La Casa Blanca informó esta semana que Juan González, el principal asesor del gobierno de Joe Biden en cuestiones de política latinoamericana, abandonará su cargo a mediados del próximo mes. Si bien las noticias destacaron que el funcionario saliente buscaba dejar la gestión pública desde hace algunos meses, resulta difícil no vincular su salida con el fracaso de la política de Biden de promover elecciones libres y transparentes en Venezuela. La salida de Juan González llega poco después de la confirmación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de la inhabilitación como candidata presidencial de María Corina Machado (triunfadora de manera arrolladora en la primaria opositora de octubre del año pasado) y de una ola de arrestos de activistas de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo esta semana el de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel. La expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, decretada esta semana por Nicolás Maduro, es la conclusión lógica de este nuevo giro autoritario del régimen venezolano.
Mientras la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo y por partidos supuestamente opositores, pero que son sólo un apéndice del gobierno, se apresta a presentar un cronograma electoral, parece cada vez menos probable que en Venezuela haya elecciones libres y transparentes, sin proscripciones y con un terreno de juego nivelado. Y la probabilidad de una transición democrática en 2024 asoma ínfima, por no decir nula.
Todo esto no debería sorprender a nadie. La democracia atraviesa un momento muy malo a nivel global y América Latina está lejos de ser la excepción. Ello ocurre en parte, desde ya, por factores domésticos. Sin embargo, el desinterés de las grandes potencias occidentales forma también parte de la explicación de por qué las autocracias de distinto pelaje de los países en desarrollo tienen más capacidad de supervivencia que a comienzos de siglo.
González, nacido en Colombia y criado en Nueva York, fue el principal promotor del relajamiento de las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro dispuestas por la administración Trump en 2017. El anterior gobierno de Estados Unidos modificó la política de sanciones de la administración Obama, centrada en los altos dignatarios del régimen, y la reemplazó por una basada en sanciones a la economía venezolana. En términos de producir un cambio de régimen en Venezuela las políticas de los distintos gobiernos de Estados Unidos han sido un verdadero fracaso. Las sanciones establecidas por Trump no fueron una excepción. Tampoco lo fue la política desplegada por el gobierno de Biden. El relajamiento dispuesto en octubre del año pasado fue no sólo excesivamente generoso. Resultó tremendamente ingenuo y cínico a la vez. ¿Por qué? Repasemos los hechos.
Barbados y petróleo
Pocos días antes de la primaria de la principal coalición opositora, en la que arrasó Machado, los representantes del gobierno venezolano y la oposición lograron una serie de acuerdos en Barbados, en el marco de un dilatado proceso de negociaciones que comenzó en México hace unos años, con el auspicio de Noruega. En simultáneo con los acuerdos de Barbados, el gobierno de Estados Unidos, que ya había extendido una licencia a Chevron para operar en Venezuela a fines de 2022, dispuso una extensa flexibilización en las sanciones económicas provenientes de la administración Trump, condicionada a una serie de medidas de parte del gobierno de Nicolás Maduro, que garantizaran un proceso electoral libre y transparente en 2024. El timing del anuncio fue bastante llamativo.
Machado ha sido siempre una férrea opositora al régimen chavista. El gobierno venezolano puso cuanto obstáculo tuvo a su alcance para que la oposición realizara la primaria presidencial. La oposición, sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral, presidido por Elvis Amoroso, responsable de la proscripción de las principales figuras de la oposición venezolana, pudo no obstante organizar un proceso electoral impecable y con altos niveles de participación. Ningún régimen autoritario entrega mansamente el poder, salvo que sea empujado a hacerlo por una combinación de presiones domésticas e internacionales capaces de generar divisiones internas en el seno mismo del régimen.
Ningún régimen autoritario entrega mansamente el poder, salvo que sea empujado a hacerlo por una combinación de presiones domésticas e internacionales.
El enfoque elegido por la administración Biden consistió básicamente en un front-loading, que dejó al gobierno de Estados Unidos con pocas herramientas para presionar al régimen venezolano para honrar sus compromisos. De hecho, los primeros cachetazos llegaron pocas semanas después de los acuerdos de Barbados y de la primaria opositora, el 22 de octubre de 2023. Un mes después, el régimen de Maduro realizó un controvertido referéndum referido a la larga disputa que Venezuela y Guyana mantienen por la soberanía de la región del Esequibo, donde se habían descubierto cuantiosos recursos hidrocarburíferos. Era un globo de ensayo del régimen, para medir el poder de fuego electoral genuino del chavismo. El resultado fue elocuente: los bajísimos niveles de participación mostraron que las chances del régimen de sostenerse en el poder, en una elección razonablemente limpia y con Machado como candidata, son nulas. Pese al fracaso del referendo, el gobierno de Venezuela continuó meneando la cuestión del Esequibo. Probablemente por dos razones: 1) excitar el fervor nacionalista en torno a una tierra irredenta (algo que los argentinos conocemos bien), para compensar niveles decrecientes de popularidad; 2) utilizar el tema para lanzar una persecución sobre la oposición. Más allá de que los expertos consideran que es altamente improbable que Venezuela se lance a una aventura militar para recuperar el Esequibo, el tema es una fuente de preocupación tanto para Washington como para Brasilia.
Frente a las confirmación de la proscripción de Machado y la reciente ola de detenciones, el gobierno de Biden sólo reimpuso sanciones contra la minera estatal Minerven y a la vez hizo saber que evaluaría en abril el restablecimiento de las demás sanciones económicas, principalmente aquellas relacionadas con las licencias a compañías petroleras para operar en Venezuela. Esta excesiva generosidad de la administración Biden con el régimen chavista revela, por un lado, un costado fuertemente ingenuo. No había que contar con información clasificada para saber cuáles eran las intenciones del chavismo de cara al proceso electoral de este año: celebrar unas elecciones que cumplieran un mínimo estándar de transparencia, pero sin arriesgar ni por un minuto su permanencia en el poder. Interés compartido también por gobiernos europeos interesados en el desarrollo del yacimiento de gas de Campo Dragón, con miras a reducir su dependencia del gas ruso, y por las compañías petroleras, ansiosas de retornar a Venezuela. Si bien en los próximos días probablemente se anuncie un cronograma electoral y haya elecciones con candidatos presidenciales no chavistas, está claro que difícilmente el régimen venezolano celebre comicios capaces de cumplir un mínimo estándar de transparencia electoral. Quedará a los gobiernos de Estados Unidos y Occidente decidir qué hacer frente a ese escenario.
All politics is local
Si era evidente desde el principio que el chavismo difícilmente se allanaría a cumplir con lo acordado en Barbados, dado que ello tenía altas chances de dejarlo fuera del poder, ¿cómo explicar la política del gobierno de Biden? En Estados Unidos “toda la política es local”, según una frase famosa en Washington, y dos cuestiones son en este sentido relevantes: el precio de la nafta y la cuestión migratoria. El precio de los combustibles es una variable sumamente sensible para un presidente que busca la reelección. La cuestión migratoria es uno de los caballitos de batalla de Donald Trump.
La concesión de licencias temporales a compañías petroleras para operar en Venezuela y exportar petróleo a Estados Unidos ha resultado en un aumento de la producción de petróleo, que no obstante aún permanece muy por debajo de los 3,5 millones de barriles diarios que producía PDVSA antes del arribo de Chávez al poder. Esta política, que comenzó en diciembre de 2022 con la licencia extendida a Chevron, se amplió con el relajamiento de las sanciones dispuesto en octubre del año pasado.
En cuanto a la cuestión migratoria, durante 2023 el gobierno de Joe Biden acordó con el régimen de Maduro la realización de vuelos para repatriar a inmigrantes venezolanos ilegales. En septiembre del año pasado el gobierno norteamericano otorgó el estatus de protección temporal a 472.000 venezolanos que ingresaron a Estados Unidos antes de julio de 2023, anunciando que quienes hubieran entrado al territorio estadounidense luego de esa fecha, serían devueltos a Venezuela. Más de 380.000 venezolanos han ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde el inicio del gobierno de Biden. La reanudación de vuelos de repatriación de migrantes ilegales –suspendidos desde 2019– claramente requirió de la cooperación del gobierno venezolano. Pero también en este plano la política de Biden no parece estar rindiendo frutos: desde hace algunas semanas los vuelos de repatriación de inmigrantes ilegales se han cancelado, lo que indicaría falta de colaboración por parte de Caracas.
El saldo de la política promovida por el saliente Juan González está lejos de ser positivo, sin importar si lo juzgamos a la luz de la probabilidad (baja) de una transición democrática en Venezuela o de los intereses de Estados Unidos en la región. ¿Cambiará la política de Biden respecto de Venezuela tras la salida de González? Difícil saberlo. Aunque Estados Unidos tiene objetivos de largo plazo en América Latina, la política desplegada en la región ha sido históricamente bastante errática. En no pocas ocasiones, un mero recambio de funcionarios de segundo nivel ha traído aparejadas mudanzas profundas en la política hemisférica de Washington. Es muy pronto para saber si la renuncia de Juan González preanuncia un retorno (aunque sea parcial) de las sanciones económicas contra el régimen de Maduro. Lo que es claro es que su enfoque difícilmente haya ayudado a la democratización de Venezuela.
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