Bajate de la Corte

En 2010, mientras cursaba un máster en derecho en la Universidad de Louisiana, tuve la suerte de tener como profesor de derecho constitucional a Paul Baier, un apasionado de la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Además de ser un estudioso de su jurisprudencia, el profesor Baier había dedicado su vida académica a las tradiciones del tribunal y a la historia personal de sus miembros. En una de sus clases, nos relató que años atrás, mientras trabajaba en la biografía del juez Hugo Black y de su segunda esposa, Elizabeth, ella le narró un episodio histórico que marcó la historia de la Corte Suprema: la renuncia del juez Abe Fortas.

Black fue nominado para la Corte Suprema en 1937 por el presidente Franklin Roosevelt. Confirmado por el Senado de los Estados Unidos, enseguida se convirtió en uno de los líderes liberales (es decir, progresistas) y en una figura central del tribunal. Cuando Earl Warren asumió como presidente de la Corte en 1953, le pidió ayuda para conducir los primeros acuerdos hasta asentarse en su nuevo rol.

En 1965, el presidente Lyndon Johnson nominó al abogado Abe Fortas y logró su confirmación en el Senado. Tres años después, cuando Warren anunció su retiro, Johnson propuso a Fortas como su reemplazo. Sin embargo, durante su audiencia de confirmación se descubrió que había recibido pagos de un empresario condenado y que había asesorado a Johnson mientras era miembro de la Corte. Esto impidió su confirmación como presidente y derivó en su posterior renuncia como juez del tribunal, bajo intensa presión del Senado.

Para Black, la permanencia de Fortas comprometía la autoridad institucional del tribunal. Y eso era inaceptable.

Mientras Fortas era investigado por el Senado, pero antes de renunciar, le pidió consejo a Black, que lo invitó a cenar a su casa para hablar del tema. Luego de la cena, ante la consulta de Fortas sobre qué debía hacer, Black fue claro: le dijo “bajate de la Corte”. Get off the Court. La credibilidad y prestigio de la Corte Suprema como institución estaban en juego, agregó. El tribunal, cuyos miembros son designados de forma vitalicia, no podía estar integrado por jueces con su ética bajo sospecha. Ante indicios serios de conductas indebidas, Fortas debía pensar en la integridad del tribunal y su delicada función en el sistema democrático. La prioridad era la Corte, no las personas que la integraban. Para Black, la permanencia de Fortas comprometía la autoridad institucional del tribunal. Y eso era inaceptable.

En comisión

Décadas después, la historia vuelve a resonar. Hace algo más de un año, el presidente Javier Milei nominó para la Corte Suprema al prestigioso abogado Manuel García-Mansilla y al juez federal Ariel Lijo para ocupar las dos vacantes que existen. Durante las entrevistas públicas a los candidatos realizada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se les preguntó específicamente si aceptarían ser designados a la Corte “en comisión”.

La consulta se refería al decreto a través del cual el entonces presidente Mauricio Macri designó en comisión, como ministros de la Corte, a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Dada la resistencia que generó el método usado, Macri dio marcha atrás con el decreto y Rosenkrantz y Rosatti asumieron meses después con el respectivo acuerdo del Senado.

La respuesta de García-Mansilla fue contundente. “Visto el impacto que tuvo el decreto 83 de 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate [a favor de las designaciones en comisión], visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación”.

Al explayarse sobre los motivos de por qué no asumiría mencionó que aceptar un nombramiento en comisión afectaría a la Corte Suprema como institución. “Déjeme que le diga por qué”, continuó en su respuesta. “Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que, al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Le doy un ejemplo: la ampliación de los jueces de la Corte Suprema. Depende el contexto en el que se haga, si bien es una facultad estrictamente constitucional, el Congreso tiene la facultad de determinar la cantidad de jueces que integran la Corte Suprema y depende del contexto en que esa decisión se tome, puede afectar al tribunal”.

Ninguno de los dos candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo logró el acuerdo del Senado durante las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas al efecto. Mientras el Senado se encontraba en receso, Milei decidió nombrar a los candidatos en comisión mediante un decreto del Poder Ejecutivo. La Corte aceptó únicamente la designación de García-Mansilla y le tomó juramento como juez en comisión. Respecto del juez federal Lijo, no aceptó que asumiera como juez de la Corte sin antes renunciar a su cargo de juez federal de primera instancia. Finalmente, hace diez días el Senado rechazó ambas nominaciones por amplia mayoría.

Pretender quedarse luego de semejante revés no solo es imprudente, es caprichoso. Lo que está en juego es la credibilidad de la Corte Suprema.

La pregunta entonces es: ¿qué sucede con García-Mansilla? ¿Debe seguir en la Corte hasta el fin del período legislativo, pese al rechazo de su pliego por parte del Senado? Esta situación me llevó a recordar la cena entre Black y Fortas relatada por el profesor Baier.

Mi posición es que debe primar el prestigio institucional de la Corte Suprema. No es admisible que forme parte del tribunal un juez cuya designación fue rechazada por el Senado, que dejó en claro que García-Mansilla, a su criterio, no reúne las condiciones para integrarlo. Pretender quedarse luego de semejante revés no solo es imprudente, es caprichoso. Lo que está en juego es la credibilidad de la Corte Suprema, y eso debe pesar más que los egos personales. García-Mansilla lo había explicado en forma clara ante el Senado. Aceptar ser designado en comisión sin obtener el acuerdo del Senado “puede afectar al tribunal”.

Si bien es cierto que, al revés que a Fortas, jamás se acusó a García-Mansilla de haber incurrido en negocios poco claros, sí se lo cuestionó por haber dicho durante la audiencia pública ante el Senado que no asumiría en comisión y luego hacer lo contrario. El rechazo categórico del Senado a la nominación de García-Mansilla marca un límite institucional claro: debe renunciar de inmediato. Como alguna vez le dijo Hugo Black a Fortas: “Bajate de la Corte”.