículo para Seúl, que se dividirá en dos partes, me propongo hacer una reseña de los hechos más trascendentes que signaron la gestión de la pandemia en los aspectos sanitarios, a la vez que actualizo el análisis que realicé para dicho documento de la fundación y recopilo notas escritas en este último tiempo para algunos medios periodísticos, incluyendo algunos hilos posteados en Twitter. Desde luego que mi intención no es la crítica fácil a partir de la lectura del “diario del lunes”, sino refrescar la memoria y echar luz sobre lo que aconteció a lo largo de estos dos últimos años. En este sentido, los distintos documentos publicados por los equipos de la Fundación Alem desde el inicio mismo de la pandemia conforman un respaldo elocuente: en ellos hemos planteado propuestas serias y concretas para cuestiones como la necesidad de salir de la cuarentena estricta o la vuelta de las clases presenciales, además de un programa integral para el manejo de la pandemia presentado a comienzos de 2021.

El inicio: titubeos, muchos errores y algunos aciertos

Cuando la epidemia de COVID-19 fue oficialmente declarada como pandemia en enero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Alberto Fernández, a través de sus propias declaraciones, las del exministro de Salud, Ginés Gonzalez García, de la actual ministra, Carla Vizzotti, y otros funcionarios, minimizó y subestimó su potencial impacto sin ningún sustento epidemiológico. Establecieron comparaciones absurdas entre el virus del dengue y el SARS CoV 2, aduciendo que en pleno verano no había que prestar atención al COVID 19 sino al dengue. Basta recordar las declaraciones desafortunadas de Ginés cuando aseguró que “China estaba lejos”, que “el virus no va a llegar nunca” o que “es más leve que la gripe”. O también los dichos del presidente cuando sostuvo que el virus “se mataba con un tecito caliente”. Con un sesgo ideológico pueril, muchos medios adictos al gobierno incluso caracterizaron al COVID-19 como una “construcción social del imperialismo”.

Estas declaraciones, que a la luz de lo que ocurrió posteriormente resultaron absurdas, evidenciaron la falta de registro de la crisis que se avecinaba pero también explican muchas de las conductas negligentes que hicieron que no se implementaran de manera temprana acciones que otros países en el mundo (incluso algunos de la región, como Chile y Uruguay) sí realizaron en aquel momento.

En este sentido, hubo dos medidas centrales que debieron haberse puesto en marcha al principio de la pandemia. En primer lugar, el cierre de los puntos de entrada al país (particularmente el aeropuerto de Ezeiza), para retrasar la llegada del virus a través de viajeros infectados procedentes de países con alta circulación viral. En segundo lugar, la compra de insumos críticos y equipamiento para mitigar la expansión de la epidemia, especialmente los reactivos para pruebas de detección de casos. Aislando a los positivos y a sus contactos estrechos se podrían haber bloqueado los focos epidémicos.

Cuando algunas semanas después el gobierno advirtió el enorme error cometido por la falta de compra temprana de pruebas, el cuello de botella para la producción y distribución global debido a la enorme demanda en los primeros meses de la pandemia impidió a la Argentina abastecerse de reactivos suficientes para controlar sus focos de manera rápida y efectiva. Esto tuvo gravísimas consecuencias, ya que este déficit de testeos, herramienta clave para la contención del virus hasta que comenzó la vacunación, lo padecimos hasta bien entrado el segundo semestre de 2020.

Durante la primera quincena de marzo, el gobierno tomó conciencia de que el coronavirus no se trataba de una enfermedad respiratoria leve (“gripecita”) sino de una enfermedad seria.

Durante la primera quincena de marzo, el gobierno tomó conciencia de que el coronavirus no se trataba de una enfermedad respiratoria leve (“gripecita”) sino de una enfermedad seria. Se vivieron entonces semanas de vacilaciones y titubeos respecto a las medidas que había que tomar. Finalmente, se decidió cerrar las fronteras, cancelar los vuelos y, en la segunda semana de marzo, suspender las clases presenciales. El 20 de marzo, ante la falta de otros recursos para controlar la epidemia y ante los sucesos observados en Europa y Estados Unidos, con escenas dantescas en Bérgamo, Madrid o Nueva York, el gobierno decretó el primer aislamiento general con una duración inicial de dos semanas. Comenzó entonces una cuarentena plana y pésimamente calibrada que se prolongó por casi ocho meses de manera ininterrumpida en casi todo el país.

Las medidas de supresión y cierre que se tomaron 17 días luego del primer caso y 12 días después del primer fallecido por COVID-19 fueron correctas y oportunas, y con mayor anticipación que en la mayoría de los países europeos o Estados Unidos. Ante la incertidumbre y la falta de conocimiento sobre la biología del virus y la epidemiología de la enfermedad, muchos países azotados por la pandemia, con hospitales colapsados y aún sin una clara evidencia empírica de cómo mitigar la epidemia, estaban haciendo lo mismo. En ese sentido, nosotros teníamos una ventana de tiempo de algunas semanas, algo que muchos países con excelentes sistemas de salud no habían tenido y por lo que estaban sufriendo las consecuencias.

En comparación con otros países de la región, nuestro sistema de salud podía considerarse bastante robusto antes de la pandemia, tanto en infraestructura sanitaria como en recursos humanos. En el inventario podían contarse aproximadamente 160.000 camas en hospitales y clínicas en el país (en su mayoría concentradas en las grandes ciudades) y 8.000 camas de terapia intensiva de adultos, aunque con un número mucho menor de respiradores. Asimismo, con un déficit en el plantel de médicos, enfermeros y kinesiólogos intensivistas e insuficientes equipos de protección personal para los trabajadores de la salud, aun agregando profesionales y recursos materiales el sistema de salud podía colapsar. Eso ocurrió en Italia, España y Nueva York en la primera ola de la pandemia, países que con sistemas más desarrollados superaron en algún momento el 10% de mortalidad. Dado que nadie estaba preparado para enfrentar un desastre de la magnitud que se estaba observando, el aislamiento obligatorio se aplicó con el objetivo de evitar una tragedia socialmente intolerable.

La trampa de la cuarentena, la búsqueda de culpables

El objetivo inicial de la cuarentena fue, entonces, aplanar la curva epidemiológica lo máximo posible, de manera de ganar tiempo crítico para preparar mejor a un sistema de salud con capacidad limitada para responder a la epidemia. En los primeros dos meses se incrementó el número de camas hospitalarias, en especial de camas operativas de terapia intensiva, y se aumentó la disponibilidad de respiradores y de equipos de protección personal para los trabajadores de salud en la primera línea. Además, se reentrenaron médicos y enfermeros intensivistas y se refuncionalizaron las unidades de cuidados críticos en todo el país.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) concitó una gran cohesión social y tuvo una fuerte aprobación pública, incluso entre la mayoría de los dirigentes de la oposición. El presidente se puso al hombro la gestión de la pandemia, pero esta sensación de empoderamiento encerró al gobierno en una burbuja emocional. Al cabo de las primeras semanas, cuando se vio su efecto sobre el aplanamiento de la curva de casos, el gobierno se enamoró de la cuarentena y comenzó a desplegar un discurso triunfalista que aseguraba que habíamos derrotado al virus y controlado la enfermedad. Lamentablemente, ese tiempo inicial que se ganó para mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria en los primeros dos meses no se aprovechó para desplegar una respuesta comunitaria, con ampliación del testeo y aislamiento para bloquear los brotes.

La clave para que llegaran menos casos al hospital era detectar precozmente los contagios en la comunidad y no tardíamente, cuando se comenzó con el Plan DetectAR. Sin embargo, no había pruebas porque no se compraron a tiempo, y no se compraron a tiempo porque se subestimó inicialmente la magnitud de la pandemia. En lugar de implementar una estrategia inteligente para mitigar la epidemia a través del testeo y rastreo de los contactos, se comenzó a abusar del confinamiento y el encierro como único recurso, lo que sin dudas resultaría insostenible cuanto más tiempo se prolongara. Así, el aplastamiento de la curva epidemiológica comenzó también a “aplastar” la economía sin que se avizorara un plan de salida.

A principios de mayo de 2020, cuando teníamos poco más de cien casos por día, propusimos desde la Fundación Alem ensayar una salida ordenada de la cuarentena.

A principios de mayo de 2020, cuando teníamos poco más de cien casos por día, propusimos desde la Fundación Alem ensayar una salida ordenada de la cuarentena ampliando la búsqueda activa de casos, protegiendo a los ancianos y a las personas con enfermedades crónicas y aplicando medidas más focalizadas a la población de barrios de emergencia, instituciones geriátricas, cárceles u otras situaciones de encierro. Para esa fecha habría sido posible comenzar a reabrir la economía, liberar la creciente presión social, poner a funcionar nuevamente a las instituciones y recuperar la libertad con responsabilidad, aun cuando hubiera que retroceder si la situación empeoraba. A través de un sistema valvular intermitente planteábamos monitorear indicadores como la curva de casos y muertes y la ocupación de camas de terapia intensiva para saber cuándo flexibilizar o endurecer las medidas. No nos escucharon.

Durante este período inicial comenzaron a sucederse cada dos o tres semanas las conferencias del presidente con sus filminas y sus comparaciones desafortunadas con otros países: Chile, Suecia, el PAís Vasco y muchos otros ejemplos. Mientras tanto, la cuarentena se seguía prolongando y los casos, si bien lentamente, seguían subiendo. Como en la llamada “falacia del espantapájaros”, aquel que proponía una idea alternativa era caricaturizado, el sentido de sus argumentos se tergiversaba para luego ser implacablemente atacados. Aquel fue el comienzo de la falsa opción “salud versus economía”, planteada también como “cuarentena o muerte”, según la cual aquellos que tenían otra visión de cómo gestionar la epidemia eran considerados casi como emisarios de la muerte y culpables de todos los males: la oposición, la gente que concurrió a los banderazos, los chetos, los runners, los jóvenes, los viajeros y cualquiera que fuera funcional al rol de “enemigo de la vida” impuesto por el gobierno y sus acólitos.

Muchas de estas antinomias fueron también fogoneadas por un consejo asesor casi exclusivamente formado por infectólogos y algunos científicos “militantes” con una visión muy limitada de la complejidad de la pandemia. Algunos de ellos parecían justificar decisiones políticas tomadas ex post en lugar de informar ex ante al gobierno sobre los costos, beneficios y riesgos de las decisiones que debían tomarse. Tampoco nos escucharon cuando reclamamos un consejo asesor independiente que incluyera a profesionales de otras disciplinas, como economistas, cientistas sociales, psicólogos, comunicadores y científicos independientes, con una mirada más amplia para abordar la pandemia en toda su complejidad multidimensional.

Un país con casi la mitad de sus trabajadores viviendo en la economía informal y sin cobrar un salario fijo mensual no tenía chance alguna de aguantar un confinamiento tan prolongado.

Así, a los pocos meses, lo que fue una decisión acertada y oportuna se convirtió en lo opuesto cuando se empezó a utilizar a la cuarentena como único instrumento para controlar la epidemia. La sociedad no resistió, en especial los más pobres. En los partidos más carenciados del conurbano bonaerense los índices de movilidad en julio-agosto de 2020 retornaron casi a sus niveles pre-pandemia. Un país con casi la mitad de sus trabajadores viviendo en la economía informal y sin cobrar un salario fijo mensual no tenía chance alguna de aguantar un confinamiento tan prolongado sin que éste se rompiera en mil pedazos.

Esta ruptura de la cuarentena por necesidad económica, hartazgo social y sufrimiento emocional se correlacionó con un aumento incesante de casos, ocupación de camas de terapia intensiva y muertes, para llegar al pico de la primera ola en octubre de 2020 aún con el ASPO en vigencia. Lamentablemente, el tiempo que se ganó para mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria no se aprovechó para mejorar la capacidad de respuesta comunitaria. Si hubiéramos tenido la vacuna a la vuelta de la esquina en aquel momento, la prolongación de la cuarentena podría haber sido una decisión acertada, pero lo que tuvimos finalmente fue una situación epidemiológica de descontrol, tensión de los servicios de salud críticos y un creciente colapso económico y social.

Frente a este escenario tan duro parecía que la sociedad había quedado huérfana, como si nadie se quisiera hacer cargo de la gestión de la pandemia. En el peor momento el presidente se limitó a informar una nueva extensión de la cuarentena mediante una grabación con una voz en off, el ministro de Salud aparecía cada vez menos, se redujeron los partes periódicos y el consejo asesor se volvió inhallable. Sin solución de continuidad se había pasado del paternalismo del presidente a la orfandad total.

Negligencia, ideología y geopolítica

El 6 de noviembre de 2020 se sancionó la ley 27.573 de vacunas contra el COVID-19. En ese momento parecían cerrados los acuerdos con el laboratorio AstraZeneca y Pfizer-BioNTech, se había avanzado con la Federación Rusa por la vacuna Sputnik V y se habían iniciado las negociaciones con China. Si bien la ley resolvía la necesidad de contar con respaldo normativo para la rápida adquisición de vacunas, los productores exigieron condiciones especiales que los protegieran de eventuales demandas por problemas en la producción, compra, distribución y, sobre todo, por potenciales efectos adversos severos de las vacunas.

En este sentido, los productores que negociaban con el gobierno, tanto los laboratorios privados como los gobiernos, exigieron como en otros casos que Argentina renunciara a la defensa de la inmunidad soberana (art. 2 de la ley) y se establecieran condiciones que resguardaran la indemnidad patrimonial de los productores (art. 4). En este último artículo, entre gallos y medianoches, el bloque oficialista en el Congreso agregó una oración final que detonó el acuerdo con Pfizer. En ella se dejaba constancia que el país renunciaba a la defensa de la inmunidad soberana “con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”. La palabra “negligencia”, un término vago y susceptible de interpretaciones varias, hizo que Pfizer se negara a firmar el contrato con Argentina. Según lo declarado por el gerente general de su filial local en un informe a la Cámara de Diputados meses después, este acuerdo podría haber adelantado millones de dosis para ser aplicadas en el primer trimestre de 2021.

Una mala ley impulsada por el gobierno, motorizada por inclinaciones ideológicas y geopolíticas, hizo retrasar siete meses la aplicación de vacunas eficaces que podrían haber evitado miles de muertes.

Esta situación se resolvió recién en julio de 2021 como resultado de una creciente presión social, en especial de los padres de niños con comorbilidades que no podían aplicarse las vacunas que estaban disponibles. El gobierno, en lugar de aceptar la propuesta de los legisladores de la oposición de modificar la ley de vacunas contra el COVID, sacó un decreto que quitaba la cláusula de “negligencia” de la ley sancionada. Eso permitió que se pudiera firmar finalmente el contrato con Pfizer. Una mala ley impulsada por el gobierno, motorizada por inclinaciones ideológicas y geopolíticas, hizo retrasar siete meses la aplicación de vacunas eficaces que podrían haber evitado miles de muertes. Es difícil de comprender que los diputados del oficialismo no conocieran las consecuencias de esta última modificación. Si hubo además intencionalidad política para favorecer a las vacunas rusas y chinas es materia de conjeturas, pero el procedimiento de emergencia ad hoc para autorización de las vacunas, establecido en los artículos 8 y 9 de la ley, resultó muy sospechoso ya que se salteaban así muchos de los procedimientos habituales de la ANMAT, la autoridad regulatoria para la aprobación de nuevos fármacos o vacunas en nuestro país.

En el próximo número de Seúl, describiré los hechos sanitarios más trascendentes ocurridos a lo largo de 2021 y lo que va de 2022, para concluir con algunas reflexiones sobre lo que nos espera en la post-pandemia.

 

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Adolfo Rubinstein

Doctor en Salud Pública y profesor de la UBA. Ex ministro de Salud de la Nación.

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