Hoy conversamos con María Eugenia Talerico, abogada penalista especializada en anticorrupción, sobre la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Entre 2016 y 2020 Talerico fue vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el año pasado fue candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires en la lista de Patricia Bullrich.
Para quienes no conocen el historial de Ariel Lijo, ¿podrías resumir por qué se busca impugnar su postulación para la Corte Suprema?
El juez Lijo, que ha sido toda la vida un juez de primera instancia en asuntos penales en Comodoro Py, no tiene, para empezar, la idoneidad técnica para asumir en la Corte Suprema. Para estar en el máximo tribunal de la República se requiere tener muchos pergaminos, ser profesor de Derecho con mucho conocimiento de los conflictos que se suscitan a partir de resolver temas con la Constitución Nacional, conflictos constitucionales de precedentes y demás condiciones, que el doctor Lijo no tiene.
Por otra parte, el señalamiento más importante es desde el punto de vista ético-moral de su integridad, de la confianza que él va a dar como juez de la Corte para ser independiente de los poderes políticos, económicos y toda esa maraña de corrupción que mueve a la Argentina. Esencialmente ha sido el juez más ineficaz de todo Comodoro Py, según las mediciones de la auditoría del Colegio de Abogados de la Ciudad junto con el Consejo de la Magistratura. En todas las mediciones Lijo ha salido último.
Es, además, uno de los jueces más denunciados de Comodoro Py, tanto en el Consejo de la Magistratura, donde últimamente Mariano Recalde, que es kirchnerista, ha dicho que hay que cajonear las denuncias en su contra por si llega a ser juez de la Corte. La última causa judicial-penal es muy importante, porque se lo acusa de que su hermano, que es un conocido operador judicial de Comodoro Py, ha sido su vehículo de enriquecimiento patrimonial. Todos nos enteramos en 2016 que su hermano blanqueó 2 millones de dólares, siendo los dos de origen muy humilde. Freddy Lijo fue empleado de la Auditoría General de la Nación y de Aguas Bonaerenses, una serie de tramas políticas que son las que están promocionando al juez Lijo para que llegue a la Corte.
¿Por qué creés que el Gobierno propuso a un perfil así de controvertido?
Por qué lo propone el Gobierno que vino a reconocer que estamos en bancarrota moral, que el nivel de putrefacción es muy grande en las roscas y en la casta política, es una gran contradicción con lo que nos prometieron. Tiene que ver con que ya los entramados del poder empezaron a rondar al Gobierno y están imponiendo la figura del juez Lijo. Se dice que lo ha promovido un juez de la Corte que quedó en soledad, que es el doctor Lorenzetti, que está haciendo un juego personal porque quiere volver a presidir la Corte, y que probablemente en algún enojo del presidente fue quien le llevó la figura de Lijo para que esté al servicio de lo que el poder necesita.
Pero yo creo que la figura del Lijo responde a otro entramado de vínculos que los que estamos en esta materia conocemos y que son la política, el Poder Judicial, los servicios de inteligencia, todos rosqueando para lograr que Lijo llegue a la Corte, lo que significa una protección de impunidad como la que viene proveyendo Lijo a toda la casta política en los asuntos que maneja.
El manejo más paradigmático de Lijo tiene que ver con una defraudación en YPF que hace muchos años se le viene denunciando y desde 2006 no hizo absolutamente nada, que de haber hecho algo probablemente nos hubiéramos evitado la condena de 16.000 millones de dólares en contra de la Argentina, porque esa investigación tendía a demostrar que hubo fraude en la adquisición de la compañía por parte de los Eskenazi y los Kirchner, y en ese caso los Eskenazi no hubieran estado legitimados como están ahora para hacer esa demanda a través del fondo Burford a la Argentina.
¿Qué impacto podría tener el nombramiento de Lijo para la seguridad jurídica y el crecimiento económico del país?
Los jueces son los que están llamados en un país a ponerle frenos a los abusos del poder, a la afectación de la propiedad privada, a la afectación de la libertad de las personas, a garantizar que las inversiones que vienen a nuestro país tengan sus reglas de juego claras y estables de acuerdo a la ley. Cuando el Poder Judicial es trastocado por intereses políticos y los jueces no son confiables, se derrumba uno de los pilares más importantes que sostiene el funcionamiento de un país a largo plazo, que es la confianza en el Estado de derecho, en que en la Argentina se va a aplicar la ley pase lo que pase y que no vamos a tener jueces al servicio del poder o de la corrupción. Cuando esas son las reglas, la vigencia del derecho se resiente porque no es la ley la que rige, sino es la ley del más corrupto o el más poderoso y entonces eso espanta las inversiones a largo plazo.
La estabilidad de las reglas la da el Poder Judicial, que es el poder contramayoritario. Cuando ese cimiento tiene cuestionamientos en cuanto a su confianza y a la calidad de sus jueces, resiente las inversiones en un país que además tiene antecedentes muy complicados y obviamente lo que necesita es generar confianza, seguridad jurídica para que haya inversiones a largo plazo.
¿Cuál es tu opinión sobre Manuel García Mansilla, el nominado para ocupar la segunda vacante?
Tiene acreditados muchos pergaminos en cuanto a su idoneidad técnica y a su idoneidad moral. Los señalamientos que ha recibido tienen que ver con un criterio que ha esbozado en algunos trabajos respecto de su posición en contra del aborto. Desde mi punto de vista, García Mansilla tiene las condiciones para asumir en la Corte, que justamente tiene por ahora cinco miembros, con lo cual es con la diversidad de criterios como se discuten y se elaboran sus fallos.
¿Qué pensás sobre la iniciativa de algunos sectores del Gobierno de ampliar el número de jueces?
Me parece una maniobra de la política para negociar cargos sumando a la Procuración General de la Nación, Defensoría General y ternas de jueces federales. Quizás esos dos lugares sean el premio consuelo para mujeres, pero todo sujeto al toma y daca de la casta en materia judicial, en búsqueda siempre de protección e impunidad. Ampliarla la hace más lenta, además, porque son dos vocalías más por donde tienen que circular los casos, generando menos eficacia y más tiempo para la resolución de los casos que llegan al conocimiento de la Corte.
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