Domingo

Liebre por gato

Los proyectos que propone el kirchnerismo en el Congreso tienen nombres buenos que esconden leyes malas. Así suman aliados y Juntos por el Cambio no siempre tiene el número para bloquearlos.

En las próximas semanas, el Congreso de la Nación servirá de escenografía para una nueva trampa del kirchnerismo. Se va a tratar en la Cámara de Diputados el proyecto del “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” que, en realidad, es una ley de blanqueo, un beneficio para los evasores que tienen bienes en el exterior. El grito de guerra que pronunciarán a lo largo del debate los kirchneristas es conocido: “Que la deuda no la pague el pueblo sino quienes se beneficiaron”. Sin embargo, tras un título que esconde más de lo que dice y de una consigna absolutamente falsa, el kirchnerismo intentará que se sancione una ley para blanquear el dinero de la corrupción.

En el Senado, Martín Lousteau la bautizó “Ley Muñoz”, en referencia al ex secretario de Néstor Kirchner que incrementó su patrimonio en un 11.180% entre 2003 y 2008. Con el proyecto kirchnerista, los evasores que tienen bienes no declarados en el exterior podrán declarar su patrimonio sólo pagando el 20%. Si la ley no fuera aprobada, con las regulaciones actuales, al querer blanquear fondos se debe pagar un 35% más multas. Por lo tanto, esta ley ofrece la oportunidad de un fuerte descuento para los evasores, un gran beneficio para aquellos que no pueden justificar cómo consiguieron el dinero y que evadieron el pago de impuestos durante años. Como mencionó la diputada por Santa Fe Germana Figueroa Casas en la comisión: “No puedo entender por qué si se quiere castigar la formación de activos externos, se les está dando un beneficio. Se está premiando al que se llevó el dinero afuera y no lo declaró”. Es una trampa: dicen perseguir a quienes evaden, pero el proyecto lo único que busca es dar un marco legal para blanquear la plata de la corrupción K.

El oficialismo tiene aceitadísimo el mecanismo de la trampa, lo vienen haciendo desde las épocas de Néstor y Cristina. Funcionan como Manolito en esta tira de Mafalda: tras arruinar algo –en este caso, el país– se ponen marketineros para inventar un nombre para una solución que, en realidad, lo único que hace es potenciar el problema.

 

La trampa está en siempre vender una cosa como algo que no es: podemos llegar a dejarnos tentar por un dulce de membrillo psicodélico, pero sin dudas no queremos comprar un dulce de membrillo contaminado, que sabemos que nos va a hacer mal. En las trampas kirchneristas hay una constante: el oficialismo es bueno, es progresista, vela por los intereses de quienes menos tienen y defiende la soberanía argentina. Los que no acompañan los proyectos son las fuerzas conservadoras que no permiten que el país avance, que trabajan al servicio de los capitales extranjeros y sólo les interesa conseguir negocios para sus amigos.

El kirchnerismo propone, una tras otra, leyes malas, en las que esconde en su articulado intenciones y objetivos que nada tienen que ver con los nombres de los proyectos. Al hacerlo mata dos pájaros de un tiro: por un lado, sanciona muchas de sus iniciativas gracias a los apoyos de los bloques del medio y, por el otro lado, como sabe del compromiso de Juntos por el Cambio de no aumentar el gasto, no subir los impuestos y no incrementar la burocracia estatal sin sentido, usa nuestros rechazos para instalar la idea de que la oposición no colabora en nada, no quiere el progreso de la Argentina ni el bienestar de su población.

Trampas legislativas

Propongo tres ejemplos de los últimos meses: el tratamiento del presupuesto, la ley sobre el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y la prórroga de asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales.

El Presupuesto para 2022 se presentó ante el Congreso el 15 de septiembre del año pasado, día límite según lo establecido. Desde ese día hasta el 13 de diciembre, el oficialismo decidió cajonearlo y luego lo apuró de un modo que sólo demuestra su maltrato: el 13 de diciembre lo defendió el ministro Guzmán, el 14 y 15 se trabajó en comisiones y el 16 se sesionó. En una sesión maratónica y presionados porque se acercaba fin de año, el oficialismo intentó aprobar un presupuesto que era un dibujo.

En diciembre de 2021 teníamos una inflación anual del 52% y actualmente son muchos los consultores que hablan de la posibilidad durante el 2022 de alcanzar las tres cifras. Sin embargo, el presupuesto kirchnerista preveía un 33% de inflación anual. A partir de esta definición primera, todos los números eran una ficción. Se planteaba un escenario 2022 con crecimiento y baja inflación y esto iba a ser alcanzado gracias al milagro divino, ya que no había ningún plan que auspiciara medidas de austeridad del gasto, de reforma del Estado o de eficiencia del sector público. Luciano Laspina lo resumió: “Lo único que hay son aumentos impositivos para seguir cargando sobre el sector privado, que no soporta más”.

A lo largo del debate fuimos planteando que no íbamos a acompañar semejante presupuesto, mientras llovían las expresiones del oficialismo pidiendo que tuviéramos responsabilidad democrática y no dejáramos al país sin presupuesto. Propusimos una salida: vuelta a comisión y que el oficialismo presentara un nuevo presupuesto con metas y números realistas, que fuera consistente y estuviera adecuado a la realidad. En ese momento intervino Máximo Kirchner, en su rol de jefe del bloque del Frente de Todos, y se dedicó a gritar repetidamente “ah pero Macri” e insultar a los miembros de JxC. No estábamos dispuestos a acompañar una mentira ni tampoco un maltrato explícito, por eso retiramos la posibilidad de vuelta a comisiones y todo el bloque votó en contra. Hoy el oficialismo insiste en que fuimos irresponsables al dejar a la Argentina sin presupuesto para este año cuando la sucesión de hechos demuestra que los únicos irresponsables, desde el comienzo del tratamiento, fueron ellos.

El kirchnerismo hablaba de bienestar en materia de salud, pero lo que quería era sancionar un proyecto que aumentaba la burocracia, el gasto y el déficit público.

En mayo se trató en el recinto una ley sobre el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal. Dentro de JxC hay un amplio apoyo a la producción industrial de la planta de cannabis, tanto por los beneficios clínicos como por las potencialidades económicas. Sin embargo, el proyecto no agregaba nada nuevo en ninguno de los dos sentidos. Lo único que hacía era crear la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). El kirchnerismo hablaba de bienestar en materia de salud para aquellas personas que mediante la utilización del cannabis pueden llegar a un paliativo referido a sus dolencias, pero lo que quería era sancionar un proyecto que aumentaba la burocracia, el gasto y el déficit público. JxC se opuso a crear esta agencia regulatoria y el gobierno nos acusó de oponernos a los paliativos de la medicina canábica y al desarrollo de una rama productiva.

La última trampa legislativa hasta hoy fue la de las asignaciones específicas para las industrias culturales. Los fundamentos del proyecto y los discursos del oficialismo aseguraban que su objetivo era el de fomentar la cultura, el cine, la televisión, el teatro, la música, las bibliotecas populares. Pero el articulado decía otra cosa. Por un lado, se colaba el financiamiento de un organismo que de cultura no tiene nada y de censura lo tiene todo: la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo que sólo busca perseguir a quienes piensan diferente y que sirve como refugio para más de 100 militantes, comandados por Miriam Lewin.

Por otro lado, el plazo de la extensión de beneficios era insostenible: 50 años. No hay ninguna asignación específica que tenga este plazo. ¿Cómo van a ser estas industrias culturales en 50 años? Medio siglo es mucho para cualquier actividad y más para la cultura, que muta de forma constante. ¿Cómo va a ser una biblioteca popular dentro de 50 años? ¿Seguiremos yendo al teatro o el teatro se meterá en una proyección 3D en el living de nuestras casas? ¿Cómo va a ser la televisión en el año 2072? Esta ley toma un compromiso por más de doce gobiernos democráticos y se compromete a destinar impuestos que son provisorios y, de hecho, pierden vigencia mucho antes de 2072. El espíritu del proyecto era una cosa, el proyecto otra.

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Somos muchos dentro de JxC los que creemos en el valor y la importancia de la cultura, pero ninguno de nosotros es tan irresponsable como para acompañar un plazo de 50 años. El kirchnerismo tenía en el Senado dos proyectos similares con un plazo mucho más razonable: ocho años. Esa fue nuestra propuesta en el despacho de minoría, planteamos que estábamos de acuerdo con seguir financiando de la misma forma a estas instituciones de la cultura, pero por un tiempo lógico y, luego, volver a revisarlo.

Un grupo grande dentro de JxC quería votar en contra del proyecto, otro grupo prefería abstenerse y algunos lo iban a apoyar. Se llegó a un compromiso en el interbloque: todos por la abstención que, en concreto, en la técnica legislativa cuenta como un voto negativo. El oficialismo no necesitó los votos de JxC para sancionar la ley, le alcanzó con el apoyo del Bloque Federal, el MPN, los diputados de Provincias Unidas, de SER Santa Cruz y de la izquierda.

No nos alcanzó para hacer caer la ley. JxC tiene actualmente en la Cámara de Diputados un número incómodo: somos muchos pero solos no nos alcanza. Necesitamos conseguir aliados circunstanciales tanto para poder bloquear al oficialismo como para imponer nuestras propuestas. Lo logramos con la ley de boleta única y también con el emplazamiento para que se trate la ley de alquileres. Pero la mayoría de nuestros socios circunstanciales de aquellas propuestas apoyaron al kirchnerismo con el cannabis y las asignaciones específicas para las industrias culturales.

Impuestos solidarios, rentas inesperadas

Las trampas del kirchnerismo no sólo se despliegan dentro del Congreso. Se expresan en su permanente construcción de sentidos. ¿Soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía cultural, soberanía económica? Así llaman a la expropiación de Vicentín y la existencia de una Junta Nacional de Granos, al retraso de tarifas y al desabastecimiento y cortes de luz, a la defensa de los privilegios partidarios y el pensamiento único, a la impresión récord de billetes, a impuestos solidarios y a rentas inesperadas. Una reforma judicial en una Argentina que tanto la necesita pero que, en realidad, sólo busca la impunidad de Cristina Kirchner.

La Creación del Fondo de Redistribución Social para subirle retenciones al campo, la Creación de la Comisión de la Verdad para firmar el memorándum con Irán que asegura la impunidad de los acusados por el atentado a la AMIA. Cartelería partidaria en la calle que asegura “La educación, nuestra bandera” después de militar durante dos años escuelas cerradas y en medio de la mayor catástrofe educativa de nuestra historia.

En el Congreso la agenda se ve venir: un “compre argentino” que hará pagar todo más caro, un “consenso fiscal” que no sólo aumentará impuestos sino que abrirá la puerta para ponerle impuestos a la herencia, una intención de “federalizar la Corte Suprema” que, en realidad, sólo quiere aumentar el número de sus miembros para romper con la independencia de poderes.

El kirchnerismo se resume en proyectos y medidas que tienen dos constantes: nombres atractivos y eficacia para arruinar la Argentina.

 

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Sabrina Ajmechet

Licenciada en Ciencia Política y doctora en Historia. Profesora de Pensamiento Político Argentino en la Universidad de Buenos Aires. Diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (JxC).

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