La guerra entre el Gobierno nacional y las universidades públicas está en su momento más álgido. El martes se llevará a cabo la Marcha Federal Universitaria en reclamo de fondos y el Gobierno contraataca amenazando con realizar una auditoría, algo que no es posible debido a la autonomía universitaria. Las universidades nacionales son auditadas por la AGN, que reporta al Poder Legislativo y no al Ejecutivo.
Esta guerra se inscribe dentro de una más general que lleva adelante el Gobierno contra la educación pública, o al menos contra la educación pública existente en nuestro país: el presidente Javier Milei viene hace tiempo acusándola de “adoctrinamiento” y “lavado de cerebro”. La última vez fue este miércoles, cuando retuiteó el dato de que el 43,5% de los asalariados privados no están registrados y dijo que “después uno intenta modernizar la legislación laboral y se ponen como locos”. Luego agregó: “La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo… (sic)”.
Claro que del otro lado hacen lo posible por darle la razón. Por ejemplo, cuando el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti dice: “No es compatible educarse en la UBA y votar a Milei”. O cuando la Facultad de Medicina corta la luz.
También nos parece que este es otro ejemplo más de la fábula de Pedro y el lobo. En 2018, por ejemplo, los gremios docentes y las federaciones estudiantiles hicieron un paro nacional “en defensa de la educación pública”, y si vemos el gráfico que anduvo circulando de los presupuestos universitarios de 1997 hasta la fecha, los de 2017 y 2018 fueron los más altos de los últimos 27 años.
Es difícil empatizar con gente tan deshonesta, aunque es cierto también que la UBA es de todos, no sólo de ellos. Y aunque el ajuste en todas las áreas es necesario, y la amenaza de no empezar el segundo cuatrimestre parezca tan sólo eso, una amenaza, no hay un plan serio en el Gobierno más que el de cortar el chorro y que sea lo que Dios quiera.
ÚLTIMO MOMENTO: Mientras cerrábamos este newsletter, el Gobierno anunció un aumento para las universidades del 140%. El que no llora no mama.
Todos vimos al ministro de Defensa Luis Petri haciendo cosplay de Maverick, el personaje de Tom Cruise en Top Gun, yendo a comprar los 24 aviones F-16 a Dinamarca. Pero a algunos les pareció mal. El argumento es el típico demagogo: no hay plata para comedores, pero sí para aviones de combate.
Es gracioso comprobar que la misma nota de Página/12 así titulada informa que la compra es la conclusión de un reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández, sólo que en lugar de optar por aviones J-17 de China, se eligió F-16 de Dinamarca fabricados en Estados Unidos por Lockheed Martin.
El lunes hubo una entrevista muy interesante de Ernesto Tenenbaum y Reynaldo Sietecase al analista internacional Fabián Calle (a quien habíamos entrevistado la semana pasada en Materia gris), en la que hubo un intercambio que nos pareció extraordinario para explicar por qué es necesario tener al menos control de nuestro espacio aéreo por más que no tengamos hipótesis de conflicto.
Sietecase: –Argentina, sin hipótesis de conflicto en la región, ¿para qué compramos aviones en medio de esta crisis fenomenal?
Calle: –Esta idea de que no tenemos hipótesis de conflicto… El kirchnerismo desarrolló una estrategia que era que la defensa sólo es contra ataques interestatales. Muy bien, no tenemos hipótesis de conflicto. Entonces ningún Estado nos va a atacar. Entonces tenemos Fuerzas Armadas para un escenario que nunca se va a dar. Tenemos que disolver las Fuerzas Armadas.
Sietecase: –Bueno, a mí me apurás un poco…
Calle: –Claro, el tema es que los vecinos opinen lo mismo.
Pero no se trata sólo de la hipótesis de conflicto. Como bien lo explica esta nota, la capacidad de defensa de un país impulsa el desarrollo económico de manera directa. Parece que a veces en este país hay que volver a explicar la ley de gravedad.
Lo que la semana pasada empezó como una crítica del ministro de Economía Luis Caputo a las empresas de medicina prepaga –en un tono llamativamente fuerte, pero posteada en su cuenta de X como un comentario a título personal–, en el transcurso de los últimos días escaló al punto de que el Gobierno intensificó en bloque sus diatribas contra este sector, a la vez que ponía en marcha un complicado mecanismo burocrático y jurídico con dos objetivos: por un lado, que las prepagas retrotraigan los aumentos en las cuotas de este año y los recalculen tomando como base la evolución del IPC desde diciembre de 2023; por el otro, que las empresas les devuelvan de algún modo a los usuarios los montos ya percibidos que excedan a los aumentos autorizados con este nuevo criterio.
Es de suponer que un gobierno como el de Milei, nacido al calor de las apariciones televisivas del economista, pero también –y muy especialmente– de su capacidad para sumar adherentes y militantes activos en las redes sociales, debe de haber detectado algo distinto, quizás inquietante en el cariz o en el número de las quejas suscitadas por los aumentos en las cuotas de la salud privada. Lo mismo sucedió, sin ir más lejos, con los aumentos en los aranceles de los trámites en los registros de automotores, que el propio ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció y luego canceló sin mayores excusas y sin que llegara a transcurrir un día entero desde la primera decisión.
En este último caso, es probable que haya habido una suerte de malentendido: si bien Milei nunca hizo una promesa explícita de cerrar estos registros durante la campaña, la difusión de una –valga el contrasentido– auténtica fake news convenció a no pocos libertarios de que una medida semejante maridaba muy bien con el espíritu de la motosierra anticasta. Al respecto, lo que hubo en concreto con el nuevo gobierno fueron algunas intervenciones y auditorías, más las reformas introducidas con el famoso DNU 70/23, pero no mucho más. Por eso es que este aumento, marginal quizás en su importancia en medio de la colosal y kafkiana estructura impositiva nacional, tocó seguramente una cuerda sensible.
El de las prepagas, en cambio, se trata de una cuestión mucho más compleja por la cantidad de gente afectada (dentro del 20% más rico de la población, seguramente, pero más que dispuesta a la reacción airada con una cuestión delicada) y porque, como varios economistas explicaron con las cifras del caso, el de las prepagas es un sector que todavía se encuentra bastante lejos de haber recompuesto sus ingresos después de años de aranceles pisados.
Una hipótesis a considerar entonces es que el Gobierno haya decidido no ser tan increíblemente liberal, después de todo, bajar un poco la velocidad de ciertos ajustes (no está tan claro que los aumentos en el transporte diferidos para mayo, que sumarían así un 51%, se vayan a aplicar efectivamente) y, por qué no, seguir con el cepo y otros recursos del arsenal dirigista por un tiempo más. ¿Hasta fin de año o más allá? Veremos, veremos, después lo sabremos. En cualquier caso, ahora que el Toto Caputo está de visita en Washington y charlando con el FMI, bien podría decirles a Gita y a Kristalina que ese “ajuste de calidad” que pidieron sale plata. Sale plata (guiño, guiño).
Milei sigue apostando al conflicto con periodistas. Sus roces recientes con los Jorges Lanata y Fontevecchia vuelven a exponer su fetiche con la confrontación y su principal estrategia de posicionamiento frente a los críticos de su gobierno.
Esta vez la polémica fue dirigida hacia el diario Perfil y su fundador. Milei acusó al diario de estar al borde de la quiebra debido a su falta de pauta oficial, insinuando que su supervivencia pasada fue pura y exclusivamente gracias al apoyo de la política. Estos comentarios llevaron a Fontevecchia a iniciarle cuatro juicios por daños y perjuicios, discriminación en la distribución de la pauta oficial, y otros cargos relacionados con afectar maliciosamente el desenvolvimiento de la empresa y por injurias.
Por otro lado, Lanata también anunció su intención de demandar a Milei, después de ser etiquetado por el presidente como “larretista” y “ensobrado”. Aunque “larretista” no nos parece un insulto, “ensobrado” sí es una seria acusación que no debería hacerse sin pruebas.
El presidente es imprevisible. Su bullying podrían ser simples exabruptos o una estrategia para fortalecer a su base más radical y su imagen de outsider político, desafiante ante los medios tradicionales. Lo que es indudable es que sabe capitalizar estos cruces, usándolos para afianzar su narrativa de verdadero agente de cambio frente a un sistema que, según él, busca silenciarlo.
En cuanto a los periodistas y los medios, si bien es crucial que ejerzan su labor de fiscalización del poder, deberían reflexionar sobre su propio rol y sobre cómo sus acciones y alineaciones políticas pasadas pueden hacernos dudar de su profesionalismo. Quizás estén sobreactuando un poquito. La tendencia a la dramatización no sólo afecta la calidad del debate público, sino que también refuerza la percepción popular de que son más actores políticos que observadores de la realidad. Es imposible no recordar la conducta de Tinturelli (Milei dixit) durante el gobierno de Alberto Fernández, desde aquella infame tapa de Noticias de SúperAlberto hasta la última entrevista en la que dijo: “Se va un buen hombre“. Bastante contradictorio con su actual pose de crítico que incomoda al poder.
De todas formas no está de más reafirmar que cualquier ataque a la prensa no sólo es preocupante, sino que también desvía la atención de los problemas urgentes que enfrenta el país. La prensa libre, aunque imperfecta, sigue siendo un pilar fundamental de cualquier democracia.
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