Hacia principios de noviembre de 2020 el gobierno decretó el fin de la cuarentena, pasando del ASPO al DISPO (distanciamiento social, preventivo y obligatorio), otro de los acrónimos que tuvimos que aprender. Después de casi ocho meses, con la salud y la economía en terapia intensiva y la sociedad cansada, la cuarentena como opción era ya insostenible. El gobierno ya no estaba enamorado, sino “entrampado” . Había perdido credibilidad, confianza y dilapidado su capital político. Mientras tanto, el país sufría récord diario de casos y muertes, circulación restringida, clases suspendidas, caída profunda de la actividad económica, aumento del desempleo y la pobreza. En este contexto el gobierno carecía de recursos para ofrecer alternativas, y en el peor momento de la primera ola no contaba ya con el acompañamiento social necesario. Si algo aprendimos en 2020 es que solo con el aislamiento no alcanzaba.
Inmediatamente después del fin de la cuarentena, en noviembre de 2020 el gobierno instaló la idea de que con la llegada del verano la pandemia se terminaba, y que como la vacunación estaba a la vuelta de la esquina, podíamos relajarnos. La necesidad de terminar con la pandemia para retomar su agenda política, hizo que el gobierno promoviera eventos masivos, como el velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada, que enviaron señales confusas a la sociedad y condujeron al relajamiento de los comportamientos sociales aprendidos. Esto fue particularmente evidente cuando hacia fines del verano 2021 se produjo un rebrote de casos y el gobierno comenzó a culpar a los jóvenes.
Argentina no podía garantizar un flujo sostenido de vacunas para comenzar un plan de vacunación a gran escala.
En este contexto, pocos días antes de que terminara 2020, comenzó la vacunación contra COVID-19 en Argentina, precedida de anuncios épicos y exitistas por parte del presidente y por el exministro de Salud, quienes sostuvieron frente a todo el país que para fines de marzo de 2021 la población de riesgo estaría vacunada y, para junio, todos los argentinos. Algunas semanas después comenzaron a conocerse los problemas de producción de la vacuna Sputnik V, particularmente de su segundo componente, los retrasos cada vez mayores en la producción de la vacuna de Oxford – AstraZeneca elaborada en Argentina y México para la región y la caída del acuerdo comercial con Pfizer. Era evidente que Argentina no podía garantizar un flujo sostenido de vacunas para comenzar un plan de vacunación a gran escala: las dosis llegaban a cuentagotas y de manera imprevisible.
En febrero estalló uno de los grandes escándalos de la pandemia: el vacunatorio VIP. Este hecho imperdonable desde lo ético y moral erosionó de manera irreversible la confianza y credibilidad del gobierno, pegándole por debajo de la línea de flotación a una de las banderas que sostuvieron siempre su relato: la búsqueda de la equidad y la justicia social.
A esta situación de evidente corrupción se sumaron otros escándalos y contradicciones. La partidización de la campaña de vacunación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con los militantes de La Cámpora salteándose las estructuras sanitarias en los municipios gobernados por la oposición, y el apoyo que se dio desde el gobierno nacional a las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gildo Insfrán en sus centros de aislamiento en la provincia de Formosa (muy parecidos a centros de detención forzada) revelaron los serios problemas éticos del gobierno que devinieron cada vez más en conflictos políticos a gran escala.
Escuelas, segunda ola y la misma piedra
Luego del rebote de casos producido a comienzos del verano de 2021, que encontró una nueva meseta en un nivel moderado de 4.000 – 5.000 casos por día (poco más de cien por millón de habitantes), el gobierno reanudó el ciclo escolar de manera semi-presencial y abrió las escuelas a principios marzo (en CABA las escuelas habían reabierto a mediados de febrero), pero hacia mediados de aquel mes, sin que mediara ninguna justificación epidemiológica, se promocionó el turismo masivo en el país para Semana Santa con subsidios y publicidad. Se estima que entre cuatro y cinco millones de personas se movilizaron en el país durante esos días. Como era de esperarse, debido a que la circulación viral seguía siendo todavía muy importante por la aparición de nuevas variantes como la Gamma (Manaos) y la Lambda (Andina), comenzó el rebote de casos que dio inicio a la segunda ola.
Desde abril hasta fines de mayo de 2021 los casos escalaron de manera casi geométrica, superando los 40.000 casos por día (o 700 casos por millón), casi siete veces más que comparado con mediados de febrero. Esto se tradujo en hospitalizaciones, internaciones en UTI y muertes. Como resultado de la segunda ola, se produjeron en el país más de 50.000 muertes entre principios de abril y fin de julio de 2021.
El 19 de abril el gobierno anunció en el decreto 241/2021 un nuevo aumento de las restricciones en la franja nocturna y los aforos en los espacios públicos, y tomó una de las decisiones más comprometidas de su gestión: otra vez, la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), responsabilizando a las escuelas por el aumento de casos a raíz de las aglomeraciones en las inmediaciones de los establecimientos y la logística del transporte escolar.
El gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta decidió no cerrar las escuelas y apeló a la Corte Suprema de Justicia.
Esta decisión que tomó el presidente contra las recomendaciones de su ministra de Salud, del ministro de Educación y del Consejo Federal de Educación significó un quiebre definitivo en la relación entre los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital, relación que ya venía desgastada por los arbitrarios recortes a los fondos coparticipados que recibe la Ciudad. El gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta decidió no cerrar las escuelas y apeló a la Corte Suprema de Justicia invocando su autonomía sobre las decisiones educativas. La Corte le dio la razón semanas más tarde. En contraste, las escuelas de los partidos del Gran Buenos Aires volvieron al modo de clases a distancia.
En ese tiempo, algunos “científicos militantes” del oficialismo, tratando de hacer pasar un documento como si fuera del CONICET, pretendieron atribuir la diferencia de casos entre la ciudad de Buenos Aires y varios distritos del conurbano en las semanas siguientes con argumentos falaces y malintencionados, que rápidamente fueron desmentidos por la realidad epidemiológica.
Otra de las áreas donde el gobierno insistió con medidas absurdas fue el regreso de los argentinos que se encontraban en el exterior. En lugar de testearlos y aislarlos, el gobierno continuó con la reducción de vuelos y la fijación de cupos, aduciendo que muchos “no cumplían” con la cuarentena post-viaje. Así, en vez de intensificar los testeos y los controles en los puntos de entrada y en los domicilios o lugares de aislamiento de los viajeros, suspendieron vuelos, privando de la libertad de regresar al país a miles de ciudadanos durante varios meses. Y, por supuesto, culpando a los que viajaban al exterior de ser los responsables.
La primera y segunda ola en perspectiva
La primera ola de COVID-19 tuvo su pico en octubre de 2020 nunca llegó a comprometer seriamente la respuesta del sistema de salud, más allá de que algunas saturaciones específicas en la ocupación de camas de UTI en algunos distritos. En cambio, la segunda ola, con casi 90% de ocupación de camas de UTI, tuvo un impacto mucho más importante con saturación y amenaza de colapso de los hospitales en varias regiones, manteniendo en vilo al país durante mayo, junio y julio de 2021.
A partir de julio, los casos diarios comenzaron a bajar rápidamente. Con un retraso de algunas semanas debido a la historia natural de la enfermedad, también comenzaron a bajar las hospitalizaciones, la ocupación de camas de UTI y las muertes. Esto se tradujo epidemiológicamente en una gradual disminución de la positividad de las pruebas, lo cual denotaba una fuerte reducción de la circulación viral. El agotamiento de la segunda ola tuvo probablemente que ver con las restricciones, la autorregulación en el cumplimiento de conductas sociales para la higiene y prevención y, sobre todo, el avance de la campaña de vacunación.
La gestión de esta campaña del gobierno nacional merece un párrafo aparte. No sólo estuvo signada por la improvisación e imprevisión en la contratación, compra, logística, criterios inequitativos de distribución a las jurisdicciones y aplicación, sino que los anuncios exitistas, la opacidad y las mentiras recurrentes, la partidización en muchos distritos gobernados por el oficialismo, las contradicciones y ambigüedades, los escándalos éticos y la falta de empatía, hicieron de esta campaña un ejemplo mayúsculo de ineficiencia, ineptitud y corrupción ética y moral .
A partir de agosto el gobierno decidió gestionar lo sanitario, económico y social en modo electoral. Desde lo sanitario, comenzaron nuevamente a difundir un mensaje de fin de la pandemia y retorno a la normalidad, abrieron las escuelas en la provincia de Buenos Aires (la continuidad del cierre ya era insostenible) y redujeron rápidamente las restricciones y los aforos, reanudando los vuelos y permitiendo que retornaran al país los ciudadanos argentinos varados en el exterior.
La tercera ola, nuevas improvisaciones y una pesadilla interminable
Al momento de escribir este artículo el país está siendo fuertemente impactado por una nueva ola. Luego del descenso que se produjo desde junio a octubre de 2021, los casos comenzaron a aumentar lenta pero persistentemente. La ola que se esperaba que ocurriera con el aumento de la variante Delta en los meses de septiembre y octubre se retrasó hasta diciembre, pero a partir de mediados de ese mes la curva de casos comenzó a empinarse en forma geométrica. Sobre el neto predominio de la variante Delta a fin de año, se montó la variante Omicron, mucho más contagiosa, aunque también menos virulenta, que a esta altura explica casi todos los casos. Si bien tenemos un promedio de casos diarios que ha venido triplicando su número en el pico de la segunda ola, en estos últimos días los números parecen haberse estabilizado y comenzado a bajar, con un impacto sobre las complicaciones graves sensiblemente menor. Esto se debe a que más de 75% de la población ha completado los esquemas de vacunación, aunque con cierta heterogeneidad según la provincia, y casi 30% ha recibido ya la tercera dosis o dosis de refuerzo.
En este sentido, a partir de julio y agosto de 2021 el suministro de vacunas, que fue exasperantemente lento e irregular en la primera mitad del año pasado, se fue normalizando. Esto permitió acelerar la campaña de vacunación para enfrentar la tercera ola mejor inmunizados a nivel poblacional. El aumento de ocupación de camas de UTI y de muertes que vimos en este último tiempo se debe probablemente al impacto de la variante Delta, que fue predominante hasta fin de 2021. Como era de esperar, las complicaciones y muertes están recayendo sobre todo en las personas no vacunadas o en quienes no completaron los esquemas de vacunación recomendados.
Las complicaciones y muertes están recayendo sobre todo en las personas no vacunadas o en quienes no completaron los esquemas de vacunación recomendados.
Nuevamente, el enorme aumento de casos de las últimas semanas, previsible por lo que se venía viendo en Europa y Estados Unidos en los últimos meses, no fue anticipado por el gobierno. Esto provocó un colapso de los centros de testeo en los distritos más afectados por la tercera ola (70% de los casos concentrados en Provincia de Buenos Aires, Capital, Córdoba y Santa Fe) por la falta de personal y de insumos. En lugar de descentralizar los testeos en la red de farmacias, autorizando las pruebas caseras, una importante herramienta de autorregulación y empoderamiento de la gente para mitigar la epidemia, el ministro de Salud de la Provincia siguió insistiendo en su prohibición porque suponía que la gente no iba a reportar los casos y por lo tanto se perdería el “control” de la trayectoria de la epidemia. También, como era de esperar, culpabilizó a la clase media por el aumento de los casos.
En el pico de esta tercera ola hace un par de semanas, con un promedio de 120.000 casos reportados diarios y 65% de positividad en los test, es probable que hayamos tenido aproximadamente 500.000 casos por día, por lo que claramente no se estaba controlando nada, al contrario de lo que creía el gobierno. Finalmente, como veníamos reclamando desde el pico de la segunda ola en mayo pasado, la ANMAT autorizó los autotests, aunque aún siguen sin estar disponibles para su comercialización. Este contexto de explosión de casos y centros de testeo colapsados obligó al gobierno a modificar los protocolos de hisopado para la detección bioquímica del virus, reemplazándolo por la “confirmación” por nexo epidemiológico para amplios sectores de la población, lo que en última instancia significa que las autoridades sanitarias decidieron resignar su capacidad de vigilancia epidemiológica para monitorear la trayectoria de la epidemia en el país.
Conclusiones
La derrota electoral, primero en las PASO y luego en las elecciones generales fue, en buena medida, producida por la mala gestión de la pandemia. Más allá de las improvisaciones recurrentes, la mayor equivocación cometida por el gobierno fue aferrarse irreflexivamente al confinamiento generalizado como único recurso para mitigar el impacto de la epidemia. Esta decisión que se mantuvo durante buena parte de 2020 tuvo consecuencias negativas irreparables tanto en lo sanitario, como en lo económico y en lo social, con efectos que van a persistir seguramente por muchos años.
Lamentablemente la pandemia aún no terminó, aunque afortunadamente ya se avizora su final. Probablemente en el segundo semestre de 2022 vamos a comenzar lentamente a recuperar nuestra vieja vida, pero las heridas por los afectos que se fueron, el saldo emocional, el tiempo perdido, las consecuencias económicas y sociales y la tragedia educativa, van a tomar mucho tiempo para cicatrizar. Otras cosas, como el comercio electrónico, el teletrabajo, la educación virtual, la teleconsulta médica o cambios de hábito como el uso de barbijo, la distancia física personal, el no compartir el mate, que se aceleraron con la pandemia, llegaron para quedarse entre nosotros.
No sabemos todavía si el COVID-19 persistirá en los años venideros a través de nuevas variantes, si se transformará en una enfermedad estacional como la gripe u otras virosis respiratorias, si necesitará una vacunación anual para toda la población o grupos de mayor riesgo, o bien refuerzos periódicos. Tal vez este virus se extinga hasta que sobrevenga la próxima pandemia.
Junto con las hambrunas y las guerras, las epidemias forman parte de los miedos ancestrales del homo sapiens desde 12.000 años cuando abandonamos los bosques y las praderas, domesticamos animales y plantas y dejamos de ser nómades. Las pandemias son una consecuencia de muchos factores que se han acelerado en este siglo, entre ellos la transformación del ecosistema global, el cambio climático, la urbanización acelerada, las migraciones y, por supuesto, la globalización de las comunicaciones, el transporte y la hiperconectividad. Por eso, los gobiernos y las sociedades deben prepararse para enfrentar futuros desastres o catástrofes.
La pandemia de COVID-19 ha cambiado de raíz la agenda política, económica y social a nivel global y local.
Estamos en un momento único en la historia de la humanidad. La pandemia de COVID-19 ha cambiado de raíz la agenda política, económica y social a nivel global y local. Y también ha desnudado y visibilizado los enormes problemas y limitaciones de nuestro sistema de salud, traducido en brutales e inadmisibles disparidades sanitarias que se han agravado como consecuencia de la pandemia y las restricciones. Por primera vez en la historia reciente la salud pública emerge como un tema predominante y prioritario de preocupación en la agenda de la sociedad y los gobiernos.
Finalmente, a partir de ahora se abre una serie de preguntas que pueden redefinir nuestros comportamientos sociales, la participación y el protagonismo del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y del público en general en los tiempos venideros, tanto en nuestro país como en el mundo: ¿Qué nos espera cuando todo esto termine? ¿Cambiarán tanto las cosas? ¿O será que esta pandemia, después de haber devastado a la humanidad durante estos últimos dos años, pasará finalmente sin pena ni gloria? ¿Cuál va a ser el rol del Estado y de la democracia liberal como sistema? ¿Cuánto de lo que ocurra va a estar signado, al decir de Yuval Harari, el reconocido antropólogo israelí, por el dilema entre vigilancia autoritaria de quienes gobiernan versus empoderamiento ciudadano de la sociedad en su conjunto, o entre individualismo nacionalista versus la solidaridad global, tal como se ha reflejado en la inequidad en el acceso y la distribución de las vacunas entre los países más ricos y los más pobres?
Creo que ésta es verdaderamente la encrucijada en la que estamos situados, cuya develación aún estamos lejos de conocer. Como vemos, tenemos muchas más preguntas que respuestas y muchas más incertezas que verdades, pero lamentablemente, éste es el mundo en el que nos tocará vivir en el próximo tiempo.
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