Llamen a Mr. Wolf

El Gobierno sufrió esta semana una fuerte paliza en la Cámara de Diputados. Los distintos bloques opositores superaron sus diferencias, sumaron fuerzas e hicieron una demostración de poder notable, imponiéndose al oficialismo en 12 votaciones consecutivas, que incluyeron la aprobación del incremento en el financiamiento universitario, la declaración de emergencia en pediatría, el rechazo a los decretos que disponían la disolución de diversos organismos públicos y el emplazamiento a la comisión investigadora del caso Libra y a las comisiones para discutir la coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución de fondos a las provincias. Lo que se dice una tremenda goleada.

¿Qué explica semejante resultado? La hiperminoría legislativa del Gobierno no es una novedad. Más allá de ciertos realineamientos que puedan haberse producido en el último año y medio, en lo esencial la composición del Congreso no ha cambiado. El gobierno cuenta con tan sólo un 10% del Senado y un 15% de la Cámara de Diputados. Y esto ha sido así desde el 10 de diciembre de 2023. Esto, sin embargo, no fue obstáculo para que el Gobierno lograra aprobar el año pasado la Ley Bases y el paquete fiscal. Y tan sólo recientemente hemos visto a la llamada oposición dialoguista pasar a la ofensiva y adoptar una actitud de oposición intransigente. La minoría legislativa es, por tanto, condición necesaria, pero no suficiente para entender el 12-0 del miércoles.

La hiperminoría legislativa es, por tanto, condición necesaria, pero no suficiente para entender el 12-0 del miércoles.

Esta hiperminoría era un dato conocido incluso antes de que Javier Milei fuera elegido presidente. Frente a eso, el Gobierno tenía distintas alternativas en materia de gobernabilidad. La más problemática y menos aconsejable consistía en intentar gobernar de un modo delegativo-plebiscitario. Esto es, tratar de aprovechar las fuertes herramientas que la Constitución y las leyes otorgan al Poder Ejecutivo para esquivar la oposición legislativa y combinarla con la consulta popular no vinculante que prevé nuestro texto constitucional. Entre estas herramientas se encuentran los DNU, potenciados por la ley que regula su uso –obra de Cristina Kirchner– y que permite legislar con el apoyo de una sola cámara del Congreso, la mayoría de dos tercios para rechazar el veto presidencial y la ley de administración financiera que abre la puerta a gobernar sin presupuesto. Esta estrategia es problemática por varios motivos: 1) el carácter no vinculante de la consulta popular; 2) las restricciones que la ley que regula el uso de esta herramienta impone respecto de las cuestiones que pueden ser sometidas a consideración de la ciudadanía; 3) el hecho de que los plebiscitos muchas veces terminan siendo un tiro por la culata para quienes los convocan; 4) un uso excesivo del DNU termina por generar una reacción en espejo en el Congreso. Al final, salvo que el Ejecutivo disponga de un Poder Judicial cooptado o que esté dispuesto a recurrir a salidas no constitucionales, la estrategia delegativo-plebiscitaria suele terminar mal. Al menos eso es lo que muestra la experiencia comparada.

Una segunda alternativa habría sido apelar al presidencialismo de coalición, una estrategia conocida en la región y usada en distintos países por gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Esto consiste en intercambiar apoyo legislativo por cargos en el gobierno. Obviamente, esto tiene la desventaja de tener que compartir el poder con los aliados, pero también un beneficio: mayor estabilidad al apoyo del oficialismo en el Congreso. Lógicamente, este tipo de estrategia se da de patadas con el discurso anti-casta, pero como hemos visto a lo largo de este último año y medio, “casta” es un concepto móvil. El armado bonaerense de La Libertad Avanza, la nominación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema o la incorporación de Daniel Scioli al gabinete, sólo por mencionar algunos ejemplos, sugieren que a la hora de definir quién integra la casta impera el pragmatismo.

La tercera posición

El Gobierno prefirió una suerte de vía intermedia entre estas dos fórmulas: usar las herramientas institucionales que la Constitución y la ley le otorgan al presidente y, también, construir mayorías ad hoc. Esta estrategia es más costosa en términos de tiempo y de recursos, pero hasta ahora venía funcionando. La profundización de la crisis del sistema de partidos tras la llegada de Milei jugó ciertamente a favor del Gobierno. Su elección fue un caso de manual de lo que la ciencia política conoce como des-institucionalización o colapso del sistema de partidos. Lo que para la Argentina fue una sorpresa, en realidad es lo que la ciencia política espera que ocurra cuando la ciudadanía se desencanta con los partidos establecidos. La ciencia política también ha mostrado que el ascenso al poder de líderes como Milei suele agravar los problemas de los partidos tradicionales. A lo largo del último año y medio, hemos visto cómo toda la oposición, sea aliada, dialoguista o intransigente, ha sufrido tensiones internas surgidas de la discusión sobre cómo posicionarse frente al Gobierno. Este cuadro de situación le permitió al oficialismo gobernar sin compartir el poder. Pudo sancionar unas pocas leyes, que le dieron aún mayores potestades por un período de tiempo limitado, y bloquear –hasta este último mes– las iniciativas opositoras.

Lo que funcionó relativamente bien durante el primer año de Gobierno, desde hace algunos meses está dando señales de agotamiento.

Lo que funcionó relativamente bien durante el primer año de Gobierno, desde hace algunos meses está dando señales de agotamiento. Primero fueron la sanción de las leyes de moratoria previsional, declaración de emergencia en discapacidad y aumento de jubilaciones. Luego vino la aprobación en el Senado de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Si hasta ahí quedaban dudas sobre la eficacia de esta fórmula de gobernabilidad, la sesión del miércoles terminó de despejarlas.

¿Por qué aquello que funcionó hasta no hace mucho dejó de hacerlo? La proximidad de las elecciones es una parte importante de la explicación. Como sabemos, el 26 de octubre se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. LLA arriesga ocho bancas de diputados y ninguna de senador. Está claro que va a mejorar su representación legislativa, aunque no sabemos cuánto. El pasado puede proveernos una pista al respecto. Los oficialismos ganaron en las elecciones intermedias de 1985, 1991, 1993, 2005, 2013 (sí, en 2013 el kirchnerismo fue la fuerza más votada a nivel nacional y sumó bancas en el Congreso) y 2017. A excepción de 2013, cada vez que el partido de gobierno triunfó en una elección intermedia lo hizo con un piso de alrededor de 40% de apoyo electoral. Y nuevamente, salvo en 2013, se llevó como mínimo 60 de las 127 bancas de diputados en disputa. Si la elección de 2025 sigue este patrón, LLA aumentaría sensiblemente su caudal legislativo e incluso podría obtener el tercio de la cámara sin necesidad de apelar a aliados. Para ponerlo en términos sencillos, el poder de negociación de algunos gobernadores que ocasionalmente han acompañado al gobierno será menor luego del 10 de diciembre. Si efectivamente LLA consolida un bloque de al menos 86 diputados leales y disciplinados, algo que no es impensable, podrá vetar leyes sin temer una insistencia legislativa. Aprobar leyes o evitar el rechazo a un DNU es otro cantar. Para esto último, especialmente, requerirá de aliados para alcanzar la mayoría en al menos una de las dos cámaras.

Falta de reflejos

El timing de la ofensiva opositora no responde sólo a la cuestión del incremento del peso legislativo del Gobierno en diciembre. El kirchnerismo y los bloques de la oposición dialoguista competirán contra el oficialismo en octubre. Desde una lógica puramente política, tiene sentido que busquen aprobar iniciativas caras a la opinión pública en temas de particular sensibilidad (jubilaciones, universidades públicas, discapacidad, el Garrahan) que dejen al Gobierno, al vetarlas, como el malo de la película. No sólo son “causas nobles”, apelando a la terminología usada por Milei, sino que en algunos casos se trata de iniciativas que entrañan un costo fiscal y generan ruido en otro público que está pendiente del resultado electoral: el mercado. En otras circunstancias, probablemente el Congreso se hubiera paralizado luego del cierre de alianzas. Pero dada la situación de hiperminoría legislativa del Gobierno, es más probable que el kirchnerismo y sus socios circunstanciales continúen impulsando este tipo de iniciativas en los meses hasta las elecciones.

Sabemos que LLA tendrá una mayor representación en el Congreso después de diciembre y también que no contará con mayorías hasta el final del mandato presidencial.

Que la oposición se comporte como tal es lo esperable, sobre todo en un año electoral. Por eso es bastante llamativa la falta de reflejos que ha exhibido el Gobierno para anticipar, prevenir o frenar estas iniciativas. No hay una sola oposición, sino varias. La película de estos últimos dos meses muestra a un Gobierno que pareciera carecer de una adecuada interlocución con el Congreso y con los gobernadores, interlocución que le habría permitido desactivar quizás no todas, pero sí algunas de estas iniciativas. Tanto armar mayorías circunstanciales para aprobar leyes como construir el escudo legislativo para defender un veto presidencial requiere de tiempo y recursos. Pero, sobre todo, requiere de una figura experimentada, con conocimiento de los actores y habilidad para negociar. A la luz de los resultados, pareciera que el gobierno carece de semejante figura. La seguidilla de derrotas legislativas revela un manejo deficiente de la relación con el Congreso, un ámbito en el que, a diferencia de lo que sostiene el libro de los Macabeos, el triunfo depende más del número que del apoyo de las fuerzas del cielo.

Sabemos que LLA tendrá una mayor representación en el Congreso después de diciembre y también sabemos que no contará con mayorías hasta el final del mandato presidencial en ninguna de las dos cámaras. Probablemente cuente por sí sola con el tercio necesario para defender los vetos presidenciales, o si no es el caso, estará a muchas menos bancas que ahora de alcanzar esa cifra. Será más fácil vetar iniciativas, pero no necesariamente aprobar leyes. Lo cual vuelve a poner en el centro de la escena el déficit del Gobierno en la interlocución con el Congreso y los gobernadores provinciales. Salvo que veamos una victoria arrolladora que le permita al Gobierno arrinconar a la oposición señalando que cuenta con un mandato fuerte de la sociedad, la aprobación de las reformas estructurales que deberían venir en la segunda mitad del período presidencial será una tarea compleja. El oficialismo y sus aliados carecerán de los votos necesarios para hacerlo y el tiempo será escaso dado que 2027 está a la vuelta de la esquina. Si el Gobierno quiere evitar futuras derrotas legislativas y, más a mediano plazo, poder negociar la aprobación de reformas estructurales, haría bien en procurarse a alguien que haga las veces de Mr. Wolf, el personaje de Harvey Keitel en Tiempos violentos de Tarantino, especialista en lidiar con situaciones complejas.