Hoy charlamos con Martín Boerr, periodista y director de Plan B en Posadas. Lo llamamos para hablar sobre las protestas sociales que convulsionaron a Misiones en las últimas semanas. La crisis se desató por un reclamo salarial de la policía misionera, al que después también se sumaron docentes, médicos y empleados estatales.
¿Qué ocurrirá con la protesta durante los próximos días?
Es muy probable que el Gobierno provincial termine haciendo otra oferta de aumentos salariales. Ya hicieron una primera oferta, en la que iban a subir los sueldos un 20%. Después ofrecieron un 25% y luego un 30%. Seguramente el Gobierno hará otra propuesta más, pero esta vez negociando de antemano con los policías que están en protesta para asegurarse de que la oferta sea aceptada. Y después es probable que prometan abrir una mesa de diálogo para seguir hablando y monitoreando la cuestión.
Creo que los policías van a aceptarlo, porque ya están cansados y desgastados después de tantos días de protesta. Además, los policías temen una represalia de la Justicia provincial, porque enfrentan acusaciones de robar patrulleros, ocupar edificios públicos y de sedición. Es muy probable que pronto la protesta se levante, hay una expectativa de que ya se termine pronto.
¿Cuál fue la respuesta del Gobierno provincial frente al conflicto?
El Gobierno provincial tuvo una respuesta de mucho silencio. El gobernador Hugo Passalacqua no se refirió al conflicto desde que empezó, hace ya 11 días. Fue muy llamativa la ausencia de voces de autoridades provinciales. Intentaron negar el conflicto y minimizarlo, diciendo que fue algo de unos pocos, un reclamo de una minoría. La única referencia del gobernador al conflicto fue la publicación en redes sociales de las planillas de aumentos salariales de los policías. Después, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, hizo una conferencia de prensa y hablo con algunos medios.
¿Qué desató la protesta?
La protesta arrancó el viernes 17 de mayo cuando un grupo de policías armó un piquete con cubiertas frente al Comando Radioeléctrico I, en Avenida Uruguay y Félix Bogado. Es una avenida comercial muy importante y un acceso al centro de Posadas. De a poco se fue generando una solidaridad con la protesta de otros gremios estatales muy fuertes, como el de los docentes y el personal de la salud. Los reclamos son íntegramente salariales.
Acá hay una combinación de dos factores: primero, la disparada de la inflación a partir de diciembre, luego de la devaluación del Gobierno nacional. En los primeros meses del año tuvimos una inflación récord para los últimos 20 años. Ya venía muy alta la inflación, pero se disparó aún más. Segundo, al reducirse los ingresos por coparticipación y transferencias discrecionales, el Gobierno provincial se vio obligado a no aumentar salarios o a hacerlo en proporción muy baja en comparación con la inflación.
Además, los servicios en Misiones aumentaron mucho: el boleto de colectivo se disparó de 500 a 900 pesos, las facturas de luz y gas también tuvieron subas importantes. Los policías y docentes se encontraron con gastos crecientes y un sueldo que les quedó prácticamente congelado. La causa de fondo de este conflicto es el ajuste y la caída de ingresos. Por más que se levante el acampe de los policías, hasta que no haya una recomposición real de ingresos verdadera y sustentable, la cuestión de fondo va a seguir. Para eso hace falta que la economía crezca de nuevo y que la provincia empiece a recuperar sus ingresos.
El conflicto empezó con la policía. ¿Cómo fue que se sumaron los otros sectores también?
La policía realizó un acampe. Primero arrancaron los policías retirados, y después se fueron sumando oficiales activos tapándose los rostros. A medida que fue pasando el tiempo ganaron confianza y hoy ya protestan sin cubrirse el rostro y vistiendo el uniforme. Eso tiene que ver con que el Gobierno garantizó que no iba a haber represalias. Si bien es cierto que es una protesta que infringe las normas, no fue tampoco un auto-acuartelamiento. Un policía activo no tiene permitido hacer protestas ni sindicalizarse. Al no poder protestar, cada vez que la policía protesta se genera un impacto y visibilidad mayores.
Los docentes, en cambio, al tener más estabilidad en el cargo tienen mayor inmunidad para protestar y poder hacer un paro. Al ver las protestas policiales, gremios docentes no alineados con el oficialismo, que ya venían protestando desde antes, se sumaron al reclamo. En Misiones los docentes tienen muchos sindicatos, está UPDM (que es el gremio mayoritario y oficialista), vinculado a la Renovación, el partido provincial de Carlos Rovira, que gobierna hace ya más de 20 años.
Los gremios docentes no oficialistas se potenciaron cuando se instaló la protesta de la policía, y aumentaron su virulencia. El jueves pasado, con mucha violencia tiraron un triple vallado y rompieron algunos vidrios tras tirar piedras en la Legislatura de la provincia.
Aprovechando la protesta policial, también los trabajadores de la salud plantearon sus reclamos e incluso los trabajadores de prensa hicieron su propia carpa. En un momento también participaron los guardaparques provinciales, que hace poco sancionaron su estatuto. Esto tuvo poca visibilidad en los medios.
¿Puede volver a ocurrir algo similar en Misiones o en otras provincias del interior?
A medida que el ajuste de Milei continúe sin que haya una recuperación económica, puede haber otras protestas salariales importantísimas en Misiones o en cualquier otra provincia. Es un ajuste brutal que afecta el empleo y la capacidad de generar ingresos. El dilema es qué se va a dar primero: si otro estallido social importante como el que vimos en Misiones o la recuperación económica. Ahora el aguinaldo puede representar un pequeño alivio, pero a medida que van pasando los meses las familias pierden la capacidad de lidiar con la reducción de sus ingresos. Los docentes y los policías protestan porque tienen capacidad de hacerlo. En Misiones hay sectores que están mucho peor pero que no tienen capacidad de protesta.
¿Reformular la coparticipación sería la solución de fondo para este problema?
Misiones siempre fue una provincia que se las arregló sin intervención de la Nación. Es una provincia perjudicada por la muy baja coparticipación que recibe, por los acuerdos que la hicieron ceder coparticipación en la década del ’80. Es la provincia del Noreste argentino que menos recursos recibe per cápita, a pesar de ser la más poblada y una de las que más aporta. Según Politikon Chaco, Misiones recibió 67.000 pesos per cápita, contra 152.000 de los formoseños, 113.000 de los chaqueños y 79.000 que recibieron los correntinos.
La coparticipación es el principal ingreso de todas estas provincias, explica entre el 60% y el 80% de sus ingresos. En el caso de Misiones, fue perjudicada por el incumplimiento del mandato constitucional, que con la reforma de 1994 establecía un plazo máximo de dos años para modificar el régimen de coparticipación. Esa reforma nunca se sancionó. Hay provincias perjudicadas y otras beneficiadas por esto, pero nadie quiere mover fichas para cambiarlo. La percepción de los medios porteños sobre la coparticipación y las transferencias discrecionales es muy incorrecta: creen que ambas cosas son una dádiva de Nación y no es así, porque Misiones aporta mucho a la recaudación de impuestos nacionales y hoy recibe muy poco.
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